Colombia elige: estado comunitario o campo con progreso

Por: 
Alfonso Santana D.
12 de Junio 2018
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Conozca los planes de gobierno que ambos candidatos tienen para el agro colombiano. Foto: Kienyke / Pulzo.com / Las2orillas.
Más allá de elegir a un presidente para que gobierne en los próximos cuatro años, los colombianos estamos definiendo el modelo de desarrollo que imperará mucho más de ese periodo. 
 
Dos tesis se enfrentan: la una que acoge y trasciende el acuerdo de paz firmado por Santos con las Farc, para llevar al país hacia un estado comunitario, y la otra en la que prima la defensa de la propiedad privada, y el aumento de oportunidades a través del crecimiento económico.
 
El programa rural de Petro
 
El programa económico de "Colombia humana" se enmarca en la transformación del modelo actual que rige las finanzas del país. (Lea: Garzón reclama al Gobierno una verdadera política agropecuaria)
 
En lo que respecta al sector rural, su plan de gobierno busca beneficiar a los más pobres y, en especial, al campesinado a través de una propuesta integral agraria que pretende impulsar en el Congreso y que tiene como fin, entre otros puntos, realizar una consulta popular sobre el territorio campesino; centrar la economía productiva en la agricultura y potenciar a la clase media poderosa sostenida en el campesinado.
 
Su propuesta, que acoge la gran mayoría de planteamientos del Acuerdo de Paz que firmó el Estado con las Farc, busca convertirse en un gobierno de transición.

El diagnóstico

 
Señala que el modelo extractivista, imperante en los últimos años, aumentó la fragilidad de la economía colombiana –agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el cambio en el uso de energías–, a lo cual se sumó, según su programa, las inequidades entre actividades productivas del campo, el creciente proceso de potrerización, monocultivos y deforestación, además de la concentración de la tierra que ha estado siempre en el centro del conflicto interno.
 
Impulso a actividades productivas
 
El gobierno de la Colombia Humana asumirá la transición y la recomposición de la economía mediante el fortalecimiento de la agricultura, la reindustrialización en sectores estratégicos, el incremento de la inversión ambiental y en ciencia y tecnología, para estimular cambios tecnológicos y la gestión de la biodiversidad, todos ellos como factores de dinamización económica. (Lea: “Hay abandono y descuido del Gobierno con sector agro": Rangel)
 
Promete renegociar los Tratados de Libre Comercio, sobre todo, las cláusulas de protección de la inversión que implican renuncia a nuestra soberanía, teniendo como aliados a los empresarios, particularmente los pequeños y medianos; defenderá el desarrollo industrial del país con medidas que equilibren la balanza comercial, protejan el mercado interno y garanticen participación efectiva en mercados internacionales. 
 
Lo anterior acompañado de incentivos a la producción y el consumo nacional para proteger la base productiva agropecuaria e industrial del país.
 
Asevera que le quitará a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación y acompañamiento a la reconversión a otras actividades productivas.
 
Afirma que Ecopetrol, sin perjuicio de la gestión de la extracción petrolera en la transición, se convertirá en una empresa dedicada a la investigación, la promoción y la implementación de energías renovables, y que respetará las decisiones democráticas de las consultas populares. (Lea: “Política agropecuaria no es la cenicienta de Nación”: Lizarralde)
 
Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina
 
Advierte que en la Colombia Humana no se expropiarán empresas, negocios, viviendas ni tierra productiva, pero será objetivo prioritario que progresivamente ingresen a la producción de alimentos y a la agricultura campesina alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno.
 
Asegura que aplicará los instrumentos previstos en la Constitución y la Ley para poner en práctica la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra.
 
De esta forma se harán respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de valles interandinos y del caribe, se distribuirá tierra entre las víctimas del conflicto y los campesinos para garantizar la oferta interna de alimentos, que llegarán a las ciudades a través de canales de comercialización más equitativos y se armonizará la producción agrícola y pecuaria con la protección ambiental.
 
El impuesto predial rural
 
Uno de los principales instrumentos para aumentar la oferta de tierras productivas y democratizar el acceso a la tierra será el impuesto predial rural, con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo. (Lea: MinAgricultura se compromete a construir políticas agropecuarias)
 
Además de establecer tarifas mínimas en las normas nacionales, de acuerdo con esos criterios, se dará prioridad urgente a la actualización del catastro en las zonas de mayor concentración de la tierra.
 
Los recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas se destinarán a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales municipales que mejoren las condiciones de vida de la población rural dedicada a labores agrícolas y pecuarias.
 
Se impulsarán los distintos instrumentos del Fondo de Tierras y se formará, donde sea necesario, se actualizará y modernizará el catastro multipropósito como primer paso para asegurar la identificación de las propiedades rurales y, consecuentemente, el reconocimiento de la posesión, es decir, la relación directa y material con la tierra.
 
Así, se avanzará luego en el otorgamiento de títulos que protejan contra la desposesión violenta y la imposición de relaciones feudales aún presentes en las zonas rurales. (Lea: Conozca los retos del desarrollo del sector agropecuario en Colombia)
 
El catastro multipropósito también será la base del ordenamiento social, ambiental y productivo de la ruralidad y la protección y el apoyo financiero y con oferta de bienes públicos de la pequeña agricultura.
 
Con ese fin se implementarán las zonas de reserva campesina, la adjudicación familiar y otras formas de organización territorial que propongan las organizaciones campesinas con una perspectiva regional, así como las empresas asociativas y alianzas fuertemente regulados con el sector agroindustrial.
 
Las ciudades en la economía productiva
 
Al igual que en el campo, se mejorará la progresividad tributaria y el estímulo al incremento de los ingresos fiscales de las ciudades y, particularmente, del impuesto predial. Se formulará una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación socioespacial y a adoptar programas de inclusión.
 
Aplicará a fondo los mecanismos constitucionales y legales disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y para mejorar las fuentes de financiación con base en la movilización de plusvalías, inclusive removiendo los obstáculos legales que han impedido que presenten un mejor desempeño. (Lea: "Gobierno se rajó en creación de una política agraria de Estado": SAC)
 
Los gobiernos urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en este tipo de instrumentos de financiación, obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, para financiar el mejoramiento de sus infraestructuras, sobre todo las de movilidad, y para que los recursos nacionales puedan dirigirse prioritariamente a la reconversión productiva, a los programas sociales para superar desigualdades estructurales y a cerrar las brechas urbano-rurales.
 
El programa de Duque
 
La propuesta del Centro Democrático se enmarca en la premisa "Campo con progreso y futuro para todos".
 
Su estrategia se centra en el desarrollo de una agroindustria, apalancada en llevar inversión al campo con el fin de generar puestos de trabajo de calidad y oportunidades de crecimiento para los pequeños productores.
 
Advierte del atraso que acusa el sector rural en todos los frentes importantes del desarrollo humano, que ha relegado al 65 % de dicha población rural a vivir en condiciones de pobreza. (Lea: SAC destaca programa agropecuario de Iván Duque)
 
Enuncian como principales causas, el mal estado de la infraestructura –léase vías, baja cobertura educativa y de seguridad social, la baja cobertura de los servicios básicos en las viviendas (energía, agua y alcantarillado)–, así como los problemas propios que ha generado la violencia de los grupos al margen de la ley que han ocasionado atrasos de inversiones importantes de infraestructura, a la par de una creciente deforestación y florecimiento de la minería ilegal, todas estimuladas por los negocios ilícitos y la baja presencia del Estado.
 
También cuestionan el exceso de Estado, pues advierten del enjambre de instituciones que intervienen (ADR, ANT, ART, URT, UANAP, UPRA, etc.) y la consecuente atomización de planes y programas (PDTE, PART, Contratos Paz, POSPR, PDRET, ZOMAC, PNIS, ZIDRES, ZRC, etc.), ha generado duplicidad de funciones, dispersión de recursos y carencia de coordinación y articulación institucional.
 
Las propuestas
 
Sintetizan su planteamiento de solución en tres pilares:
1. Reducir a la mitad los índices de pobreza en la Colombia rural.
2. Hacer de Colombia el primer país en la región en el desarrollo de la agricultura climáticamente inteligente y resiliente.
3. Apalancar inversiones para lograr un crecimiento interanual del sector del 5 % durante el cuatrienio.
 
Las estrategias
 
Plantean 4 ejes temáticos:
1. Inclusión y Cambio Climático
2. Áreas de Transformación Productiva
3. Inversión y Crédito con Equidad
4. Institucionalidad Transparente, Moderna y Tecnificada (Talento, transparencia y tecnología; Productividad y acceso a mercados; Seguridad rural y ambiental).
 
Inclusión y cambio climático
 
Integran estos dos elementos o frentes, buscando por una parte, que las comunidades rurales sean sostenibles en lo económico, y lograr, a su vez, el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en la limitación del cambio climático.  (Lea: “Hay que producir lo que demanda el mercado”: presidente de la SAC)
 
Las propuestas referidas a la inclusión, entre muchas acciones señaladas, parten de impulsar la Formalización Empresarial y Laboral, y acelerar el programa de formalización de la propiedad rural; el regreso de jóvenes y familia al campo (operación retorno), prohijado por un nuevo modelo de educación rural, alfabetización funcional para el adulto mayor campesino, el fortalecimiento del rol de la mujer rural, y el avance en la cobertura y el acceso a la salud y la educación.
 
Y respecto al cambio climático, su compromiso se fundamenta en promover la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero procedentes del uso del suelo.
 
Se trata de aplicar estrategias de reducción de emisiones con acciones para evitar la deforestación y degradación del bosque, y con acciones positivas, como el impulso a la agricultura sostenible, la planificación climáticamente inteligente de los territorios desde su ordenamiento territorial y políticas para uso sostenible del suelo; así como generar las condiciones para la reconversión de 15 millones de hectáreas de suelos de uso ganadero a uso agrícola.
 
También indican que se deben aprovechar los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), mediante el ingreso al mercado de carbono y compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad; e igualmente priorizar la rehabilitación y construcción de los Distritos de Riego donde sean viables, así como aquellos que son propiedad del Estado, acompañados del sector privado (APP). (Lea: “El problema del posconflicto es de todos”, SAC)
 
Áreas de transformación productiva
 
Esta estrategia parte del concepto de región con características homogéneas, en donde integrarán las acciones productivas de la agroindustria y las del pequeño agricultor.
 
Se busca concentrar los esfuerzos económicos y técnicos, articular los pequeños, medianos y grandes productores, evitar la dispersión de recursos, y canalizar la capacidad productiva de las regiones.
 
Lo anterior bajo un marco de seguridad jurídica a la inversión productiva, y protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra (tenencia de buena fe).
 
La anterior fórmula se acompaña con innovación y tecnología al alcance de todos, inversión para el desarrollo de la asistencia técnica, y la investigación y desarrollo tecnológico orientado a la productividad. (Lea: “Sector agropecuario necesita 3 cosas para poder avanzar”: SAC)
 
Inversión y crédito con equidad
 
Sus autores consideran que altos niveles de inversión pública y privada junto con la inclusión de los pequeños productores al sistema financiero, son instrumentos que permiten reducir las diferencias en la calidad de vida y de oportunidades entre los habitantes de la Colombia rural y los colombianos que viven en las ciudades.
 
Para lograrlo plantean destinar al menos el 50 % del presupuesto agrícola del Estado a la provisión de bienes públicos como distritos de riego, vías terciarias e infraestructura digital, entre otros, potenciándolo con alianzas público-privadas (APP), junto con otros mecanismos como la financiación de OBRAS X IMPUESTOS + OBRAS X REGALÍAS (un porcentaje de las regalías indirectas tendría este fin) a todo el territorio (hoy está limitado a zonas de “pos conflicto”).
 
Lo anterior acompañado de un Régimen Tributario Especial para nuevas inversiones en el campo, con especial énfasis en crear exenciones tributarias por 10 años a toda inversión productiva que genere un mínimo de empleo formal y estable en el campo, buscando una generación de 600 mil empleos nuevos de calidad.
 
Así como también el establecimiento de la cobertura total de seguro agropecuario catastrófico y colectivo en las Áreas de Transformación Productiva (ATP); la financiación, con Fondos de Capital de Riesgos, proyectos agroindustriales por al menos $2 billones de pesos, con énfasis especial en proyectos que den cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos para limitar el cambio climático (COP21). (Lea: Las propuestas de Duque para el sector rural)
 
Institucionalidad transparente, moderna y tecnificada
 
Se trata de apoyar las tareas propias del Estado con mejor talento técnico para reforzar las capacidades institucionales e impulsar la profesionalización de la gestión del campo colombiano, y de muchas estrategias encaminadas a la inclusión económica del sector rural.