Más de 30 asesinatos en los primeros meses de 2026, robos a plena luz del día y denuncias crecientes en el sector rural dibujan un panorama que inquieta a productores, comerciantes y ciudadanos. Mientras la institucionalidad intensifica operativos, la criminalidad sigue avanzando y amenaza con impactar en el sector económico.
En los últimos años, Valledupar atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad. En los primeros meses de 2026 ya se registran 33 homicidios intencionales, en su mayoría bajo la modalidad de sicariato, sumado al aumento de robos a mano armada, amenazas de grupos ilegales y una percepción de miedo instalada en la ciudadanía. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)
Y es que a pesar de las medidas implementadas por las autoridades (operativos, capturas y controles), los resultados no logran contener el avance de la criminalidad. La situación evidencia una brecha preocupante entre la acción institucional y la realidad en las calles y en el campo, donde la inseguridad gana terreno.
El problema no es exclusivamente urbano. De acuerdo con el secretario de Seguridad de Valledupar, Pablo Bonilla, la violencia responde a un contexto regional marcado por la confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, disputa que ha dinamizado delitos como el sicariato, la extorsión y el control de economías ilegales.
En ese escenario, el sector ganadero se posiciona como uno de los más afectados. El abigeato no ha podido ser controlado y, según las autoridades, existe un subregistro del 100% en algunos delitos, lo que indica que la magnitud del problema es mayor a la que reflejan las cifras oficiales.
Grupos organizados
La dinámica criminal en Valledupar no responde únicamente a delincuencia común. Bonilla advirtió que se trata de estructuras organizadas que operan, incluso, desde otras ciudades, donde se planifican extorsiones y se ejecutan homicidios bajo el esquema de sicariato.
Las recientes capturas (11 en una sola operación) evidencian la dimensión de estas redes delincuenciales, pero también dejan la percepción de que su desarticulación es compleja.
La disputa por el control del territorio y las rentas ilegales ha convertido a la ciudad en un punto estratégico dentro de un conflicto más amplio que involucra a varios departamentos del Caribe.
¿Y el campo?
El abigeato sigue siendo uno de los delitos más sensibles, no solo por el robo de animales, sino por la facilidad con la que los responsables recuperan la libertad. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos denuncian más, pero el delito rural no cesa)
El Secretario de Seguridad fue enfático al señalar que muchos de los capturados por este delito regresan a las calles en cuestión de días. Casos de flagrancia, con animales sacrificados o listos para ser robados, no terminan en condenas efectivas, lo que debilita la confianza en el sistema.
Se suma la extorsión, un fenómeno que afecta directamente la rentabilidad del sector. Aunque existen campañas para incentivar la denuncia, muchos productores han optado por el silencio ante la falta de resultados.
¿Qué se está haciendo?
Desde la administración se han implementado acciones concretas como la restricción del parrillero en motocicleta, controles conjuntos con la Policía, incaute de armas y operativos permanentes. Según Bonilla, se realizan en promedio 3,5 capturas diarias por distintos delitos.
También se han fortalecido estrategias contra la extorsión con apoyo del Gaula y se busca controlar la comercialización ilegal de carne mediante procesos de formalización. Sin embargo, estas medidas, aunque visibles, no han sido suficientes para revertir la tendencia.
El propio funcionario reconoce que el mayor obstáculo está en el sistema judicial. A su juicio, la falta de un marco normativo más riguroso permite que los delincuentes no perciban consecuencias reales, lo que convierte la lucha contra el crimen en un esfuerzo repetitivo sin resultados sostenibles.
La sensación por parte de los ciudadanos es que la inseguridad está desbordada. Aunque las autoridades insisten en que Valledupar venía mostrando mejoras en años anteriores, 2026 ha marcado un punto de inflexión. La combinación de crimen organizado, debilidad institucional y delitos sin control efectivo plantea un desafío que va más allá de operativos y capturas.
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