La acción habría tenido como fin impedir la Operación Perseo II y favorecer rutas del narcotráfico y la minería ilegal. El Ejército denunció violaciones a derechos fundamentales y pidió respaldo internacional ante la situación.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 informaron que fueron atacadas en la tarde del domingo en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo (Cauca), en el marco de la Operación Perseo II. (Lea en CONtexto ganadero: Una semana de terror en el campo: robos, secuestros e invasiones golpean a los ganaderos)

Según la nota de prensa, unas 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de la tropa con el propósito de frenar las operaciones en la zona.

La institución reportó que como consecuencia de esta acción 45 uniformados permanecen privados de la libertad bajo la modalidad de secuestro. El hecho se suma a una cadena de violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, que encajan en delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos secuestro simple, concierto para delinquir y obstrucción a la función pública.

Desde el Ejército anunciaron que interpondrá denuncias formales y adelantará acciones legales ante las autoridades competentes, al tiempo que hizo un llamado a las comunidades para aportar información que permita identificar y judicializar a los responsables.

“Exhortamos al respeto por las instituciones del Estado y rechazamos categóricamente la utilización y constreñimiento de las comunidades”, señaló la Tercera División, que además convocó a organismos internacionales de derechos humanos para visibilizar la situación y unir voces contra los grupos armados ilegales.

Finalmente, la institución del orden reiteró que mantiene presencia en la zona, mientras adelanta gestiones para asegurar el regreso del personal secuestrado. Insistió en que su compromiso es la protección de la población civil y la defensa de los derechos humanos frente a los riesgos derivados del narcotráfico y la minería ilegal que operan en el cañón del Micay. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Ganaderos en la mira! Las nuevas formas de extorsión y secuestro que azotan al campo)