Lafaurie habla sobre reporte anual antidrogas del Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con la ONU, en 2020 Colombia tenía 143.000 hectáreas de coca, 204.000 en 2021, 230.000 en 2022 y la tendencia no parece cambiar. Esto coincide con el Reporte Anual sobre Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU. que mostró el aumento continuado de los cultivos ilícitos y la necesidad, para detener ese rumbo, de fortalecer la seguridad y emprender políticas sostenidas de desarrollo rural.

Así lo reveló José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, en su columna semanal publicada en CONtexto ganadero, Seguridad: ¿Para dónde vamos?, quien agregó que esta situación tiene al país “en medio de una ola de violencia generada por grupos armados ilegales de toda laya, sometiendo a la población y enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas”.

En el documento del Departamento de Estado de EE. UU. se indica que el Gobierno colombiano menospreció la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, lo cual generó una caída del 70 %, con apenas 20.000 hectáreas en 2023.

Y agregó “que no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación de alto nivel para su implementación, sobre todo en territorios con débil presencia institucional”.

La paz pasa por la recuperación del campo

El dirigente gremial indicó que en la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) están de acuerdo con el Departamento de Estado en el sentido que es necesario fortalecer la seguridad y emprender políticas sostenidas de desarrollo rural ya que coinciden con su consigna “La paz pasa por la recuperación del campo”.

A renglón seguido, reiteró la importancia de la estrategia de seguridad de Fedegán que tiene los dos componentes mencionados por el Departamento de Estado: fortalecimiento de la seguridad y desarrollo rural.

También insistió en lo que NO son los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz:

• No son una novedad, pues ya existen más de 33.000 en todo el país como parte de una política de vieja data de la Policía Nacional.

• No son la resurrección de las Convivir, pues respetan el monopolio de las armas en cabeza del Estado y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, a partir de tecnologías de información y comunicaciones (cámaras, drones y botones de pánico).

• No se limitan a una colaboración esporádica con la Fuerza Pública, sino a la articulación cercana con las autoridades locales civiles y militares, es decir, también con el alcalde, el personero, el fiscal y el juez.

• No son solamente de ganaderos, sino ojalá de todos los sectores agropecuarios y actividades rurales: comercio, transporte, vecindad veredal, etc., razón por la que presenté la iniciativa al Consejo Gremial Nacional.

También expresó lo que SÍ son: son un asunto de igualdad. “Si los Frentes de Seguridad urbanos son calificados de legítima colaboración con las autoridades, ¿por qué los rurales son tildados de paramilitarismo?”, afirmó en su columna titulada “Seguridad: ¿Para dónde vamos?”.

Y concluyó: solo cuando Colombia abandone la estigmatización y los odios infundados, podrá avanzar en el camino hacia la paz.