El delito de la extorsión se ha triplicado en los últimos años, afectando a comerciantes, transportadores y ciudadanos de todas las regiones del país. Expertos alertan que la mayoría de los casos no se denuncian, mientras las cárceles se convierten en centros de operación criminal.

En Colombia, la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana. Según cifras del Ministerio de Defensa, entre 2022 y 2024 se registraron 41.414 casos, un incremento que triplica las denuncias frente a años anteriores. Solo en 2024 se contabilizaron 13.802 casos, la cifra más alta en tres décadas.

Las víctimas se extienden desde los pequeños comerciantes hasta grandes productores, transportadores y ciudadanos del común, muchos de los cuales optan por no denunciar. Expertos en seguridad estiman que solo entre el 25 % y el 30 % de los afectados acude a las autoridades, debido al miedo o la desconfianza en las instituciones.

Total impunidad

Una de las principales preocupaciones radica en el papel que hoy juegan las cárceles dentro de este fenómeno. Diversas investigaciones y denuncias señalan que los centros penitenciarios han dejado de ser espacios de resocialización para convertirse en verdaderas plataformas de operación del crimen organizado, desde donde se coordinan extorsiones, amenazas y fraudes con total impunidad.

La crisis de seguridad se refleja en el crecimiento de estructuras delictivas que operan desde el interior de los penales y afectan tanto a zonas urbanas como rurales, generando un sentimiento generalizado de indefensión. (Lea en CONtexto ganadero: La estrategia del Gaula Militar que combate la extorsión finca por finca)

Impacto social y económico

El tema ha recobrado atención pública con la difusión de materiales audiovisuales que abordan el impacto social y económico de este delito, entre ellos “La extorsión”, una pieza que advierte sobre la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Más allá de las posturas políticas, el fenómeno pone sobre la mesa un desafío urgente: restablecer el control institucional, proteger a las víctimas y devolver la confianza ciudadana en un país donde la extorsión se ha vuelto parte del miedo cotidiano.