El aumento de combates en zonas pobladas, el uso de drones con explosivos y la presencia de minas antipersonales están dejando comunidades encerradas, familias desplazadas y escuelas vacías. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), advierte que la población civil vuelve a pagar el costo más alto de una confrontación que se degrada y se vuelve más difícil de contener.

Colombia cerró 2025 con una de las alertas humanitarias más graves de los últimos años: más de 176.000 personas confinadas, 235.619 desplazadas individualmente, 87.069 víctimas de desplazamientos masivos y 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La crisis golpea con especial fuerza a territorios como Norte de Santander, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, donde los enfrentamientos armados se intensificaron en zonas pobladas, cerca de viviendas, escuelas, cultivos e infraestructuras civiles.

Pero la gravedad no está solo en las cifras. El informe revela el regreso de dinámicas propias de los peores años del conflicto armado con comunidades encerradas durante horas o días, familias obligadas a abandonar sus territorios, cuerpos sin recuperar por las hostilidades, docentes que huyen para salvar su vida y niños que pierden la escuela como espacio de protección.

Para el analista de seguridad y defensa del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria Román Ortiz, este deterioro responde a que el Estado colombiano perdió capacidad para controlar sectores relevantes del territorio, especialmente en zonas fronterizas como Catatumbo y Nariño.

En esos espacios, explicó, los grupos armados ilegales han consolidado presencia y capacidad para imponer reglas sobre la población

Ortiz advirtió que las cifras actuales recuerdan los momentos más críticos del conflicto armado en Colombia. “Para encontrar una cifra superior a la de secuestros extorsivos registrada en 2025 hay que retroceder hasta 2004. Y para hallar un número similar de víctimas de masacres u homicidios colectivos también hay que devolverse dos décadas”, afirmó el analista, quien considera que el país está regresando a dinámicas de violencia que parecían superadas

Colombia enfrenta una crisis humanitaria y de control territorial. Y mientras la fuerza pública pierde margen operativo, los grupos ilegales ganan poder, recursos y tecnología para expandir su dominio.

El CICR advierte que los enfrentamientos se desarrollaron en muchos casos cerca de bienes civiles, exponiendo a las comunidades a mayores riesgos.

Familias enteras permanecieron encerradas en sus casas para protegerse, mientras el acceso a agua, alimentos, salud y educación fue limitado o interrumpido.

Las escuelas estuvieron entre los espacios más afectados, algunas sufrieron daños, otras fueron usadas temporalmente por actores armados y en varios caminos de acceso se reportó presencia de artefactos explosivos. Esto impidió el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación y aumentó su exposición a riesgos como el reclutamiento. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos desplazados y carne clandestina. Así va la crisis de la inseguridad)

Cambio forma de la guerra

El uso de drones comerciales modificados para lanzar explosivos marca una nueva fase del conflicto. Ortiz sostuvo que Colombia está viendo una transformación de la guerra conectada con tendencias globales: tecnologías de bajo costo que permiten ataques remotos, precisos y difíciles de controlar.

Para el analista, esta capacidad resulta especialmente peligrosa porque los drones tienen usos civiles legítimos, lo que facilita su adquisición por estructuras ilegales. Además, protegerse de ellos suele ser mucho más costoso que emplearlos como arma.

El CICR también alertó que el Derecho Internacional Humanitario aplica a estas nuevas tecnologías. Las partes en conflicto deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, incluso cuando usan vehículos aéreos no tripulados. (Lea en CONtexto ganadero: Colombia cuesta arriba en violencia y desplazamientos. ¿Por qué?)

De las 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos en 2025, 622 eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes. Además, 198 personas fueron afectadas por minas antipersonales, de las cuales 75 eran personas del común.

Aunque los casos por minas disminuyeron frente al año anterior, el CICR advierte que estos artefactos siguen generando consecuencias devastadoras: mutilaciones, muertes, traumas sicológicos, restricciones de movilidad y pérdida de acceso a cultivos, agua y servicios básicos.

Otros 765 casos estuvieron relacionados con artefactos explosivos lanzados o de detonación controlada. El organismo humanitario alertó que el aumento de dispositivos improvisados y drones explosivos está ampliando el impacto de la guerra sobre la población civil.

Paz Total

Ortiz expuso que las cifras humanitarias contradicen los objetivos de la política de Paz Total. A su juicio, esta estrategia fracasó porque abrió oportunidades para que estructuras armadas consolidaran presencia en varias zonas, mientras la capacidad operativa del Estado se debilitaba.

El analista también señaló la pérdida de planeamiento estratégico en el sector defensa, la salida de funcionarios civiles expertos, la reducción de recursos para operaciones e inversión y el deterioro de relaciones con aliados tradicionales como factores que afectaron la capacidad de respuesta estatal.

Para Ortiz, el país necesita una estrategia real de seguridad, diseñada por militares, policías y funcionarios civiles profesionales, además de más recursos para operación, inteligencia, mantenimiento y equipos. Sin eso, advirtió, Colombia seguirá acumulando víctimas mientras los grupos armados expanden una guerra cada vez más degradada y tecnológica.