Más de 800 productores del norte del departamento de Caldas, sur de Antioquia y occidente antioqueño, agremiados en Asogans, en su celebración de 30 años de actividades, se vieron obligados a reanudar la red de apoyo y cooperación y a unir esfuerzos con las autoridades para contrarrestar la violencia y la inseguridad.

Policía de Carabineros y el gremio se comprometieron ante la inseguridad generada por el abigeato y el carneo de ganado y anunciaron un plan de choque que coordinarán con el Instituto Colombiano Agropecuario y la Fiscalía General de la Nación.

Ganaderos del Cesar se han visto afectados por el robo de ganado en sus fincas, por eso, las autoridades iniciaron allanamientos en carnicerías.

Los productores del municipio de Fonseca en La Guajira están consternados ante la constante presentación del delito de abigeato en sus tierras. Consideran que las autoridades no han hecho el control suficiente para disminuir los niveles de inseguridad en los predios.

Quíndio es un departamento que ha contado con poca inseguridad en el campo, pero que para 2020 ha aumentando el abigeato llegando a superar los niveles que se tuvieron en el año anterior. Productores aseguran que están trabajando con autoridades para controlar este flagelo.

Así lo calificaron los dirigentes gremiales, quienes lamentaron que el presidente Juan Manuel Santos se abstuvo de aprobar la iniciativa legislativa que buscaba endurecer las penas contra los delincuentes que roban semovientes.

Los productores de Buga están enfrentando varias dificultades en su labor, una de estas son los altos niveles de hurto de animales que han ocurrido en lo que va del año, además de la falta de comida por los efectos del verano.

Los ganaderos siguen en la lucha de obtener un marco jurídico que frene el creciente delito del abigeato.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, le solicita al Congreso de la República dar trámite al proyecto de ley que fuera objetado por el Gobierno, mediante el cual se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado y se modifica la Ley 599 de 2000.

Argumenta que la exclusión de beneficios judiciales y administrativos para la los autores del delito de abigeato, resultan altamente inconvenientes porque se incrementan los factores que están generando la persistente violación de los derechos humanos a las personas privadas de libertad.

Durante varios años, los productores del departamento han reclamado mayor atención a estos flagelos, pues aunque las autoridades han actuado en contra de los bandidos, los casos parecen aumentar en lugar de disminuir.