Actualizar el catastro rural es una deuda histórica del Estado y un paso necesario hacia la equidad tributaria. Pero convertir el impuesto predial en herramienta de presión productiva plantea interrogantes constitucionales y económicos que el país no puede eludir. El debate no es si se paga, sino cómo y bajo qué principios.

La actualización catastral en Colombia no admite mayor discusión: durante décadas, la desactualización ha generado inequidades evidentes, erosionando la base fiscal...

El precio en finca no es el precio en la góndola del expendio. Cerrar exportaciones es populismo, no política pública.

Al cierre de 2025, la ganadería colombiana exportó cerca de USD 400 millones en carne, ganado en pie y despojos. Suspender ese flujo no incrementa la oferta interna estructural ni reduce costos de producción. Sí reduce empleo rural, liquidez en finca y confianza inversionista. Pretender que cerrar mercados externos abarata la carne es un argumento polí...

El alza del precio de la carne bovina en Colombia no es abuso ni especulación: es el reflejo de una carne sostenible, competitiva y cada vez más demandada en el mundo. Forzar su abaratamiento hoy implica sacrificar productividad, sostenibilidad y futuro ganadero.

En Colombia se repite, con ligereza, desconocimiento y mala fé en muchos casos, que la carne bovina “se encareció” y que alguien debe intervenir para bajarla. Ese relato ignora una verdad esencial: la carne colombiana está emp...

“Mientras el Gobierno exhibe títulos de propiedad como trofeos sociales, en las regiones producir alimentos cuesta hasta más del 24%, la extorsión opera como un impuesto obligatorio y la tierra entregada sin seguridad queda bajo control criminal. No es reforma agraria: es una operación electoral rumbo a 2026 que reparte parcelas, pero transfiere soberanía y condena al campesino a la quiebra”.

A medida que el calendario electoral de 2026 se estrecha, el Gobierno ha acelerado una maratón...

Mientras la política insiste en repartir tierra como consigna ideológica, el campo colombiano se hunde entre informalidad, baja productividad y pérdida de mercados. Sin propiedad protegida, sin agua, sin tecnología y sin autoridad, no hay soberanía alimentaria posible.

Esta columna interpela directamente a los candidatos de centro y derecha —y en especial a Abelardo de la Espriella— a asumir una verdad incómoda: el agro no es una causa social, es una empresa estratégica que exige gobie...

La imposición de cuotas y aranceles a los grandes exportadores de carne en Sudamérica deja a Colombia en una posición privilegiada ante China. La oportunidad es histórica: tenemos hato, tenemos sostenibilidad y tenemos reputación. Ahora necesitamos trazabilidad plena, genética dirigida a carne, institucionalidad alineada y decisión del sector ganadero para asumir el rol que el mundo nos está ofreciendo.

El inicio de 2026 trae un remezón en el tablero mundial de la c...

La seguridad jurídica es la columna vertebral del Estado de Derecho. Cuando el propio Estado desconoce sentencias judiciales en firme que legalizaron predios rurales, no corrige un error histórico: lo traslada al ciudadano, rompe la confianza legítima y erosiona la propiedad rural.

Colombia cierra 2025 con una crisis profunda y deliberadamente subestimada: la ruptura de la seguridad jurídica en el campo. Miles de predios rurales, legalizados mediante sentencias judiciales ejecutoriadas...

Mientras el Gobierno insiste en ampliar su control sobre la tierra bajo el discurso del “ordenamiento social de la propiedad”, los datos muestran que el agro produce, crece y exporta a pesar del Estado, no gracias a él. La función social de la propiedad no autoriza al Gobierno a dirigir la economía rural, y los hechos económicos, jurídicos y productivos revelan que el verdadero problema no es la redistribución, sino la inseguridad, la falta de crédito y la obsesión centralista por controlar l...

Mientras el Gobierno Petro insiste en recitar discursos de “poder popular”, el campo real —el que produce, madruga y arriesga— enfrenta recortes históricos, improvisación jurídica y una expansión criminal sin precedentes. Los hechos no mienten: la política rural de este Gobierno es un fracaso estructural.

A esta altura del partido, ya no se trata de interpretaciones ni de discursos oficiales: se trata de hechos concretos y medibles. Esta semana quedó claro —otra vez— que el Gobierno Pe...

En Colombia el campo produce, trabaja y resiste… mientras en Bogotá siguen diseñando leyes que, en lugar de proteger al productor, abren la puerta a debilitar la propiedad privada. Ese es el caso de la llamada Jurisdicción Agraria y Rural: un proyecto que el Gobierno presentó como la “solución histórica a los conflictos de tierras”, pero que hoy —a pesar del ruido político— sigue empantanado, incompleto y sin posibilidad real de ponerse en marcha.-

Muchos celebraron como “hecho consuma...