Metas en materia de riego al 2022

En el Plan Nacional de Riego del gobierno del presidente Iván Duque se contempla alcanzar 60.269 hectáreas con riego.

Una prueba de ello son los recientes anuncios del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, en el sentido de expedir la Resolución 091 de 2020, por medio de la cual a cual se adopta el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (PNRECFC) que le apuesta a rehabilitar 958 hectáreas de distritos de pequeña escala y a dotar con infraestructura de riego intrapredial a 5.910 hectáreas, desde el presente año hasta el 2022. (Lea: Gobierno adelantará Plan de Riego para impulsar la economía familiar campesina)

No obstante, cabe recordar la alerta lanzada a comienzos del año por la Contraloría General de la República en el sentido del incumplimiento de los objetivos y requerimientos para la terminación y puesta en marcha de los distritos de riego de Ranchería, Tesalia-Paicol y Triángulo del Tolima que son los tres más grandes del país y que son 50.000 hectáreas.

Ahora el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), con el propósito de impulsar el desarrollo de la agricultura familiar y la economía campesina, llevará a cabo un plan de riego y drenaje en zonas donde se desarrolla esta modalidad productiva, para garantizar el acceso al agua de pequeños productores, con un presupuesto de $1,57 billones a 11 años. (Lea: ¿Cómo está Colombia en materia de riego?)

Las inversiones requeridas para lograr esta meta a 2022 representan algo más de $100.000 millones, “con este plan de riego, nos proponemos incrementar la productividad agropecuaria y promover el desarrollo rural integral en las zonas donde se llevan a cabo esas pequeñas unidades familiares campesinas”, agregó, al tiempo que resaltó que se busca impulsar la asociatividad campesina, priorizando proyectos en los que participen entre 50, 100 y  150 pequeños productores.

El plan, que será ejecutado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), contempla la posibilidad de presentar Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), con un componente principal de adecuación de tierras. (Lea: Se recuperarán y pondrán en marcha tres grandes distritos de riego)

La agricultura consume el 43,1 % del total de la demanda de agua en Colombia de acuerdo con estimados del IDEAM y representa el 6,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el DANE para el mismo año. Así mismo, se estima que es una de las principales fuentes de ingreso en zonas con agricultura campesina, familiar y comunitaria, que sin embargo, el acceso a sistemas de riego en estas zonas equivale apenas a un 28 %. (Lea: Gobierno adelantará Plan de Riego para impulsar la economía familiar campesina)

Las inversiones del Plan se direccionarán a incrementar la oferta de soluciones alternativas de riego intrapredial que promuevan el uso eficiente del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático. Así mismo, se busca aumentar la superficie de irrigación a través de distritos de pequeña escala y realizar acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los existentes, además de promover la asociatividad, la asistencia técnica en materia de riego y las prácticas adecuadas en el uso eficiente del agua y el suelo.

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) de 17 millones de hectáreas con potencial de riego, apenas un millón lo tienen y, además, muchos proyectos se rezagan al no poder garantizar su sostenibilidad y funcionamiento. En comparación con otros países, Colombia está en clara desventaja. Mientras México hace casi ocho años contaba con una cobertura de 66 % sobre su potencial, la de nuestro país es de apenas 7 %, más baja que la de Perú, Argentina, Brasil y Chile.

Felipe Fonseca, director de la UPRA, señaló que la adecuación de tierras debe verse como un medio y no como un fin para el desarrollo agropecuario, que debe ir acompañada de asistencia técnica, innovación, comercialización o acceso a mercados, el ordenamiento y la formalización de la propiedad y, en general, bienes y servicios públicos, como la infraestructura vial.