Archivar proyecto de ley sobre el Acuerdo de Escazú pide Consejo Gremial Nacional

Solicita al Congreso de la República analizar la conveniencia sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú que presentó el gobierno nacional para su ratificación.

En una comunicación enviada por el presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), Julián Domínguez Rivera, al presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, el gremio de los empresarios solicita, que se proceda con el archivo del Proyecto de Ley 251 de 2021 Senado, por medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asunto ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Argumenta que Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación ciudadana, de protección ambiental y de acceso a la información, por lo que la ratificación del Acuerdo de Escazú puede, si no se dan las claridades correspondientes, llegar a establecer limitaciones en los proyectos generadores de empleo y de desarrollo social, que son necesarios para el progreso del país. 

Agrega que, este Acuerdo podría generar inquietudes en su interpretación que afecten el actual proceso de recuperación económica del país, lo que impone la necesidad de adelantar un estudio más amplio y participativo, para disipar cualquier duda que pueda traer su eventual ratificación y posterior reglamentación.

Las razones

1- Mecanismos de participación  

La entidad gremial reitera que Colombia cuenta dentro de su normatividad actual con suficientes y sobresalientes mecanismos de participación, que garantizan la participación ciudadana y el desarrollo de proyectos que cumplan con las más estrictas medidas ambientales.

2- Instrumentos de diálogo incompatibles  

Por esta razón, advierte el CGN, con la ratificación del Acuerdo de Escazú “podrían incluirse nuevos instrumentos de diálogo, incompatibles con los existentes o tan exigentes que resulten incumplibles, que pueden llevar a situaciones insolubles respecto del adelantamiento de proyectos de interés nacional, desincentivar la inversión que tanto necesita el país con ocasión a la pandemia y frenar la moderada senda de crecimiento y recuperación en la que nos encontramos”.

Agrega que bajo nuestro marco jurídico vigente, la garantía de la protección al medio ambiente, está ampliamente definida mediante licencias, permisos ambientales, planes de manejo ambiental, guías ambientales, etc.; que de igual forma el relacionamiento público-privado se hace a través de veedurías ciudadanas y consulta previa, entre muchos otros mecanismos, y que el acceso a la información pública se encuentra garantizado mediante el derecho de petición y sistemas de información disponibles en las entidades públicas, recientemente reforzados con la Ley de Transparencia de la Información.

3- Se extiende el principio precautorio

“Si bien la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional ha establecido que el principio precautorio es una medida excepcional debidamente fundamentada, lo que establece el Acuerdo de Escazú, es que este precepto se debe contemplar como un eje transversal de aplicación en cualquier proceso relacionado con recursos naturales.”

“Esta ampliación de su campo de acción hacia la transversalidad de cualquier actividad económica, podría abrir nuevamente un debate sobre los límites de la gestión ambiental de los proyectos, yendo en contravía de los avances que el Gobierno Nacional, la ciudadanía y el sector empresarial, han logrado implementar mediante el trabajo conjunto en diferentes sectores de nuestra economía.

4- Escazú entraría a formar parte del bloque de constitucionalidad

Este Acuerdo, entraría a formar parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de derechos humanos. cuyo texto contempla unas obligaciones adicionales que ya recoge nuestra Carta.

Lo anterior. comportaría distintas clases de riesgos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

“En el ámbito nacional, pondría en entredicho la abundante legislación interna sobre las materias de que trata el Acuerdo, ya que podría aducirse que ellas no cumplen con los nuevos parámetros que el mismo dispone.”

En el ámbito internacional, “las actuaciones de las autoridades colombianas quedarían bajo el escrutinio de instancias multilaterales, mediante esquemas o formatos que no están definidos aún, pero que serían obligantes para el Estado Colombiano y exigibles en el marco de los distintos tribunales internacionales de los que nuestra Nación hace parte.”

5- El control de instituciones internacionales para dirimir conflictos

La ratificación de este Acuerdo implicaría acogerse al control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental.

“Esta situación causa especial preocupación debido a que Colombia cuenta con los sistemas judiciales necesarios para el manejo de conflictos en materia ambiental, por lo que se considera que no es conveniente ceder la resolución de conflictos en esta materia a organismos internacionales, que sin el contexto suficiente, podrían condenar a la Nación, afectando su presupuesto y planeación.

6- Problemas de aplicación práctica

Algunos puntos del Acuerdo, señala el gremio, pueden prestarse a problemas de aplicación práctica, con graves consecuencias para el país.

Asuntos como los destinatarios de los derechos garantizados por el Tratado, el acceso a información bajo el principio de máxima publicidad, el derecho ampliado a los destinatarios del Acuerdo frente a la participación en decisiones de carácter ambiental, el acceso a la justicia ambiental, y los mecanismos de resolución de controversias y determinación de eventuales incumplimientos, entre otros, no solo resultan vagos y gaseosos en el texto del Acuerdo.

De aprobarse el texto sin, que el Congreso estudie debidamente estos aspectos, podrían conllevar a importantes erogaciones, presentes y futuras, incompatibles con la austeridad que reclama la Nación, de cara a la recuperación económica.

En conclusión,el Consejo Gremial Nacional reitera la inconveniencia del Acuerdo de Escazú en la legislación colombiana, pero reafirma el apoyo al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para continuar con la implementación políticas públicas que permitan la reactivación económica, el fomento del empleo y el desarrollo sostenible.