Acuerdo cafetero deja más dudas que certezas de lo que se quiere hacer

Luego de la Asamblea Nacional Cafetera convocada por el Gobierno, sin tener en cuenta la institucionalidad legalmente constituida, se firmó lo que llamaron un “Gran acuerdo nacional para 100 años más de caficultura colombiana”.

El acta consta de 13 puntos muy enfocados en lo que pregona el actual Ejecutivo de defender al pequeño productor campesino y olvidándose del resto de productores que hacen parte de la caficultura colombiana y que por años han hecho su aporte al crecimiento del sector.

Como se dijo desde el principio, cuando se convocó la asamblea, el trasfondo está en la creación de un nuevo gremio cafetero que pueda controlar el Gobierno y darle a este el manejo del Fondo Nacional del Café, que es el que mayores recursos maneja en el país.

Según el presidente Gustavo Petro, los recursos de dicho Fondo son del Estado, lo cual fue desmentido por diversos actores. No obstante, si constituye su gremio cafetero con los que participaron en la asamblea y les da el manejo de ese dinero, será el mandatario quien decida lo que se hace con esos dineros.

Eso se evidencia desde el primer punto del acuerdo que señala que “se implementará el Acuerdo Nacional para el fomento y fortalecimiento de la asociatividad solidaria cafetera, que involucrará a las cooperativas, asociaciones, y demás expresiones cafeteras de la economía solidaria, popular y comunitaria”. (Lea en CONtexto ganadero: Dinero del Fondo Nacional del Café es de los cafeteros, le recuerdan a Petro)

Sus principales propósitos serán el diseño e implementación del programa nacional de fortalecimiento solidario de la pequeña caficultura, la industrialización y la comercialización solidarias y el fortalecimiento de las redes solidarias cafeteras en todo el territorio nacional. Las asociaciones, cooperativas y todos los caficultores deben tener libre acceso a los bienes públicos cafeteros como sistemas de información, servicio de extensión, investigación y desarrollo, garantía de compra y promoción internacional, todo esto lo ofrece hoy la Federación a los cafeteros del país.

El segundo punto habla del fortalecimiento social de la caficultura y todo lo que allí se menciona le compete hacerlo al Gobierno, ya que se refiere a que la educación rural en zonas cafeteras deberá contar con mejor calidad e implementación de metodologías con proyectos productivos pedagógicos y acción participativa, así como la capacitación en los nuevos oficios del café. Se fortalecerá el mejoramiento de vías terciarias, la conectividad digital y el mejoramiento de vivienda en las zonas rurales cafeteras.

Lo tercero es la activación del Fondo de Estabilización de Precios del café, lo cual se ha venido anunciado desde hace varios días y que es una forma de ayudar a los productores afectados por diversos factores como el clima. Aquí no hay nada novedoso, excepto que menciona que el Gobierno dispondrá los que hagan falta, lo cual no menciona de dónde saldrán.

Un tema más es la reforma agraria cafetera que busca garantizar el acceso a la tierra para los pequeños productores y se habla de “redistribución del latifundio”, frente a lo cual ya se había pronunciado la Federación, recordándole al presidente Petro que el 95 % de los productores son pequeños y tienen en promedio 1,5 hectáreas, por lo que no hay los oligarcas que dice el mandatario.

El quinto ítem habla de producción cafetera sostenible y servicios ambientales y hace referencia a programas de renovación y fertilización lo cual tampoco es nuevo ya que desde el congreso cafetero del año anterior se hizo el anuncio de recursos del ICR para renovación y es otro de los aspectos que le concierne al gobierno, no a la Federación. (Lea en CONtexto ganadero: Gobierno ya tiene en marcha nueva organización cafetera)

El sexto aspecto tiene que ver con transformación productiva mediante un modelo cooperativo y asociativo de producción agroindustrializado, altamente tecnificado, basado en ciencia, tecnología e innovación, que sea ambientalmente sostenible, y capaz de producir para el mercado interno y para la exportación, para ello se habla de la articulación sinérgica de recursos y capacidades de actores públicos, sociales, comunitarios y privados y la generación de los mecanismos, la financiación y las condiciones para que tal proceso sea posible.

Crédito y comercialización

Luego menciona la democratización del crédito y señala la necesidad de ampliar los recursos de crédito de fomento con incentivos y subsidios priorizando asociaciones y cooperativas de mujeres, de pequeños productores, de jóvenes rurales, pero igual no señala de dónde saldrán esos recursos.

En octavo lugar está el fortalecimiento del proceso de comercialización y dice que se requiere una estrategia para venta de cafés especiales y orgánicos, algo en lo cual la Federación ha venido trabajando desde hace rato con buenos resultados.

La extensión agropecuaria diferenciada es otro de los aspectos del acuerdo y dice que se debe promover la prestación del servicio de extensión a través de las cooperativas y asociaciones de forma integral, bajo sus conocimientos y técnicas. Este tema de extensión lo viene manejando la ADR y ha sido bastante polémico.

El décimo punto se refiere a la identificación de semillas nativas y la creación de la reglamentación de viveros de producción por parte de las organizaciones de base. Este tipo de semillas generalmente son de menor producción, como sucede en otros cultivos y tampoco es claro cómo se financiarían dichos viveros. (Lea en CONtexto ganadero: Crece rechazo al interés de Petro de acabar con la Federación de Cafeteros)

El siguiente aspecto hace mención a la creación de un incentivo integral para la gestión de riesgos de la caficultura que tendrá como base el fortalecimiento de las asociaciones y cooperativas de los caficultores. Por lo que se menciona es como el seguro agropecuario que ya existe, por lo que no es claro cuál es la diferencia.

Un tema más es el turismo cafetero, frente a lo cual se propone generar estímulos financieros para el fortalecimiento de las iniciativas de agroturismo y turismo rural que promuevan la cultura cafetera aunque tampoco especifica cómo se hará, ni de dónde saldrán los recursos.

Lo último es estructurar incentivos financieros, de gestión agroforestal y biodiversidad sostenible, propuesto en el marco del Pacto Verde. Aquí tampoco se dice cómo sería ni cuál es el impacto económico para el Ejecutivo de este tipo de medidas.

En últimas el acuerdo no presenta nada diferente a lo que se podría hacer de manera conjunta con la Federación de Cafeteros que como se ha mencionado, en el seno del Comité Nacional, se definen las acciones a desarrollar entre el gremio y el gobierno. Por eso, queda la pregunta de ¿qué es lo que pretende realmente el Gobierno con este pacto a espaldas de la Fedecafé?