Debo confesar que la precandidatura de Oscar Iván Zuluaga no me entusiasma. Desde luego, admiro la calidad humana del ex ministro y respeto su trayectoria política, administrativa y ministerial, pero no creo que las medidas que propone ayudarán a evitar el derrumbe de Colombia.

Vega Rocha, el 3 de noviembre pasado, se reunió, en “consulta interna”, es decir muy privada y a puerta cerrada, con directivos del partido Polo Democrático a quienes les ofreció “garantías para el desarrollo del ejercicio democrático”. ¿Por qué se reunió únicamente con el partido de Gustavo Petro?

La violenta diatriba lanzada por José Obdulio Gaviria en la revista Semana (1) contra la precandidata María Fernanda Cabal parece ser la revancha un poco desesperada del grupo que apoya al ex ministro Oscar Iván Zuluaga ante los mediocres resultados de éste en los debates del Centro Democrático.

Francia: el partido LR (neo gaullista) abandonó el sistema de la consulta o primaria “abierta” para elegir su candidato presidencial.

Dos encuestadoras, Datexco e Invamer, acaban de lanzar, a nueve meses de la primera vuelta electoral de 2022, unas cifras obtenidas recientemente sobre índices de impopularidad y su contrario de los políticos y candidatos presidenciales y otros “personajes de la vida pública”.

La agencia alemana de prensa DW fue incapaz de presentar de manera imparcial y equilibrada su versión sobre la expulsión de Colombia, este 29 de julio, de la activista alemana Rebecca Linda Marlene Sproesser. La DW faltó a su deber de explicar con claridad y verificar rigurosamente los hechos.

Traduje el corto texto que sigue el cual fue publicado hace unos días en una revista francesa conservadora pues lo que éste aconseja sobre la actitud que debe tener el Estado francés, cuando la fuerza pública debe hacerle frente a manifestaciones violentas, coincide con lo que los colombianos discutimos hoy sobre este mismo tema: la policía y la fuerza pública en general deben responder y contrarrestar la acción de los vándalos de manera proporcional,…

Las cartas están sobre la mesa. La nueva amenaza ha llegado a todos. Las principales ciudades de Colombia, con su población, sus aparatos educativos, productivos, religiosos, deportivos, serán objeto, desde el próximo 20 de julio, de nuevas “manifestaciones de protesta”. ¿Y de nuevas destrucciones? ¿Durarán éstas días y meses?

A quienes les molesta ver cómo Colombia ha perdido su autonomía constitucional y vive dependiendo, sumergida y hasta regañada por lo que le dictan comisiones y tribunales extranjeros, pretendidamente defensores “de derechos humanos”, invocando legislaciones “interamericanas” que ningún colombiano ha votado, esta noticia puede ser interesante.

Con fingida inocencia, tres jóvenes politólogos de Bogotá estiman, en un artículo que circula en las redes sociales desde este 21 de junio (1), que la Inspección General de la Policía y la Fiscalía General de la Nación no pueden investigar ni dar informe alguno sobre lo ocurrido en estos 50 días de huelga insurreccional en Colombia.