El nuevo jefe de Estado colombiano Gustavo Petro recibió ayer jueves un baldado de agua fría de parte de la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH). Ese organismo de la OEA, a pesar de su trayectoria militante e izquierdista, no ha querido responder positivamente al pedido de Petro de “expedir medidas cautelares en favor” del expresidente peruano Pedro Castillo.

El jefe del poder ejecutivo, Gustavo Petro, está ejerciendo una presión ilegal e ilegítima sobre el poder judicial. Ello constituye un ultraje más del jefe del poder ejecutivo a la Constitución de Colombia. Petro lo está haciendo descaradamente, como si fuera lo más legal del mundo. Pero no lo es.

La vicepresidenta Francia Márquez está muy contenta en esos días. Los congresistas controlados por el petrismo le van a aprobar, salvo un revés de último minuto, la creación de su famoso «ministerio de Igualdad y Equidad».

La absurda acción de gobierno de Gustavo Petro es el resultado de dos factores: la ignorancia y la ideología. Sobre todo de la ideología marxista como tapadera de la ignorancia..

El gobierno francés tiene en Nueva York una alta funcionaria que se ocupa, entre otras cosas, de observar los asuntos colombianos. Ella acaba de hacer una declaración importante ante el Consejo de Seguridad (el 12 de octubre pasado) que muestra, sin embargo, el poco conocimiento que tiene ese despacho de la realidad colombiana

Gustavo Petro creía que iba a ser felicitado por Washington, que su plan de “paz total” iba a ser avalado por Antony Blinken. En su entrevista en Bogotá con el Secretario de Estado, Petro descubrió que el gobierno de Estados Unidos no coincidía exactamente con sus puntos de vista.

El éxito de las masivas protestas pacíficas en Colombia contra el gobierno de Gustavo Petro es indiscutible. Fue ese el excelente comienzo de un movimiento patriótico que será sin duda cada vez más fuerte y vasto para proteger a Colombia de la depredación socialista.

En estos momentos Colombia está fuera de control. El Senado y la Cámara de Representantes, los partidos, los gremios y empresarios, los directores de los medios, quedaron en estado de muerte cerebral.

Antes del 12 de agosto, las familias colombianas deberían declararse en estado de alerta. Las asociaciones de padres de familia también. Los planes que el ministro designado de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, quiere realizar ese día deben ser rechazados y boicoteados por las familias pues constituyen una amenaza contra el equilibrio y la salud mental y moral de sus hijos.

Las consecuencias prácticas de ese acuerdo pretendidamente protector del medio ambiente son tan graves para la economía y la paz social que ese debate no puede ser dejado únicamente en manos de los parlamentarios.