A las bandas que antes operaban en zonas puntuales del norte del departamento se sumaron estructuras de mayor alcance como el Clan del Golfo, el ELN, la Jaime Martínez, el frente 57 y la Nueva Marquetalia. La advertencia del diputado Rafael Rodríguez apunta a un costo cada vez más alto para el agro, la inversión y la vida cotidiana si no hay una reacción contundente del Estado.

El Valle del Cauca atraviesa en 2026 uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de orden público. Con 2.325 homicidios reportados en el departamento, 26 de sus 42 municipios afectados por presencia y dominio de grupos armados, así como varios de sus corredores rurales sometidos por la extorsión, reclutamiento y disputa territorial, la crisis dejó de ser una percepción y pasó a ser una realidad que golpea la producción, la movilidad y la estabilidad social.

En esa premisa coincide el diputado Rafael Rodríguez, quien sostuvo en CONtexto que la seguridad se salió de control y que la respuesta institucional no ha estado a la altura. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

La gravedad del panorama, según el dirigente, no solo radica en el aumento de los delitos, sino en la expansión simultánea de distintas organizaciones ilegales. A las bandas que antes operaban en zonas puntuales del norte del departamento se sumaron estructuras de mayor alcance como el Clan del Golfo, el ELN, la Jaime Martínez, el frente 57 y la Nueva Marquetalia.

Para Rodríguez, esa multiplicación de actores armados explica buena parte del deterioro: más que una disputa aislada, hoy existe una ocupación fragmentada del territorio con alianzas criminales, enfrentamientos y economías ilegales compartidas.

Y es que el Valle del Cauca se convirtió en una pieza estratégica para el narcotráfico y otras rentas ilícitas, mientras el Estado pierde capacidad real de control en zonas decisivas. La ubicación geográfica del departamento, con salida al Pacífico por Buenaventura, cercanía con el Chocó, conexión con Tolima y vecindad con el norte del Cauca, ha consolidado corredores que resultan vitales para el transporte de droga, armas y dinero.

El diputado hizo un cuestionamiento frontal a la política de Paz Total. Rodríguez no solo la considera insuficiente, sino contraproducente frente a la realidad regional. “No solamente ha fracasado, sino que se convirtió en una política de seguridad fallida: no hay un solo fusil entregado, no hay un solo grupo armado desmovilizado y lo que hemos visto es el fortalecimiento de estas estructuras”, advirtió, insistiendo en que la estrategia terminó generando condiciones de impunidad.

Territorios sitiados

Uno de los casos más sensibles es Jamundí. Aunque en el casco urbano persiste una relativa normalidad, la zona rural vive otra realidad. Allí, dijo Rodríguez, los grupos armados ejercen autoridad, restringen la movilidad de los campesinos, reclutan menores y presionan a empresarios y ganaderos con el cobro de vacunas.

Para el sector ganadero, esa realidad significa sobrecostos, temor y menor inversión. Un productor que debe destinar recursos al pago de extorsiones, reforzar transporte, limitar horarios o abandonar predios deja de invertir en genética, alimentación, infraestructura y empleo.

Además, el diputado ubicó otro factor de presión en el corredor entre Jamundí y el norte del Cauca, donde asegura que existen más de 1.600 hectáreas de coca sembradas. A lo anterior agregó rutas sobre cordillera y zonas de difícil acceso que facilitan el narcotráfico, la minería ilegal y el movimiento de insumos. En esas áreas, sostuvo, los grupos armados cuentan con recursos millonarios que desbordan la capacidad de reacción de las autoridades locales.

Reclamo al Estado

Rodríguez insistió en que alcaldías y Gobernación hacen esfuerzos, pero consideró insuficiente cualquier intento regional sin respaldo del Gobierno Nacional. Su reclamo radica en que el Valle del Cauca se siente solo frente a una amenaza que supera los presupuestos locales. Por eso pide más fuerza pública, decisiones de choque y articulación institucional.

En un departamento con vocación agroindustrial, turística y logística, la seguridad dejó de ser una demanda secundaria. Se volvió la condición mínima para sostener empleo, inversión y permanencia en el territorio. Sin esa garantía, el riesgo no es solo el aumento de la violencia, sino la consolidación de un modelo donde producir en el campo dependa más de negociar con el miedo que de trabajar la tierra. (Lea en CONtexto ganadero: Jamundí bajo amenaza: Senador Carlos Motoa denuncia que la Paz total dejó vía libre al crimen)