Liberación de la primera línea genera rechazo

La decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la libertad de miembros de la denominada ‘primera línea’, pasando por encima de decisiones judiciales y de la negativa que ya le había dado el Congreso, crea un mal precedente en el país.

La decisión  de Gustavo Petro de dejar en libertad a a personas detenidas por cometer graves delitos y nombrarlos como gestores de Paz cayó como un baldado de agua fría señala una nota de la revista Semana, por tratarse de personas que fueron detenidas por cometer graves delitos en medio del paro nacional.

Ya el gobierno había explorado la posibilidad de hacerlo a través de una ley en el Congreso que frustró la promesa de campaña del mandatario,por la misma razón: estaban presos por decisiones de los jueces amparadas en contundentes pruebas.

Sin embargo Petro decidió pasar por encima esas negativas y, de un plumazo, devolverlos a las calles a través de un Decreto

El informe de la Fiscalía

La Fiscalía General señala en un informe, que 171 integrantes de estos grupos lideraron violentas jornadas de protesta y promovieron ataques contra la fuerza pública y la infraestructura, a los que les han sido imputados por graves delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, violencia contra servidor público, tráfico de drogas, lanzamiento de sustancias peligrosas y daño en bien ajeno, entre muchos otros.

El propio fiscal Francisco Barbosa explicó que todos ellos están presos por cosas que nada tienen que ver con la protesta social. “Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”. (Lea: El paro hizo más mella en el sacrificio bovino que la pandemia)

Según el funcionario “no es posible ni ‘amnistiar’ ni indultar a ninguna persona que ha cometido delitos comunes. Los gestores de paz se dan en el marco de organizaciones criminales, y esos grupos lo que hicieron fue desestabilizar las protestas pacíficas del año pasado”.

Añadió que “el Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello afirmó que “corresponde a los jueces decidir sobre la privación legal de la libertad y, así mismo, sobre la liberación de los detenidos y condenados en todos los casos. La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias. El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”.

Entre tanto, el director de la Corporación Excelencia por la Justicia, Hernando Herrera, la calificó como una “intromisión indebida en los procesos judiciales”, asegurando que se comete un gran error al poner en tela de juicio las actuaciones adelantadas por la Policía, la Fiscalía y los jueces de control de garantías al identificar, capturar y cobijar con medidas privativas de la libertad a aquellos que promovieron el caos y la destrucción durante las protestas.

El constitucionalista Juan Manuel Charry aseveró que la propuesta, además de indebida, es totalmente “desproporcionada e irrazonable, afecta gravemente la eficacia en la administración de justicia y se obvian por completo los principios legales y constitucionales frente a la figura de un gestor de paz. La política de paz total no debe transformarse en interferencias indebidas a la Rama Judicial, para otorgar otros privilegios a bases ni simpatizantes políticos”. (Lea: Bloqueos dejan 1,8 millones de empleos rurales en riesgo y pérdidas cercanas a los $3,6 billones en el agro)

A su vez el concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos, manifestó que “desde el pasado 7 de agosto, ha venido siendo costumbre en Colombia que el poder presidencial, por primera vez en la historia del país y quizá del continente, utilice todas las herramientas del Estado para privilegiar a los criminales y castigar a los honestos. Por ejemplo, aquí tenemos un ministro de Defensa que, ante una masacre que dejó seis militares muertos a manos de las Farc, echó toda la culpa a los altos mandos del Ejército y no tuvo media sílaba para condenar a los guerrilleros. Es la misma lógica que impera en la anunciada liberación de los cientos de presos de la primera línea para antes de Noche Buena: a toda costa, premiar al criminal si es de izquierda”.

Añadió que “Petro ha intentado, por todos los medios desesperados, la liberación de estos presuntos delincuentes: indultos y amnistías han fracasado en su trámite Legislativo, por lo que la última opción es retorcer la ley y declarar a los presos como gestores de paz”.

Cabe recordar que el presidente firmó el Decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.

Allí se crea una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre pero solo podrá “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Sin embargo la decisión de los delincuentes que serán liberados la toma el propio Petro,