La apuesta por proveer carne de manera formal a las regiones quedó lejos de consolidarse como una política nacional. Fedegán advierte que la falta de financiación, coordinación institucional y sostenibilidad mantiene abierto el camino para la informalidad y plantea una nueva hoja de ruta para el próximo gobierno.

Cuando el Gobierno Nacional planteó entre 2022 y 2026 la reapertura y el fortalecimiento de plantas de sacrificio bovino y bufalino para consumo local, el objetivo era mejorar la seguridad alimentaria, reducir el sacrificio clandestino y acercar carne formal a municipios donde el acceso seguía siendo limitado. Sin embargo, al cierre del periodo, Fedegán concluye que esa estrategia no logró materializarse de manera efectiva y que los problemas estructurales siguen afectando tanto a productores como a consumidores rurales. (Lea en CONtexto ganadero: Las cuentas del gobierno Petro con la ganadería y el agro: comienza el análisis del informe que marca hoja de ruta para el próximo cuatrienio)

La propuesta buscaba flexibilizar algunos requisitos para que plantas de menor escala pudieran operar bajo estándares sanitarios básicos, sin las exigencias de los grandes frigoríficos. Con ello también se esperaba reducir los costos de transporte de animales, fortalecer las economías regionales y mejorar el control sanitario de la carne destinada al consumo local, cerrándole el paso a canales de comercialización informales o ilegales.

El balance elaborado por Fedegán en el documento Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero concluye que esa intención no logró consolidarse como una política efectiva en el territorio.

"No se ha logrado una materialización efectiva a nivel nacional. Aunque ha existido la intención de fortalecer el sacrificio local como alternativa para reducir el sacrificio clandestino y mejorar el acceso al consumo de carne en zonas rurales, la iniciativa no ha avanzado de forma concreta en su implementación", expuso el documento.

Modelo sin condiciones

Fedegán atribuye ese resultado a varios factores que limitaron el desarrollo de las plantas de sacrificio para consumo local: la falta de recursos para adecuar la infraestructura, especialmente en municipios pequeños, las exigencias sanitarias que muchas plantas no lograron cumplir y la baja viabilidad económica en zonas con poco volumen de sacrificio.

"Esto se debe principalmente a limitaciones en financiación, dificultades para cumplir los requisitos sanitarios exigidos, falta de sostenibilidad operativa de las plantas en municipios pequeños y problemas de articulación entre entidades territoriales y autoridades sanitarias", sostuvo el documento.

La informalidad

La ausencia de una red funcional de plantas locales no solo afecta la oferta formal de carne. También crea condiciones para que continúe creciendo el sacrificio clandestino, uno de los fenómenos que más preocupa al sector ganadero.

"El sacrificio clandestino ha desbordado todas las capacidades institucionales. Hoy la disminución del sacrificio formal es realmente dramática y cerca del 45 % de la carne que se consume en Colombia puede ser de origen clandestino", advirtió Roberto Bruce, director jurídico de Fedegán-FNG. (Lea en CONtexto ganadero: Fedegán: las promesas contra el contrabando y el sacrificio clandestino que no se cumplieron)

Además del riesgo sanitario, Bruce explicó que esta práctica también limita los recursos destinados a programas de beneficio para los productores.

"Afrontamos dificultades como el sacrificio clandestino y el sacrificio ilegal, además de plantas obligadas a recaudar recursos parafiscales que muchas veces no los transfieren, afectando la financiación de programas para la ganadería", afirmó.

Más que instalaciones

Para Fedegán, el siguiente gobierno no debería limitarse a reactivar plantas de sacrificio. La propuesta consiste en replantear completamente la estrategia para hacerla viable desde el punto de vista económico y territorial.

"Replantear la estrategia de plantas de sacrificio para consumo local con un enfoque más realista y territorial, asegurando primero la viabilidad económica y operativa en los municipios donde se pretenda implementar", planteó el dirigente gremial.

En ese contexto, Bruce anunció que el gremio propondrá endurecer las sanciones contra quienes promuevan el sacrificio ilegal, como parte de una política integral para recuperar la formalidad del sector.

"Queremos que el sacrificio clandestino se convierta en un delito autónomo y que exista una política pública seria y concertada para combatir este fenómeno. Solo así podremos recuperar la formalidad y fortalecer el recaudo que financia programas sanitarios y de desarrollo para toda la cadena ganadera", concluyó.