Al menos 37 incidentes violentos sacudieron la campaña contra aftosa durante la última semana de noviembre. Doce de ellos afectaron directamente al sector pecuario, entre robos, estafas y extorsiones. Lo alarmante: amenazas al personal y hurto de vacunas, un golpe doble a la seguridad y al bienestar del hato.

Durante la semana del 24 al 30 de noviembre, el campo colombiano se convirtió en escenario de inseguridad y miedo.

Según un informe del general en retiro y líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, Fernando Murillo, se registraron 37 hechos de violencia en todo el país; 12 de esos incidieron directamente sobre el sector ganadero.

Entre los casos, cinco ocurrieron en medio del ciclo de vacunación animal, lo que pone en jaque la salud del hato y la estabilidad económica de miles de productores. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad rural crece y no distingue regiones: Jaime Camacho, Asogauca)

De acuerdo con el informe, con datos recabados por los FSSP, los incidentes concentrados en zonas rurales tuvieron efectos concretos: en total, 74 reses resultaron afectadas. Los hechos ocurrieron en ocho departamentos, con un pico en Cundinamarca (cuatro casos), y otros en Bolívar, Antioquia, Caquetá, Guajira, Meta, Nariño y Sucre.

Los delitos varían, pues hay seis casos de abigeato, tres de estafa, uno de carneo, uno de hurto, una extorsión y un hecho de orden público.

“Esto ya no es solo un problema de robos, es una estrategia de control territorial sobre el ganado y quien trabaja con él”, afirmó Murillo.

La tipología de los atacantes también reveló una dinámica compleja, ya que seis incidentes son atribuibles a delincuencia común, tres a “otros actores” y al menos dos eventos vinculados a bandas criminales estructuradas.

Ciclo contra aftosa, blanco inesperado

Las cinco alertas sobre vacunación animal que reportó Murillo reflejan distintos niveles de riesgo, desde impedimentos de acceso a zonas rurales (como en ciertas veredas de Ipiales) hasta el hurto de insumos biológicos. Un caso que sobresale ocurrió en Caquetá, donde se denunciaron 350 dosis de biológicos robadas.

Según Murillo, en entrevista con una de las víctimas, las explicaciones sobre la pérdida de las vacunas resultaron poco convincentes, lo que abre serias dudas sobre posibles manejos irregulares o encubrimiento.

Ante el temor de que la extorsión derive en un eventual sabotaje al ciclo sanitario, el comité ganadero del departamento solicitó formalizar la denuncia contra el vacunador y profundizar las investigaciones.

Para evitar nuevos incidentes, los coordinadores del plan nacional han comenzado a enviar piezas informativas diarias a cada vacunador, con la intención de mejorar protocolos de seguridad y sensibilizar sobre la vulnerabilidad del personal en terreno.

El miedo se impone

Más preocupante aún es la denuncia reciente de ganaderos en La Victoria, Valle. Allí, señalaron que un individuo que participó en la campaña de vacunación habría regresado a varias fincas para exigir dinero bajo amenazas. Ante la gravedad del caso, ya se activó comunicación con el Gaula militar, organismo especializado en delitos de extorsión y secuestro.

Este tipo de hechos evidencian que la inseguridad rural no solo se limita al robo de ganado, sino que trasciende hacia una estrategia de intimidación a los trabajadores del campo. La extorsión al personal técnico de salud animal no solo frena el ciclo sanitario, sino que genera zozobra en comunidades rurales que ya viven bajo tensión. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Alerta roja! Productores denuncian una semana marcada por homicidios, secuestros y abigeato)

El impacto es doble, pues por un lado, el abigeato y el hurto afectan directamente el patrimonio del productor, mientras que por otro, la interrupción del ciclo de vacunación expone al hato a enfermedades, con el consecuente riesgo de pérdidas mayores en términos de mortalidad, caída de producción y, en muchos casos, sacrificio forzado de animales.

Para Murillo, este es un llamado urgente a reforzar la seguridad rural, pues si no se garantiza la protección al ganado y a quienes lo cuidan, el campo está condenando a una crisis que ataca la economía rural y la seguridad alimentaria del país.