Las alteraciones recurrentes del orden público en la capital del país están golpeando la movilidad, el comercio y la confianza ciudadana. El presidente del Concejo, advierte que, sin coordinación entre Nación, Distrito y Policía, el ambiente electoral podría volverse más incierto.

Las protestas que cada semana afectan distintos puntos de la capital dejaron de ser un episodio aislado para convertirse en una preocupación urbana con impacto político, económico y ciudadano. Los bloqueos, daños en infraestructura y afectaciones al transporte público reabrieron el debate sobre los límites entre la manifestación legítima y los hechos vandálicos, especialmente en una coyuntura electoral cargada de tensión.

Y es que Bogotá enfrenta un problema de gobernabilidad cuando el derecho a protestar termina mezclado con daños a bienes públicos y privados, interrupción de la movilidad, afectación al comercio y temor ciudadano.

Para Humberto Rafael ‘Papo’ Amín Martelo, presidente del Concejo de Bogotá, lo que está ocurriendo en la ciudad no puede leerse únicamente como protesta social. A su juicio, los episodios recurrentes de cada jueves muestran una dinámica que “ha tomado carrera” y que, según él, se agrava por mensajes políticos que exacerban los ánimos.

Amín insistió en CONtexto en que su partido, el Centro Democrático, no está en contra de la manifestación pacífica. Sin embargo, sostuvo que lo registrado recientemente en Bogotá corresponde a “hechos vandálicos” y “delincuencia urbana”, con consecuencias directas para ciudadanos que buscan trabajar, movilizarse o mantener abiertos sus negocios

El impacto más inmediato se siente en la movilidad, pues cuando una protesta termina bloqueando corredores clave, los usuarios de TransMilenio, buses zonales y transporte particular quedan atrapados en recorridos interrumpidos, desvíos y largas caminatas.

Amín puso como ejemplo lo ocurrido en la calle 72, donde los bloqueos afectan no solo el tránsito, sino también la actividad comercial de la zona. Para el concejal, impedir el acceso a centros comerciales y lugares de trabajo vulnera el derecho de quienes no participan en las movilizaciones.

En términos económicos, el daño no se limita a una vitrina rota o una estación vandalizada. Cada cierre, desvío o afectación reduce ventas, frena servicios, golpea empleos y alimenta la percepción de inseguridad en sectores productivos de la ciudad.

Protesta o vandalismo

El punto más sensible está en la frontera entre el derecho constitucional a manifestarse y los límites legales de esa expresión. (Lea en CONtexto ganadero: 2026 se perfila como el año con más masacres de la última década en Colombia)

“Cuando tú sales de verdad a manifestarte, tienes derecho a gritar, a hacerte sentir, pero no tienes derecho a atentar contra bienes públicos o privados”, afirmó Amín.

El presidente del Concejo insistió en que atacar fachadas, sedes políticas, estaciones de transporte, monumentos o mobiliario urbano no puede justificarse como protesta. Según dijo, esos bienes son pagados por los ciudadanos y están al servicio de todos.

El debate es clave para Bogotá: proteger la protesta pacífica sin permitir que los daños materiales y la intimidación terminen imponiendo miedo sobre el resto de la ciudadanía.

Coyuntura electoral

Amín también relacionó la recurrencia de disturbios con el ambiente electoral. En su opinión, existe un riesgo de instrumentalización política de la protesta y una necesidad urgente de garantizar que los ciudadanos puedan votar en paz. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Podrán votar libres los colombianos? Alertas por presión criminal ponen lupa sobre elecciones)

El concejal responsabilizó políticamente al Gobierno Nacional de enviar mensajes equivocados y pidió una directriz clara para que la Fuerza Pública pueda actuar frente a alteraciones del orden público.

También señaló que Bogotá necesita más pie de fuerza. Según su versión, la ciudad cuenta con cerca de 16.000 policías, una cifra que considera insuficiente frente a las necesidades reales de seguridad.

La discusión no se agota en señalar responsables. El desafío está en coordinar respuestas entre Gobierno Nacional, Alcaldía Mayor y Policía para prevenir nuevas escaladas.

Amín respaldó el llamado del alcalde Carlos Fernando Galán para que existan instrucciones precisas que permitan proteger el orden público sin desconocer derechos ciudadanos.

Si los bloqueos y disturbios continúan durante los próximos meses, el riesgo para Bogotá no será solo de movilidad o comercio. También estará en juego la confianza ciudadana, la convivencia y la posibilidad de vivir unas elecciones tranquilas.

“Necesitamos que se garanticen unas elecciones en paz, en tranquilidad y en democracia”, concluyó Amín.