FARC denuncia acoso policial pero reitera fe en diálogo de paz

"Quiero decirles que estamos trabajado duro por la paz", dijo a la prensa el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, a su llegada al Palacio de las Convenciones de La Habana para la reunión a puertas cerradas con la delegación del gobierno, cuyos miembros no formularon declaraciones a la prensa.

"Tenemos una fe inmensa, profunda en la capacidad de movilización del pueblo de Colombia para lograr la paz que tanto anhelamos, que tanto deseamos todos", agregó Márquez.

A continuación la guerrillera Viviana Hernández leyó ante la prensa un comunicado denunciando que policías colombianos "disfrazados de civiles" han hostigado a la familia de una guerrillera para que les revele el paradero de Francisco González, jefe del bloque occidental de las comunistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

"Integrantes de la policía, disfrazados de civil, están presionando a la familia de la guerrillera Mireya (...) con judicializar y arrebatarles la custodia de los hijos menores de edad, en caso de que no delaten o den información de la ubicación geográfica del comandante Francisco González", dijo.

Los delegados del gobierno, encabezados por el ex vicepresidente colombiano Humberto de la Calle, llegaron al Palacio de las Convenciones mientras Hernández leía el comunicado, por lo que esperaron un momento en los automóviles, antes de ingresar al edificio apresuradamente sin hablar con la prensa.

En esta tercera jornada de diálogo las partes deben seguir discutiendo el complicado tema agrario, que dio origen al conflicto armado en Colombia hace casi medio siglo.

La agenda incluye otros cuatro puntos: drogas ilícitas, participación política, abandono de las armas y reparación a las víctimas.

Ninguna de las partes ha divulgado detalles de los temas que han sido discutidos en estas conversaciones a puertas cerradas, que en su primera etapa se prolongarán hasta el miércoles de la semana próxima.

Desde el martes rige un alto al fuego unilateral de dos meses decretado por las FARC, al que no se sumó el gobierno de Juan Manuel Santos.