La agotadora propaganda oficial, tan tramposa como la pregunta del plebiscito, en su estrategia de explotar los sentimientos de los colombianos, muestra la opción del NO como un “salto al vacío”, con consignas “pambelianas”, como que “La paz es mejor que la guerra”, cuando no con amenazas de debacle urbana, de 50 años más de violencia, como si se pudiera acabar mañana, y también de haber logrado “el mejor acuerdo posible”, es decir, la última oportunidad. Después de eso… el vacío.

Por allá en la página 191, de las 297 del documento que hoy alboroza a los colombianos, se lee que “para generar confianza y credibilidad” se crea un “Sistema Conjunto de Comunicaciones y Pedagogía del Acuerdo Final”, que incluye una “campaña pedagógica” con una etapa inicial de ¡seis (6) meses!, solo para “comunicar los contenidos del Acuerdo Final”.

No me refiero a la milenaria peregrinación española para visitar los restos del apóstol, sino a Enrique Santiago, abogado español, no tan vistoso como Baltazar, pero quizás por ello más efectivo. Miembro del partido comunista, reconocido penalista y defensor de los derechos humanos, pero a su estilo, es decir, defensor de subversivos en todo el continente, excluyendo los derechos de los humanos víctimas de esos mismos subversivos.

Las manifestaciones callejeras contra las cartillas del ministerio de Educación me recordaron las de febrero de 2008, la mayor expresión popular en la historia nacional. En esa ocasión marcharon casi 4 millones de personas, sin convocatoria gubernamental, sin publicidad agobiante, sin políticos de ocasión, sin buses para recogerlas, sin lechonas, compromisos ni promesas.

El único límite a los sueños es la cruda realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y una corrupción galopante, los Acuerdos de la Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un tremendo conejo para las Farc, o apenas un montaje para pavimentar su camino de reincorporación, impunes, millonarias, con sus tierras, sus malhabidos recursos y sus derechos civiles intactos; listas para entrar a la política colombiana.

Hace unos días deje una constancia ante la Comisión Hemisférica para la Fiebre Aftosa, COHEFA, sobre los riesgos por el desmonte, por cuenta de la persecución a Fedegán y la liquidación del Fondo Nacional del Ganado, FNG, del equipo humano que hizo posible su erradicación en nuestro país.

Desde que el Gobierno les quitó a las Farc su bien ganada condición de amenaza terrorista y las sentó a una mesa, mas no a definir las condiciones que el Estado exigiría para su reinserción, sino a negociar las modificaciones al Estado de Derecho que las Farc exigirían para reincorporarse; las negociaciones quedaron marcadas por una ilegitimidad insubsanable, que terminaría en un verdadero caballo de Troya para minar desde adentro nuestras instituciones.

Asistí a la audiencia en que el juez del concurso dio por terminado el proceso de reorganización de Friogán S.A. y ordenó su liquidación judicial, en medio de una atmósfera dramática, pues estaban en juego el futuro de la empresa, las expectativas de un sector y el empleo de cerca de mil colombianos.

La promesa de valor es un término de la teoría administrativa de planeación estratégica. Dentro de ese contexto es, efectivamente, una “promesa” que debe cumplirse –“lo prometido es deuda”– y los clientes tienen derecho a reclamar su cumplimiento.

O mejor, ¿quién está detrás de la persecución contra todo lo que se relacione, huela o se parezca a Fedegán? Mientras escribo estas líneas vivo el drama de uno de los daños colaterales de esta retaliación oficial sin antecedentes contra un gremio.