Cuatro asesinatos en un establecimiento comercial evidencian nuevas dinámicas de control armado fuera de la región del Catatumbo. Autoridades advirtieron que, sin ajustes en la estrategia nacional, la violencia seguirá trasladándose a centros productivos y corredores económicos.

La violencia en Norte de Santander dejó de ser un fenómeno contenido en zonas rurales y hoy se consolida como una amenaza directa para los centros urbanos y productivos, en medio de la disputa entre grupos armados, la débil presencia estatal y una política de seguridad que no logra contener su expansión. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

La masacre ocurrida en El Zulia es la expresión más reciente de un conflicto que ya no se limita al Catatumbo. La confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc ha generado una presión territorial que comienza a trasladarse hacia municipios del área metropolitana de Cúcuta, siguiendo corredores estratégicos que conectan zonas rurales con centros urbanos.

Según el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero Medina, esta expansión responde a la dinámica propia de la guerra. “No somos ajenos a que ese conflicto también se traslade a la parte metropolitana”, afirmó, al explicar que el Zulia se ha convertido en un punto neurálgico por su ubicación como antesala del Catatumbo.

El fenómeno no solo implica presencia armada, sino la reproducción de prácticas de control propias de zonas en disputa, lo que evidencia un cambio en la naturaleza del riesgo para la población civil y los sectores productivos

En este nuevo escenario, los grupos ilegales buscan dominar territorios y ejercer control social. La revisión de celulares, como ocurrió en la masacre, refleja mecanismos de inteligencia que consolidan su poder y generan miedo en la población.

Quintero advirtió que este fortalecimiento criminal ocurre en paralelo a una limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo. “Tenemos municipios donde antes no había presencia de estos grupos y hoy han reaparecido”, señaló.

La ausencia de inversión social en regiones como el Catatumbo ha sido determinante. Sin vías, educación ni oportunidades, los territorios quedan expuestos a la cooptación por parte de estructuras ilegales.

Economía ilícita, territorio y Paz total

El trasfondo del conflicto sigue ligado al control de economías ilícitas, especialmente en una región con más de 50.000 hectáreas de cultivos. Aunque la confrontación ha afectado la producción, el interés estratégico por el territorio se mantiene.

“Ellos inicialmente quieren esos territorios para posteriormente explotarlos”, explicó el secretario, al referirse a la lógica de ocupación que motiva a estos grupos.

Desde la perspectiva regional, la política de “Paz Total” no ha logrado frenar la expansión de los grupos armados. Por el contrario, según Quintero, su implementación ha coincidido con un aumento en la presencia de estas estructuras. “Yo creería que sí se ha fortalecido los grupos al margen de la ley”, afirmó.

Se suma también la falta de herramientas tecnológicas para enfrentar amenazas emergentes, como el uso de drones para ataques, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad en la población.

Nuevas zonas de conflicto

La expansión del conflicto hacia zonas urbanas y corredores estratégicos tiene implicaciones directas para el tejido económico. En el área metropolitana, donde se concentra el 68% de la delincuencia del departamento, la extorsión y el control ilegal afectan tanto a comerciantes como a productores.

Las autoridades coinciden en que la solución no puede limitarse a operativos militares. Se requiere una intervención integral que combine seguridad, inversión social y una estrategia clara frente al narcotráfico.

“El gobierno nacional tiene que ayudarnos a reconstruir la confianza en estas zonas”, concluyó Quintero. (Lea en CONtexto ganadero: Investigan masacre en Casanare: ofrecen recompensa por ataque a cinco campesinos en Villanueva)