Dos matanzas, el asesinato de un joven wayú y la amenaza pública de alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocida como ‘Los Pachenca’, retratan un departamento sumergido en el miedo y la zozobra. Mientras crecen las disputas criminales y el comercio se debilita, autoridades regionales advierten que, sin respaldo real de Bogotá, el territorio seguirá cediendo espacio a estructuras ilegales.
La Guajira volvió a despertar bajo la sombra de la violencia en este mes de abril, luego de que un hombre de 26 años fuera asesinado en la comunidad de Kamushian, zona rural de Uribia, apenas horas después de la masacre de cinco personas en el barrio Villa Mery de Maicao y en medio de la difusión de un video en el que alias Naín, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), anunció paro armado y “limpieza social” en el departamento. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)
La secuencia no solo confirma una nueva escalada criminal; también expone que la capacidad institucional local resulta insuficiente frente a una amenaza que ya desborda la respuesta regional y exige intervención urgente del Gobierno nacional.
El homicidio en la comunidad de Kamushian ocurrió cuando la víctima se movilizaba en motocicleta y fue interceptada por hombres armados que le dispararon. Horas antes, en Maicao, un grupo de jóvenes fue atacado indiscriminadamente en pleno espacio público, dejando cinco muertos. Ambos hechos, lejos de ser aislados, confirman una tendencia creciente: la violencia se está consolidando como una dinámica estructural que no suelta a La Guajira.
Misael Velásquez, secretario de Gobierno del departamento, expuso en CONtexto que el problema va más allá de cifras o episodios puntuales. “Hoy en Colombia hay un conflicto distinto”, explicó, al referirse a una violencia fragmentada por múltiples grupos ilegales que se disputan el territorio por economías ilícitas que dependen del narcotráfico y la extorsión. Según su análisis, municipios como Riohacha, Maicao, San Juan y Uribia concentran el mayor número de homicidios y el fortalecimiento de estas estructuras.
El funcionario fue enfático en señalar que las capacidades institucionales actuales no son suficientes. Aseguró que, aunque se han realizado capturas y operativos, la inseguridad está desbordada, con estaciones de policía y centros de reclusión saturados, y limitados en inteligencia, tecnología y personal judicial. “Las capacidades que hoy tenemos en el departamento no son suficientes”, insistió.
Un departamento sin atención nacional
Velásquez también cuestionó la falta de articulación con el Gobierno nacional. Señaló que, pese a los consejos de seguridad y visitas institucionales, no existe una estrategia contundente adaptada a las condiciones del territorio. En su concepto, la política de “paz total” no ha tenido efectos reales en La Guajira.
“En La Guajira no podemos hablar de eso”, afirmó, al advertir que, en lugar de reducción de la violencia, lo que se evidencia es una proliferación de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, los Conquistadores de la Sierra e, incluso, organizaciones transnacionales.
Dicha fragmentación, amplió, ha incrementado delitos como la extorsión, el secuestro exprés y el control territorial.
El funcionario también puso sobre la mesa factores estructurales que agravan la situación, como la frontera con Venezuela y la falta de acuerdos binacionales efectivos. En zonas rurales, donde se desarrolla buena parte de la actividad ganadera y comercial, la inseguridad se traduce en mayores costos, restricciones de movilidad y presión constante de actores ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos denuncian más, pero el delito rural no cesa)
Grupos armados dan órdenes
En medio de este contexto, la difusión de un video de Naín Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el que anuncia un paro armado de tres días y advierte sobre acciones de “limpieza social” en el departamento, tiene sembrado el terror en los habitantes del departamento.
El mensaje, difundido desde un campamento en zona rural de Uribia, incluyó amenazas directas y un llamado a comerciantes para que colaboren, bajo el argumento de que las calles “se mancharán de sangre”. Más allá del contenido, el video evidenció la capacidad de estos grupos para ejercer control, comunicar órdenes y generar temor.
El llamado es que La Guajira necesita que el país vuelva a mirarla y aunque el departamento históricamente ha estado acostumbrado al abandono estatal, la dimensión actual de la crisis no puede seguir enfrentándola en soledad.



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