El asesinato de una trabajadora dentro de un negocio, horas después de una reunión oficial, expone el avance de economías ilegales y deja en evidencia el riesgo para comerciantes y productores. Policía del Atlántico explicó que la violencia está directamente relacionada con la renta criminal del tráfico local de estupefacientes.

El pasado martes 7 de abril, en Sabanagrande (Atlántico), hombres armados irrumpieron en una papelería del centro del municipio y asesinaron a Julia Barrios, de 46 años. El hecho ocurrió pocas horas después de un consejo de seguridad convocado por el aumento de homicidios, lo que convirtió el crimen no solo en una tragedia individual, sino en el reflejo de una crisis que se agrava y desafía la capacidad de respuesta institucional. (Lea en CONtexto ganadero: Reconocido ganadero y su hijo mueren en brutal atentado rural)

El ataque ocurrió en el establecimiento ‘La Marquesa’, ubicado en la calle 7 con carrera 8. Según testigos, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra Barrios, quien fue trasladada con vida al hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras hipótesis apuntan a un caso de extorsión. El propietario del negocio, al parecer, se habría negado a pagar dinero a estructuras criminales, lo que habría desencadenado el ataque. Este tipo de presión ilegal se ha convertido en una constante que afecta tanto al comercio como a actividades productivas, incluida la ganadería.

El caso de Barrios es el más reciente de una cadena de homicidios que encienden las alertas. En solo una semana, cinco personas fueron asesinadas en distintos barrios del municipio.

Este patrón confirma, según las autoridades, la existencia de una disputa territorial entre grupos criminales que buscan controlar economías ilegales.

El comandante de la Policía del Atlántico, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó a CONtexto gandero que la violencia está directamente relacionada con la “renta criminal del tráfico local de estupefacientes”, señalando que las organizaciones intentan cooptar territorios ya ocupados por otras estructuras, generando enfrentamientos.

Además, detalló que en el Atlántico operan grupos como ‘Los costeños’, ‘Los pepes’ y el Clan del Golfo, que no solo se disputan el control territorial, sino que también enfrentan fracturas internas que derivan en más violencia.

Impacto en la economía

Más allá de las cifras, el impacto se siente en la vida cotidiana y en la economía. Comerciantes, transportadores y productores agropecuarios enfrentan un entorno cada vez más incierto.

La extorsión, como mecanismo de financiación criminal, golpea directamente la confianza y la inversión. En zonas con actividad ganadera y comercial, el miedo limita la denuncia y debilita la estabilidad económica.

El propio coronel advirtió que esta situación ha generado “alarma entre la comunidad y el sector productivo”, que observa con preocupación el deterioro de las condiciones de seguridad.

Instituciones bajo presión

El crimen de Barrios ocurrió pocas horas después de un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para contener la violencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones.

El alcalde Darwin Rosales Mora manifestó su conmoción y rechazo, subrayando que el hecho ocurrió tras una reunión en la que ya se habían planteado decisiones importantes. También hizo un llamado a la unión ciudadana como herramienta clave para enfrentar la crisis.

Desde la Gobernación del Atlántico, José Antonio Luque Gerosa reiteró el rechazo institucional y anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita capturar a los responsables.

El comandante de la Policía del Atlántico confirmó el envío de 14 uniformados adicionales a Sabanagrande y explicó que la estrategia se basa en dos líneas: inteligencia e investigación criminal, y prevención.

El coronel Sánchez explicó que la estrategia de la Policía se basa en dos frentes: inteligencia e investigación criminal, y prevención. En el primero, se busca desarticular estructuras y capturar cabecillas. En el segundo, se promueven campañas comunitarias y presencia institucional para anticipar delitos.

El oficial destacó resultados como más de 595 capturas en lo corrido del año, la incautación de 86 armas de fuego y más de 20 capturas por extorsión. Sin embargo, reconoció que es necesario mejorar continuamente para garantizar condiciones reales de seguridad.

También enfatizó que la prevención incluye alejar a jóvenes de entornos delictivos mediante actividades deportivas, culturales y sociales, como una estrategia a largo plazo para reducir la criminalidad.

En su mensaje final, el coronel aseguró que la seguridad no depende únicamente de la fuerza pública. “Somos más los buenos”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer la colaboración entre comunidad, autoridades y Policía.

Hizo un llamado a denunciar y a mantener comunicación constante con las autoridades, señalando que la información ciudadana es clave para anticipar y prevenir hechos violentos.

Crisis que exige reacción

La convocatoria a una “Marcha por la Paz”, organizada por la Alcaldía de Sabanagrande para el viernes a las 4:00 p.m., refleja el intento institucional por canalizar el clamor ciudadano frente a una situación que desborda lo coyuntural.

Finalmente, para el sector ganadero y productivo, el mensaje es que la seguridad no es solo un asunto de orden público, sino un pilar fundamental para la sostenibilidad económica. (Lea en CONtexto ganadero: “¿Para quién trabajo?”: el grito del ganadero golpeado)