Dos hechos recientes (un atentado contra la Policía en Arauca y el secuestro de menores en el Valle del Cauca) reactivan alertas sobre el control territorial de grupos armados y el impacto de decisiones de política pública como la Paz total. Según la Defensoría del Pueblo cerca del 70% de los municipios del país presentan presencia de estructuras criminales.

Un ataque contra una caravana de la Policía en Saravena, Arauca, que dejó ocho uniformados heridos, y el presunto secuestro de cuatro menores en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, ocurrido en los últimos días, vuelven a poner en el centro del debate la situación de orden público en Colombia, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad en regiones estratégicas. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

En Saravena, el atentado se registró el domingo 19 de abril hacia las 5:00 p.m., cuando un dispositivo policial regresaba a la estación tras una actividad en una institución educativa. De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado en medio de un enfrentamiento armado entre los barrios La Esperanza y Cofavi, dejando también a una civil herida. Las autoridades investigan y una de las hipótesis apunta a la posible participación del ELN.

En paralelo, en el corregimiento de Villa Paz, en Jamundí, Valle del Cauca, versiones de la comunidad señalan que presuntos integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc habrían ingresado a la zona, intimidado a la población y, al parecer, secuestrado a cuatro menores de edad, cuyos paraderos aún se desconocen.

Más allá de la gravedad de ambos hechos, distintas voces advierten que estos episodios no serían aislados, sino parte de un patrón que refleja un deterioro progresivo del orden público, con presencia sostenida de grupos armados en territorios estratégicos y una creciente capacidad operativa en zonas rurales.

El debate sobre la ineficacia de la política de ‘Paz total’ vuelve a tomar fuerza. Para el senador Carlos Fernando Motoa, lo que ocurre en Jamundí “es el reflejo de lo que viene ocurriendo a nivel nacional”, y advirtió que esta estrategia “ha beneficiado a los criminales que se han adueñado de territorios”, al tiempo que limita la acción coercitiva del Estado frente a estructuras ilegales, por eso el senador lo ha catalogado como “Impunidad total”.

Cifras que alertan

Desde distintos sectores se ha advertido sobre una expansión territorial de grupos armados. De acuerdo con cifras citadas por Motoa, la Defensoría del Pueblo ha señalado que cerca del 70% de los municipios del país presentan presencia de estructuras criminales, lo que refuerza la percepción de una cobertura cada vez más amplia.

Motoa también alertó sobre la consolidación de corredores estratégicos bajo control de grupos armados, especialmente en el suroccidente del país. “Las disidencias han construido infraestructura, controlan rutas y financian su operación con economías ilegales como la minería y los cultivos ilícitos”, explicó.

En esa misma línea, advirtió que Jamundí se ha convertido en un punto clave de operación criminal, donde (según sus denuncias) no solo hay presencia armada, sino también prácticas como secuestros, uso de drones para ataques y control sobre la movilidad en zonas rurales. “Allá no existe Estado”, sentenció.

Voces de rechazo

El ataque en Arauca y el caso de Jamundí coinciden con la persistencia de actores armados con capacidad ofensiva y control territorial. En el primer caso, la acción contra la Fuerza Pública evidencia que estructuras ilegales mantienen capacidad de confrontación; en el segundo, el presunto secuestro de menores sugiere dominio territorial y control social en zonas rurales. (Lea en CONtexto ganadero: Investigan masacre en Casanare: ofrecen recompensa por ataque a cinco campesinos en Villanueva)

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó el atentado en Saravena y aseguró: “Condeno con la mayor firmeza el cobarde ataque que dejó a una ciudadana y a ocho de nuestros policías heridos. Este crimen atenta contra todo un país (…) No habrá impunidad”.

Por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia expresó que “vamos a perseguir a estos criminales sin descanso, hasta llevarlos a la cárcel, y que no quede uno solo amenazando a nuestra gente”.

Mientras avanzan las investigaciones por los hechos en Arauca y Valle del Cauca, el país enfrenta un debate de fondo sobre el rumbo de su política de seguridad. Para algunos sectores, los recientes episodios evidencian la necesidad de ajustes urgentes; para otros, forman parte de una transición compleja en la búsqueda de soluciones al conflicto.