Nuevamente, la finca La Sonora es blanco de grupos que, con violencia e intimidación, desconocen el derecho a la propiedad privada. Los ocupantes ilegales cortaron luz e internet y amenazan con apoderarse del ganado. El gremio ganadero exige acciones inmediatas de las autoridades.

En la tercera semana de marzo, el precio de los machos de levante sigue impulsando hacia arriba el valor general del ganado. El kilo de toros cebados subió a un promedio de $8.550, y el de los novillos llegó a $9.521. Las novillas también reportaron aumento.

Marzo cierra con otra violenta invasión en este municipio: al menos 80 personas tomaron por la fuerza la hacienda Las Carmelas. A principios de mes, otro grupo ya había ocupado ilegalmente un predio de Agrosavia en la misma región.

La competitividad de las exportaciones de ganado en pie está en el centro de la discusión. Mientras algunos piden reducir costos para impulsar las exportaciones, otros insisten en que el mercado se regula solo. Factores como la competencia con Brasil, la fluctuación del dólar y el auge de China en la exportación de carne podrían definir el rumbo del negocio en los próximos meses.

El gremio que reúne a las cooperativas lecheras de este municipio reconoció a la subdirectora de Salud y Bienestar Animal por su liderazgo en asistencia técnica y sanidad animal durante su gestión como coordinadora regional de Cundinamarca.

Las autoridades continúan con las operaciones para dar con el paradero de los secuestrados y reforzar la seguridad en la zona.

Campesinos y empresarios buscan llegar a un punto de acuerdo para que ambas actividades puedan desarrollarse en la región. En el mes de mayo se llevará a cabo una nueva jornada de discusión en torno a la problemática.

Colfecar denuncia que el respaldo del Ministerio de Minas a la protesta minera legitima los bloqueos viales que vulneran los derechos de estos trabajadores. El gremio exige al Gobierno garantizar la libre movilidad y el derecho al trabajo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instó a las partes en conflicto a respetar el derecho internacional humanitario y a garantizar la protección de la población civil. Reveló incremento alarmante en uso de explosivos y minas antipersona, así como un aumento del confinamiento, desplazamiento forzado y desapariciones.

La organización hizo un llamado al respeto por la institucionalidad y enfatizó que la independencia de los gremios es una garantía constitucional que no debe ser afectada por decisiones discrecionales del mandatario de turno.