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Foto: CONtexto ganadero.

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Imputarán cargos al exviceministro de agricultura Pineda Azuero

Por - 21 de Septiembre 2018

La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial no encontró mérito suficiente para que se precluya la investigación al ex viceministro de agricultura, Juan Pablo Pineda Azuero, por presunto prevaricato en relación con su actuación en el caso del Fondo Nacional del Ganado y de la empresa Friogán. El proceso vuelve a la Fiscal de Conocimiento, quien debe avanzar en la imputación de cargos.


La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial no encontró mérito suficiente para que se precluya la investigación al exviceministro de agricultura, Juan Pablo Pineda Azuero, por presunto prevaricato en relación con su actuación en el caso del Fondo Nacional del Ganado y de la empresa Friogán. El proceso vuelve a la Fiscal de Conocimiento, quien debe avanzar en la imputación de cargos.   Juan Pablo Pineda Azuero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, enfrentará cargos por la responsabilidad que le compete por sus acciones en la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado (FNG) como delegado del entonces ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia en los meses previos a la liquidación del Fondo Nacional del Ganado, ordenada por la Superintendencia de Sociedades el 5 de mayo de 2016.   Pinedo Azuero fue denunciado penalmente por presunto prevaricato, al impedir que los acuerdos de reestructuración empresarial del FNG y de Friogán, fueran sometidos a consideración y a su correspondiente aprobación por parte de la Junta Directiva (JD) del FNG.   Los antecedentes   El 22 de junio de 2015 la JD del FNG aprobó unánimemente el ingreso del FNG y de Friogán, al régimen de la Ley 1116 de 2006, con el fin de proteger al FNG y a la empresa Friogán.   En agosto 4 de 2015 la Superintendencia de Sociedades admite el FNG al proceso de reorganización y ordena la coordinación del proceso con el que se adelanta Friogán.   El 5 de enero de 2016 –con la resolución de objeciones y graduación de créditos–, se inició el plazo de 4 meses para celebrar el acuerdo de reorganización empresarial, el cual expiró el 5 de mayo de 2016.   En ese plazo de debían radicar ente la Superintendencia de Sociedades, los acuerdos de reestructuración empresarial para salvar las sociedades.   De ahí que varios miembros de la JD del FNG –no menos de seis–, preocupados por el futuro de estas empresas, presentaron a la junta proposiciones para que los proyectos de acuerdo fueran sometidos a consideración de la JD y, una vez aprobados, fueran radicados en la Superintendencia de Sociedades.   Dichos proyectos de reorganización fueron preparados por expertos en el manejo de la Ley 1116 de 2006: los doctores Álvaro Londoño y Álvaro Isaza.   La actuación del exviceministro   El entonces viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Pablo Pineda Azuero, delegado por ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia para presidir la Junta del FNG, se retiró en dos oportunidades (15 de abril y 4 de mayo de 2016) del sitio en donde sesionaba la JD.   El retiro del funcionario público impidió que los acuerdos fuesen sometidos a consideración y su correspondiente aprobación, pues el reglamento de la JD indica que, sin la presencia del ministro o su delegado, la junta no puede sesionar, y por ende, tampoco puede deliberar y decidir.   Por cuenta de esta conducta del viceministro Pineda Azuero, el FNG se fue a liquidación, al igual que la empresa Friogán.   Afortunadamente la empresa Friogán, gracias a un buen liquidador que cumplió con sus deberes legales, logró retornar al régimen de reorganización empresarial.   Hoy esta empresa goza de excelente salud, al paso que el FNG terminó liquidado no obstante que el deudor principal frente al sector financiero era la empresa Friogán, en tanto que el FNG era apenas un garante de algunas de las obligaciones, y paradójicamente recientemente el liquidador le entregó al Estado $ 90 mil millones de la presunta quiebra del FNG, que dejó sin empleo a 271 personas que laborán ali.   Los argumentos del viceministro   Uno de los argumentos que invocó en su momento el viceministro Pineda Azuero para impedirles a los demás miembros expresar sus opiniones y tomar decisiones sobre los acuerdos de reorganización empresarial, fue el que él había consultado con la Contraloría General de la República (CGR), y que esta entidad le había dicho que no podía avanzar en dicho proceso de reorganización porque no podía extender los avales que había otorgado el FNG a Friogán.   Así lo informó oficialmente el viceministro Pineda Azuero a la JD.   De acuerdo con la opinión de expertos consultados por CONtexto ganadero, el procedimiento seguido por Pinedo Azuero riñe con las disposiciones constitucionales que prohíben que el órgano de control fiscal interfiera o participe en las decisiones de la administración, pues el control previo no existe desde la Constitución del 91, y además la llamada función de advertencia fue declarada inconstitucional por el más Alto Tribunal de lo Constitucional.   La denuncia   Debido a esta conducta del viceministro Pinedo Azuero –que fue considerada como impropia por miembros de la JD en la medida que ha debido proteger los intereses puestos a su cuidado como eran los del FNG y los de la empresa Friogán–, se le denunció penalmente por presunto prevaricato.   Sin embargo, la Fiscal de Conocimiento solicitó la preclusión del proceso, es decir, que no había méritos para continuar el proceso. Trámite que se decide por un juez penal de circuito, quien, en la respectiva audiencia realizada en el mes de febrero de 2018, negó la solicitud de la fiscal de precluir el proceso.   Esta decisión fue apelada por la Fiscal, lo cual ocasionó que el conocimiento del caso pasara ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, para que allí la sala penal resolviese el recurso.   Finalmente, en la audiencia del día 20 de septiembre de 2018 (ayer), fue resuelto por la sala y comunicada la decisión por parte del magistrado de conocimiento.   Decisión que confirmó la decisión de la juez penal del circuito en primera instancia, de manera que el proceso vuelve la Fiscal de Conocimiento, quien debe avanzar en la imputación de cargos.   Así las cosas, el exviceministro Juan Pablo Pineda Azuero enfrentará ahora la imputación de cargos, y el proceso jurídico que ello conlleva.   El 'mea culpa' del ex ministro Iragorri   Estrechamente relacionado con el anterior tema es el 'mea culpa' del ex ministro Iragorri.   Iragorri Valencia declaró públicamente en varias oportunidades que, por los malos manejos administrativos y financieros del FNG, administrado por Fedegán, el Gobierno se vio obligado a quitarle al gremio su administración.   Incluso llegó a afirmar que los recursos se los robaban cuando era administrado por Fedegán.   El exministro Iragorri fue denunciado por José Félix Lafaurie en nombre de Fedegán y a nombre propio, por los delitos de injuria y calumnia adelantado ante la Fiscalía Novena – Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.   Frente a esta denuncia, el exministro Aurelio Iragorri Valencia, en rueda de prensa, leyó un documento de retractación, en el que manifestó que “… no existe prueba alguna, que me permita afirmar lo antes señalado. Es decir, no hay fundamento probatorio donde se pueda atestiguar que antes se robaban o que existían malos manejos con relación con los recursos del Fondo Nacional del Ganado”.(Lea Iragorri reconoce y se retracta de afirmar 'que antes se los robaban y ahora no' (los recursos del FNG).   Igualmente afirmó que “no fue mi intención menoscabar o dañar el honor, honra y buen nombre y dignidad de la asociación gremial Fedegán, al igual que los miembros de su junta directiva, funcionarios y exfuncionarios. Tampoco fue mi intención afectar a aquellos que formaban parte de la administración del Fondo Nacional del Ganado**”.   Así las cosas, toda parece indicar que la justicia tarda, pero llega, para todos los que se vieron afectados por estas decisiones, y ahora será su viceministro a quien le imputaran cargos por presunto prevaricato.

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