Los últimos días de agosto estuvieron marcados por una intensa ofensiva delictiva contra la ganadería colombiana, con un saldo alarmante de robos masivos, invasiones, secuestros y estafas. Frente a la escasa respuesta oficial, los productores han establecido sus propias redes de protección a través de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP), cuyo protagonismo crece como último bastión frente al desamparo institucional.
Durante la última semana de agosto, entre el 25 y el 31, se registraron 51 incidentes que golpearon directamente a los ganaderos, según reportes consolidados por los coordinadores nacionales de los FSSP y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
De esos hechos, 26 atentaron de forma directa contra productores, con 8 casos de abigeato, el delito más frecuente durante ese periodo. De estos, 8 fueron denunciados formalmente, mientras que 18 quedaron en la sombra, sin denuncia.
La intervención policial estuvo presente en 21 de los 26 casos, según el balance entregado por el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. (Lea en CONtexto ganadero: Invasiones, robos y proliferación de carne ilegal, señales de un campo en crisis)
El mapa del conflicto se extiende por varios departamentos como Meta con seis incidentes, Bolívar con cinco, Antioquia con cuatro, Tolima, Cesar y Arauca con dos cada uno, y Magdalena, La Guajira, Cundinamarca, Huila, Boyacá con un caso.
Esta división geográfica demuestra que la violencia rural no se limita a un solo rincón, sino que golpea desde el Caribe hasta la región central y los Llanos Orientales.
Además, la tipología delictiva es amplia con 8 incidentes de abigeato, seguido por 6 invasiones de tierra, 5 casos de carneo clandestino, 5 estafas, un homicidio y una extorsión.
Esto quiere decir que esta semana se vieron afectadas 126 reses, una cifra considerable que evidencia el impacto económico directo sobre los productores.
Violencia extrema
En Albania, La Guajira, se presentaron intentos de contacto que pretendían ser validaciones técnicas, pero resultaron ser estafas telefónicas en donde los delincuentes usaron números que no pertenecen a entidades oficiales como Fedegán y simularon llamadas para engañar a los ganaderos.
De acuerdo con el general Murillo, dos números están ya siendo rastreados, de los cuales uno está vinculado a Guaduas (Cundinamarca) y el otro aún no muestra señales claras.
Por otro lado, Santa Rosa de Osos (Antioquia) se convirtió en escenario de un crimen atroz en donde delincuentes contactaron a una empresa de biotecnología fingiendo interés en revisar animales. En ese momento, aprovecharon para secuestrar al veterinario, torturarlo y asesinarlo. Este es uno de varios casos sangrientos ocurridos recientemente, especialmente en el norte antioqueño.
Por un corregimiento del municipio de Timbío, Cauca, un grupo armado ingresó de noche en una finca y secuestró a la propietaria, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales aisladas.
A esto hay que sumarle que se registraron seis invasiones de predios, cuatro en Bolívar (tres en Arjona y una en Turbaco) y dos en San Luis, Tolima. Afortunadamente, los predios fueron recuperados en un plazo de 48 horas.
En Huila, sin embargo, el fenómeno continúa y, según fuentes locales, podrían ser hasta siete fincas invadidas en la región. Muchas ocupaciones no han sido denunciadas formalmente, lo que dificulta la intervención estatal.

El caso de las invasiones en Argentina (Huila) resulta especialmente alarmante, pues los ocupantes ilegales aprovechan la crisis de orden público para tomarse los predios, confiados en que las autoridades ignoran las denuncias. Foto: Diario del Huila
Instituciones ausentes
El general (r) aseguró que “todos los ganaderos del país están acudiendo a los FSSP y a Fedegán ante cualquier tema de inseguridad”. (Lea en CONtexto ganadero: Extorsiones y violencia arrinconan a los productores en Sucre)
Es por esta razón que la idea es construir redes locales eficaces y fomentar que los productores se vinculen activamente para prevenir y anticipar los hechos, y no solo reaccionar después.
En regiones como Huila, la poca receptividad institucional y la baja solidaridad entre colegas complican aún más el panorama. En este departamento se ha demostrado que sin respuestas oficiales, las invasiones se replican, tal como se ha visto en las últimas semanas con acciones similares en Bolívar y Tolima.
Finalmente, el abandono institucional solo ha reforzado la necesidad de que los propios productores, organizados en los FSSP, tomen la iniciativa para denunciar, protegerse y demandar garantías.



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