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Entidades del Estado estarían promoviendo invasiones para presionar la venta de fincas

Por CONtexto ganadero - 13 de Octubre 2023

A pesar de los comunicados de prensa del Gobierno Nacional negando las afirmaciones de los ocupantes ilegales, los afectados reclaman presencia de las entidades en el terreno para lograr la recuperación de los predios. Analistas aseguran que este fenómeno obedece a las demoras en el proceso de compra y adjudicación de tierras.


Luego de los incidentes que se han presentado en varios predios del Magdalena Medio, ganaderos y empresarios del campo han dejado ver su preocupación por las formas que vienen utilizando los invasores y los argumentos utilizados para ubicar con precisión terrenos con algún tipo de anotación judicial, más aún, cuando se ha dicho en muchos espacios de socialización que esa es una de las zonas priorizadas por el Gobierno Nacional para poner en marcha la reforma agraria.

José Alejandro Ramírez, abogado de algunos de los afectados, explicó en una entrevista con Blu Radio, que quienes promueven las invasiones actúan de la misma manera, escudados en supuestas autorizaciones que les entregan entidades del Estado para ocupar terrenos envueltos en algún tipo de litigio.


Actúan de la misma forma y con conocimiento de causa

“Nosotros hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi de llegar ellos a tierras que están en el listado de predios y bienes inmuebles en la Sociedad de Activos Especiales como bienes en extinción de dominio”, comentó el jurista.

Distinto al caso de algunos predios donde ha sido difícil el desalojo, en el caso concreto de la hacienda de las hermanas Ana María y Lina Puerta, los ocupantes ilegales, como se dice en el argot popular: ‘tacaron burro’, pues, el predio se encuentra totalmente saneado y sin ningún tipo de anotación.

“Nosotros hemos asistido varias veces en la zona y como usted lo dijo, a partir de lo que sucedió en Turbo, Antioquia, también con un grupo de invasores que se presentaban como miembros de una asociación detrás de bienes baldíos. En este caso, son bienes sobre los cuales pesaba una medida de extinción de dominio, pero, para el caso de Aguas Vivas, el bien ya no estaba en proceso de extinción, sino en manos de sus propietarias”, explicó José Alejandro Ramírez.

En ese sentido, el abogado insistió en la creciente inquietud que asalta a los ganaderos y empresarios del campo que tienen predios en la región, con relación a los mensajes que desde algunas instituciones del Estado se envían y pueden estar siendo malinterpretados por personas que tienen expectativas de recibir terrenos en el marco de la reforma agraria, bastante promocionada por los canales institucionales de información.

“Lo que hemos visto es que hay unas invasiones precedentes a fincas en Puerto Salgar, Puerto Boyacá, muy cerca también del Batallón de Infantería #3 Batalla de Bárbula y nos preocupa mucho que se esté fomentando por parte de algunas entidades del orden nacional, como lo dijo en su testimonio la líder de la invasión, por parte de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales”, precisó Ramírez.

La situación puede agravarse con el tiempo, pues, varias de las promesas de reubicación de predios en zonas de peligro de inundación y adjudicación de terrenos se han incumplido, generando desespero en la población. Otro detonante de las dinámicas ilegales de ocupación que se vienen presentando, puede ser la pretensión o priorización para comprar bienes en el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.

SAE y ANT se han hecho los de la vista gorda

A pesar de las denuncias que se han elevado a través de medios de comunicación, unas más graves que otras, los funcionarios del orden nacional con competencias puntuales para resolver estos asuntos y hacer claridades a los invasores, no se han hecho presentes en la región para contribuir con los desalojos.

“Nosotros no hemos tenido ningún contacto, por el momento, con el señor Rojas de la Sociedad de Activos Especiales, lo que escuchamos fue una alocución de esa institución por parte de la líder de la invasión que como bien lo dice usted le puso el nombre de ‘asentamiento humanitario’, que también nos preocupa que se le esté cambiando el nombre a una invasión, una ocupación ilegal de un predio, eso obedece a unas dinámicas ideologizadas de algunos grupos políticos en la zonas, darles apelativos que no son a lo que realmente están haciendo, esa figura no existe”, alertó el abogado.

Como apoderado a algunos ganaderos y agricultores que se han visto afectados por las dinámicas presentadas en el último tiempo, el jurista insistió en la necesidad de que las autoridades confirmen o descarten la instrumentalización de organizaciones civiles por parte de funcionarios del orden nacional para presionar la venta de tierras y promover ocupaciones ilegales.

“Lo que nos preocupa mucho es que ya son varias menciones en diferentes procesos de ocupación ilegal de bienes, de invasiones, donde se menciona a la Agencia Nacional de Tierras entregando listas de predios en extinción de dominio.[…] Otra vez los volvemos a ver actuando detrás, no sabemos si sea cierto y verídico lo que está diciendo la señora que lideró la ocupación ilegal del predio, pero por supuesto esperaremos a las acciones penales para ver si se producen las compulsas penales y disciplinarias, porque me parece gravísimo que se esté vinculando a entidades del orden nacional a estos actos”, apremió José Alejandro Ramírez.

ANT desmiente a invasora

Luego de que el país conociera las declaraciones de una persona que se identificó como presidente de una organización dedicada a la ocupación de terrenos en proceso de extinción de dominios por parte de la SAE como mecanismo de presión para su adjudicación y, diera a entender que cuentan con aval de esa entidad para proceder de esa manera, la ANT desmintió tales afirmaciones.

A través de un comunicado de prensa, la entidad que dirige Gerardo Vega, encargada de adelantar los procesos de compra y adjudicación de predios en el marco de la reforma agraria, aseguró que no hay funcionarios autorizados para compartir información privilegiada con organizaciones sociales o particulares.

“Agencia Nacional de Tierras informa, a la opinión pública y a todas las autoridades, que ningún funcionario de la entidad está autorizado para entregar listados de predios en proceso de extinción de dominio u ofertados por la SAE a la ANT, ni mucho menos promueve o sugiere la invasión de predios privados o baldíos en ningún municipio del territorio nacional”, se lee en la nota de prensa.

Más adelante, tacha de mentirosas las afirmaciones de Omaira De Jesús Mejia Moreno, presidenta de la Asociación de Campesinos en sus Tierras, además, que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes estas situaciones que podrían acarrear sanciones de índole penal.

“En el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, durante un procedimiento de desalojo de un predio privado, una persona señala que la ANT les ha entregado listados de predios de la SAE, aseveración que es completamente falsa. La Agencia ratifica el compromiso para avanzar en la formalización, titulación y compra de predios cumpliendo con toda la normatividad legal vigente. La entidad denunciará estos hechos ante las autoridades competentes, al igual que lo ha hecho con los casos de falsos tramitadores y personas inescrupulosas que utilizan indebidamente el nombre de la Agencia Nacional de Tierras”, dice otro de los apartes del comunicado.

Finalmente, es importante anotar que este tipo de acciones se vienen presentando en varias zonas del país, según quienes las protagonizan, por las demoras y falencias que aparentemente se presentan no solo en el proceso de compra de tierras, sino también en el de adjudicación.

Algunos analistas políticos, más agudos, han dicho que estas invasiones son motivadas por el discurso beligerante que contra ganaderos y empresarios del agro han pronunciado el presidente Petro y el mismo Gerardo Vega en escenarios con nutrida asistencia de campesinos sin tierra o carente de ella.

Las autoridades deben tomar medidas frente a las invasiones de predios en todo el país.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, señaló que "No puede ser posible que los dueños de las fincas en el Caribe, Magdalena Medio, Cauca y otras regiones sean víctimas de grupos organizados que afirman tener listados suministrados por funcionarios de instituciones públicas en donde supuestamente están los nombres y la ubicación de los predios.

Los invasores llegan en motocicletas y otros vehículos (incluso, camionetas), con colchonetas, mercado, entran sin permiso de los dueños de los terrenos y empiezan a tomar posesión del predio derribando árboles, quemando bosques, dañando los bienes de los dueños y, al parecer, amenazando a trabajadores y mayordomos.

Así no nos transformaremos en potencia agroelimentaria sino que habrá una caída de la inversión y la producción en el campo".


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