La congresista se sumó a las críticas de la Paz Total y a la seguidilla de acciones armadas en corredores productivos y logísticos del país que deja decenas de víctimas y evidencia tensiones crecientes entre seguridad, economía rural y decisiones de política pública en plena coyuntura electoral.

Entre el 24 y el 26 de abril el suroccidente de Colombia vivió una escalada de violencia con al menos 31 acciones armadas, más de 20 muertos y decenas de heridos en Cauca, Valle del Cauca y Huila. Los ataques, que incluyeron explosivos en vías estratégicas, hostigamientos a la fuerza pública y afectaciones a la infraestructura golpearon a la población civil y encendieron alarmas sobre el control territorial en zonas vitales para la economía rural y el transporte de alimentos.

La magnitud y simultaneidad de los ataques sugieren un patrón que trasciende episodios aislados. Y es que en menos de 72 horas se registraron detonaciones en corredores viales, incursiones armadas y acciones coordinadas en múltiples municipios, lo que apunta a una ofensiva con capacidad logística y presencia territorial consolidada.

La tesis que empieza a tomar fuerza es que el país enfrenta una reconfiguración del conflicto en zonas estratégicas, donde actores armados ilegales buscan demostrar su poderío y ampliar su control en medio de vacíos institucionales. No se trata únicamente de violencia, sino de disputa por territorios que son importantes para economías legales e ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

La senadora Paola Holguín ha sido enfática asegurando que “esta ola terrorista es la confirmación del fracaso de la política de paz total”, señalando, además, que lo ocurrido evidencia “el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de estructuras criminales”.

Mapa de la violencia

El episodio más crítico se registró cerca del mediodía del pasado sábado en Cajibío, Cauca, donde la explosión de un cilindro bomba en la vía Panamericana dejó cerca de 20 muertos y más de 40 heridos. Este corredor conecta regiones y es vital para el transporte de alimentos, ganado y bienes esenciales.

Hay que mencionar también los ataques en El Tambo contra infraestructura de la aeronáutica civil, hostigamientos en Caloto, Corinto y Silvia, así como acciones en Guachené y el Estanquillo. En el Valle del Cauca, el pasado viernes, un bus escolar cargado con explosivos detonó cerca de una instalación militar en Cali, mientras que en Palmira un carro bomba impactó el entorno del batallón Agustín Codazzi.

La violencia también afectó directamente la logística rural, pues en Jamundí fue incinerado un camión que transportaba pollo; en Miranda una tractomula fue quemada y en Huila otro vehículo de carga corrió la misma suerte. Estos hechos golpean de manera directa la cadena productiva agropecuaria. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Paz total o incentivo al crimen? La fuerte crítica de Carlos Augusto Chacón al Gobierno)

Uno de los elementos clave es la concentración de los ataques en el Cauca, donde se registraron la mayoría de las acciones. Para Holguín, esto responde a la existencia de enclaves donde confluyen economías ilegales y estructuras armadas.

“Tenemos una concentración de cultivos ilícitos y estructuras criminales en varios puntos del país, y uno de esos enclaves está entre el Cauca y el Valle del Cauca”, explicó.

La senadora insistió en que estos territorios representan rutas estratégicas y escenarios en los que el Estado ha perdido presencia efectiva.

“Donde el Estado no ocupa el territorio, los bandidos se encargan de ocuparlo”, advirtió.

Política de seguridad

Más allá de los hechos, el análisis de Holguín apunta a un cuestionamiento estructural del enfoque del Gobierno. Según su opinión, la estrategia actual ha fallado en contener la violencia y ha generado condiciones para su expansión.

“Los procesos de paz se han convertido en una estrategia de guerra para las estructuras criminales”, afirmó, al señalar que estos espacios han sido utilizados para fortalecerse y retomar acciones armadas con mayor capacidad.

La congresista también advirtió sobre un retroceso en materia de seguridad: “Colombia retrocedió 30 años”, en referencia al uso de carros bomba, cilindros explosivos y ataques en zonas urbanas.

Lo ocurrido entre el 24 y el 26 de abril deja una señal que trasciende el balance de víctimas. La simultaneidad de los ataques, su distribución geográfica y su impacto evidencian una presión sostenida sobre el control territorial.

En medio de este escenario, la discusión de fondo se centra en si el país está ante un nuevo ciclo de violencia. Para Holguín, “los colombianos no pueden ceder al chantaje de los fusiles; este es momento de exigir firmeza”.