En diálogo con CONtexto cuestionó el rumbo del actual gobierno frente al sector rural y advirtió sobre un creciente distanciamiento con los productores. Aseguró que las decisiones recientes generan protestas como las que se presentan desde el pasado 9 de abril, incertidumbre y un deterioro que podría escalar si no se corrige el enfoque.

Los bloqueos viales, las protestas de ganaderos y el creciente malestar en distintas regiones del país por cuenta del malestar causado por el alza indiscriminada del impuesto predial, han vuelto a poner en el centro del debate la situación del campo colombiano.

Bajo esta realidad, el exministro de Agricultura Juan Gonzalo Botero analizó en CONtexto los factores que están detrás de la inconformidad rural, señalando decisiones recientes en materia fiscal y el deterioro del orden público como elementos determinantes en la coyuntura actual, además de lanzar duras críticas al manejo del sector agropecuario por parte del gobierno nacional. (Lea en CONtexto ganadero: De 100 a 2.800 millones: el avalúo que tiene contra las cuerdas a ganaderos en Colombia)

Para Botero, el ajuste en los avalúos catastrales, impulsado a través de disposiciones oficiales, se ha convertido en un golpe directo al bolsillo de los productores. Aunque reconoce que el país tenía un rezago en la actualización de estos valores, advirtió que la forma en que se está implementando ha sido “indiscriminada” y carente de gradualidad.

El resultado, explicó, es un incremento significativo en el impuesto predial, que en muchos casos supera la capacidad de pago de los propietarios rurales. “Esto está generando una crisis de pago a nivel nacional”, aseguró.

El problema no se limita a un mayor impuesto, pues según su análisis, el aumento en el avalúo también eleva el patrimonio declarado del productor, lo que deriva en una mayor carga tributaria. Esta combinación, en su concepto, termina desvalorizando la tierra en términos reales y deteriorando la sostenibilidad económica de las fincas.

Botero calificó el fenómeno como una “expropiación disfrazada”, al considerar que muchos productores se ven obligados a vender sus tierras ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. “El perjuicio es para todos, desde pequeños hasta grandes”, aseguró.

Incrementos desproporcionados

Uno de los puntos más críticos señalados por el exministro es la magnitud de los aumentos. De acuerdo con su denuncia, en algunas regiones del país se han registrado incrementos de hasta 2000%, lo que considera completamente desproporcionado.

Desde su perspectiva, el camino adecuado habría sido una actualización gradual, acompañada de estudios técnicos sobre la productividad de la tierra. En ese sentido, propuso un esquema diferenciado que tenga en cuenta la calidad del suelo y el uso productivo, favoreciendo a quienes realmente generan valor en el campo.

“La actualización se hizo sin criterios técnicos suficientes, lo que terminó asfixiando al productor rural”, sostuvo. (Lea en CONtexto ganadero: Bloqueos por alza del catastro ahogan economía: pérdidas millonarias y presión sobre abastecimiento de alimentos)

Tensión política y ruptura de confianza

El malestar en las zonas rurales no solo se refleja en cifras económicas, sino también en la calle. Las recientes protestas, bloqueos y manifestaciones evidencian un creciente distanciamiento entre los productores y las decisiones institucionales.

El exministro lanzó cuestionamientos directos al manejo político de la coyuntura. “El gobierno está afectando la legítima protesta de los productores, calificándola según su conveniencia política. Cuando las manifestaciones vienen de sectores afines, son válidas; cuando no, se estigmatizan”, afirmó.

Además advirtió sobre una ruptura en la relación entre el Estado y el campo, pues “este es un gobierno que no escucha, que actúa con soberbia y que está promoviendo divisiones en el campo, cuando lo que se necesita es que pequeños, medianos y grandes productores trabajen de la mano”.

¿Y la seguridad rural?

A la presión fiscal se suma un deterioro en las condiciones de seguridad. Botero describió un panorama marcado por secuestros, extorsiones, invasiones de tierras y robo de ganado, situaciones que, según afirmó, se han vuelto recurrentes en varias zonas del país. (Lea en CONtexto ganadero: En apenas horas, ataques a fincas lecheras dejaron millonarias pérdidas en Nariño)

Resaltó casos recientes como el secuestro del ganadero Jesús Emiro Vergel en Aguachica y denuncias de cobros ilegales a productores de leche en regiones como el sur de Bolívar. “Hoy muchos productores tienen que pagar ‘impuestos’ a grupos armados por poder trabajar”, indicó.

También alertó sobre la expansión del abigeato y las invasiones. A su juicio, estas condiciones generan un ambiente de incertidumbre que desincentiva la inversión.

Menos inversión y caída de productividad

El impacto combinado de ambas problemáticas ya se refleja en la dinámica del sector. Botero advirtió que muchos productores han frenado proyectos o incluso han dejado de acudir a sus predios por temor a la inseguridad.

“Cuando el productor no puede ir a su tierra, la producción cae”, explicó, al tiempo que señaló una reducción en los ingresos y un aumento de costos asociados a la criminalidad.

Este escenario, según su análisis, conduce a una pérdida de rentabilidad que puede derivar en quiebras.

Por lo anterior, Botero recalcó que el crecimiento reciente del agro ha dependido en gran medida del esfuerzo del sector privado, pero que ese impulso comienza a debilitarse ante el entorno adverso. La combinación de alta carga tributaria, inseguridad y falta de incentivos tiene frenando nuevas inversiones y reducida la capacidad productiva.

En este contexto, insistió en la necesidad de un cambio de enfoque que permita recuperar la confianza de los productores. De lo contrario, el país podría enfrentar un retroceso en su desarrollo agropecuario, con implicaciones directas sobre el empleo rural, la competitividad y la seguridad alimentaria.