Inteligencia, justicia, tecnología y cooperación ciudadana integran el modelo que el general (r) Fernando Murillo considera necesario para recuperar el control territorial. Su eficacia dependerá de una coordinación sostenida y de que los operativos terminen en condenas, no únicamente en capturas.

El presidente electo Abelardo De La Espriella asume el poder este 7 de agosto con la seguridad como bandera de su gobierno: bloques operativos, fortalecimiento de la Fuerza Pública y más inteligencia contra las estructuras criminales urbanas y rurales.

Para el campo, el anuncio no es abstracto: ganaderos, agricultores y transportadores siguen expuestos a extorsiones, secuestros, abigeato y controles ilegales que encarecen la producción, restringen la movilidad y frenan la inversión. Con el incremento de estos delitos y otros paralelos como el sacrificio clandestino y el carneo, la rentabilidad ganadera se va por el sifón de la inseguridad muy rápidamente. (Lea en CONtexto Ganadero: La entrega de 16 disidentes que podría aliviar la extorsión rural)

La lectura viene de Fernando Murillo, exdirector de la DIJIN y actual coordinador de los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera de Fedegán, quien sostuvo en CONtexto Ganadero que el país enfrenta amenazas híbridas: crimen organizado, economías ilegales, ciberdelito, pandillas y estructuras que combinan acciones rurales y urbanas.

Los bloques de seguridad anunciados deberán transformar información dispersa en operaciones focalizadas. Esto implica identificar cabecillas, redes financieras, oficinas de sicarios, estructuras extorsivas y delincuentes que continúan coordinando delitos desde las cárceles.

La tecnología puede acelerar esa tarea mediante análisis de datos, vigilancia territorial y comunicaciones seguras. Pero su utilidad estará condicionada por el talento humano y la capacidad de convertir la inteligencia en pruebas judiciales.

Una operación pierde impacto cuando las capturas se caen por errores de procedimiento, ausencia de evidencias o investigaciones incompletas. Por eso, la Fiscalía, los jueces y los organismos de control deberán participar desde el comienzo de la estrategia.

"No podemos dejar por fuera la Fiscalía General de la Nación", señaló el oficial retirado, quien considera necesaria una participación coordinada de jueces, magistrados y entidades de vigilancia.

La corrupción constituye otro riesgo. Las alianzas entre servidores públicos y estructuras ilegales pueden anticipar operativos, proteger economías criminales y destruir la confianza de las comunidades en las autoridades.

Medición de seguridad

El éxito no debería evaluarse solamente por capturas o delincuentes muertos. Indicadores como la reducción de extorsiones, la recuperación de caminos rurales y el regreso de productores a sus fincas mostrarían mejor si la estrategia cambia la vida cotidiana.

Las organizaciones criminales cuentan con recursos, presencia territorial y redes consolidadas, por lo que los compromisos deberán ser verificables en el corto, mediano y largo plazo.

"Sabemos que el 8 o el 9 de agosto no se van a solucionar los problemas de seguridad. Esto necesita tiempo", afirmó Murillo.

La contundencia operacional deberá mantenerse dentro de la ley y del respeto por los derechos humanos. Ese equilibrio será decisivo para proteger a la población civil, preservar la legitimidad institucional y evitar abusos que terminen fortaleciendo a los grupos ilegales.

En las zonas rurales, la presencia estatal suele ser limitada por las distancias, las vías deficientes y la falta de recursos. Allí, los Frentes Solidarios de Fedegán buscan crear canales de prevención, alertas tempranas y comunicación entre productores y autoridades.

El modelo no pretende reemplazar a la Fuerza Pública ni entregar funciones policiales a los ganaderos. Su papel es fortalecer la corresponsabilidad mediante capacitación, reporte de situaciones sospechosas y respuestas institucionales oportunas.

"Cuando el delincuente ve al ciudadano y a la institucionalidad unidos, eso es disuasivo", explicó Murillo.

La propuesta también contempla que municipios vecinos compartan cámaras, comunicaciones y capacidades operativas. Regionalizar la seguridad permitiría superar estrategias fragmentadas y cubrir corredores utilizados para movilizar ganado robado, armas, drogas o víctimas de secuestro.

El territorio decide

El nuevo Gobierno deberá demostrar que puede llegar al territorio con algo más que operaciones. En regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Nariño, la recuperación del control exige vías, comercialización, sustitución de economías ilícitas y oportunidades para las familias campesinas.

La verdadera prueba será que los productores puedan transportar ganado, retirar dinero, visitar sus predios y denunciar sin convertirse en objetivos. Solo entonces el discurso de seguridad podrá traducirse en confianza, inversión y desarrollo rural. (Lea en CONtexto Ganadero: Cabal atribuye ola de violencia rural a la debilidad de la Fuerza Pública y tiene una estrategia)