Organizaciones ilegales están ganando terreno en zonas rurales de La Guajira, comprometiendo la seguridad de las rutas productivas. La vacunación animal, pilar de la sanidad y competitividad ganadera, enfrenta la amenaza de la guerra por el control territorial, una situación que creían superada.

Un vacunador fue obligado a abandonar su labor en la ruta Taparajín–Jojoncito en el municipio de Uribia (La Guajira), tras ser interceptado por grupos armados que le dieron un ultimátum, salir antes de 26 de mayo o enfrentas las consecuencias.

El hecho ocurrió en días pasados mientras se lleva a cabo el actual ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina liderado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), Fondo Nacional del Ganado (FNG) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Según reportes de campo, tres estructuras criminales (el Clan del Golfo, el ELN y el Tren de Aragua) se disputan el control del territorio rural, generando detenciones, inspecciones forzadas e intimidaciones constantes a trabajadores ganaderos. La advertencia fue que tenía plazo hasta el 26 de mayo para abandonar el área.

“Desde el año pasado veíamos presencia de grupos, pero no molestaban. Ahora ya se están enfrentando entre ellos y el vacunador quedó en medio. Teme por su vida”, relató Carlos Murillo*, trabajador del campo en Maicao. (Lea en CONtexto ganadero: Vacunación contra aftosa avanza pese a las lluvias: 1 de cada 5 bovinos ya está protegido)

Este nivel de hostilidad representa una amenaza directa a la continuidad del ciclo de vacunación, una actividad clave para la sanidad animal y el comercio ganadero en la región. Los hechos han sido corroborados por líderes comunitarios, operadores locales y fuentes de seguridad en la zona.

¿Qué hacer ante esta situación?

Ante la gravedad del caso, un equipo del ICA en Maicao dejó constancia formal en un acta el pasado 19 de mayo, y junto con representantes de la OEGA y el líder del proyecto local de Fedegán-FNG en la región, se tomó la decisión de suspender temporalmente las labores en Taparajín.

La medida busca proteger al personal y reestructurar el operativo, priorizando la ruta Jojoncito, donde las condiciones de seguridad son menos críticas. (Lea en CONtexto ganadero: "Lo mataron frente a nosotros": el estremecedor relato de vacunadores en Cesar)

La situación revela una fractura que preocupa, ya que el control territorial que ejercen los grupos ilegales ya no se limita a corredores estratégicos o economías ilícitas, sino que empieza a impactar directamente las actividades licitas esenciales en el campo.

El riesgo no es solo para el vacunador. Si no se logra aplicar el biológico, la salud del hato ganadero también está en juego. Esto puede traducirse en brotes de enfermedades, pérdidas económicas y restricciones comerciales a nivel nacional e internacional.

Además de la suspensión, se planteó mantener comunicación activa con los productores afectados, reprogramar visitas una vez existan garantías mínimas, e incluso permitir el acompañamiento de líderes comunitarios como medida de respaldo. También se ofreció apoyo psicosocial al vacunador, quien se encuentra visiblemente afectado por la amenaza recibida.

La comunidad ganadera observa con preocupación el avance de la violencia rural. El caso de Taparajín podría ser solo una señal de alerta de una problemática donde el conflicto armado vuelve a colocar en riesgo la salud animal, la economía del campo y, sobre todo, la vida de quienes garantizan la sanidad del hato colombiano.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.