En cualquier otra coyuntura el título necesitaría explicación: ¿qué es lo que no va bien?, pero en la actual, definitivamente, no se requiere. No es la economía ni el desempleo y tampoco la pobreza, que disminuyó. Lo que no va bien son las dinámicas de violencia en las regiones, que a diario empeoran y se atraviesan a los anhelos de paz.

Cuando escribo estas líneas, la crisis que causó la “pausa” en las negociaciones con el ELN se superó con un comunicado conjunto, del que resalto “la firme decisión de permanecer en la mesa”, así como “el compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos de cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias”.

Es una convicción personal y una norma de vida, pero también una postura de FEDEGÁN frente al acuerdo suscrito con el Gobierno para la compra directa de tierras con destino a la Reforma Agraria, el cual, fiel a este principio, seguiremos honrando.

El mapa del desprecio por la vida en Colombia es extenso. Las cifras de la Policía Nacional arrojan 3.090 homicidios intencionales en los primeros tres meses de 2023, perpetrados, en su mayoría, por los más de 90 grupos criminales que operan en el país, dedicados a diferentes actividades ilegales, pero hermanados todos por el narcotráfico.

En 1997, Heriberto Urbina, ganadero cesarense, fue secuestrado por el Frente Camilo Torres del ELN. El pasado 24 de abril, 26 años después y con 86 de edad, fue secuestrado nuevamente, al parecer por el mismo grupo, aunque ninguno ha reivindicado el hecho.

El pasado 13 de abril, en un Consejo de Seguridad con el gobernador de Caquetá, el diputado Wílder López hizo una denuncia pública de la mayor gravedad: En los municipios de San Cayetano y Puerto Rico fueron citados por las “Farc – EP Segunda Marquetalia”, cerca de ¡cien ganaderos!, obligados a pagar vacuna a ese grupo narcoterrorista.

¿Si a usted le piden opinar con un arma en su espalda, qué opinión dará?: la suya o la de quien lo intimida.

Antes del ciclo de negociaciones con el ELN en Cuba, merece la pena revisar su soporte jurídico, la Ley 2272 de 2022, por la cual “… se define la política de paz de Estado”. No es un tema menor, porque en ella se autoriza al Gobierno a adelantar “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político…”, una definición que tiene mucho que ver con la autopercepción del ELN y con el alcance del cese al fuego.

Hace diez años –febrero de 2013–, usé este título en una de mis columnas, cuando las negociaciones con las Farc sufrían su primer tropiezo por el secuestro de dos militares, y Márquez le comunicaba al país que ellos tenían derecho a capturar miembros de la Fuerza Pública como ¡prisioneros de guerra!

En el Acuerdo de México quedó clara la prioridad que el ELN le otorga a la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que no es solo el primer punto de la agenda, sino “el corazón” del proceso; una prioridad entendible, teniendo en cuenta el trasegar político de ese grupo, que se arrogó la condición de defensor armado de la sociedad.