¿Cuándo va a cesar el desmonte de la fuerza pública? ¿Hasta cuándo tendrá que pagar Colombia por las aberrantes doctrinas que dominan las mentes de los gobernantes de turno?

Se habla mucho en estos días del “derecho a la protesta social”. Algunos observadores estiman que ese “derecho” lo están “vulnerando los bandidos”, es decir los vándalos y encapuchados que salen cuando los miembros del nefasto “comité del paro cívico” les dan la orden de ir a destruir las ciudades.

No hay unanimidad sobre la cifra de muertos que han dejado las “manifestaciones y protestas pacíficas” de los últimos 15 días en Colombia. Tampoco hay una cifra oficial al respecto. La prensa escrita, las agencias de prensa y las redes sociales proponen cifras diferentes y algunas veces erradas y sin soporte alguno.

Colombia vive horas dramáticas. No por un gran desastre natural, ni por un auge feroz de la pandemia del Covid, sino por una ofensiva relámpago que pocos habían previsto de fuerzas irregulares movidas y dirigidas por la narco-subversión.

Si los vándalos son tan brutales no es porque sean valientes, son violentos porque saben que no serán sancionados.

El tono pendenciero del senador Petro para abordar ese tema relativamente simple de la relación esencial que hay entre la contaminación y las montoneras callejeras, prueba, una vez más, que a Petro le importa un bledo la gente y, sobre todo, que no tiene idea de nada.

El 31 de marzo pasado, la “Comisión de la Verdad” (sic!) organizó un simposio virtual. Tema: “La combinación de todas las formas de lucha”. Hubo 15 oradores, un coordinador y dos relatores. El compromiso de ellos fue, según Carlos Guillermo Ospina, estudiar la “estrategia fundacional del conflicto” armado en Colombia.

Javier Lafuente publicó un artículo sobre Colombia el pasado 23 de marzo en el diario madrileño El País. Hace tiempo ese matutino dejó de ser la nave insignia de la prensa española. Hoy es apenas un órgano más de la izquierda peninsular. El texto sobre Colombia confirma ese rasgo.

Salud Hernández Mora encontró, parece, la fórmula para impedir la llegada de Gustavo Petro al gobierno de Colombia: erigir la candidatura de “un santista que traiga votos”, o impulsar a cualquier otro que “no huela a Uribe”. Con consejeros así vamos derechos contra el muro.

¿Los jueces están preparando la próxima campaña electoral? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy en Francia luego conocer la condena en primera instancia del expresidente Nicolas Sarkozy a tres años de cárcel, con uno de cumplimiento efectivo, por tráfico de influencias y corrupción.