Primeros fallos de jurisdicción agraria serían a más tardar el próximo año

Después que fuera aprobada la reforma constitucional que le dio vida a la jurisdicción agraria y rural viene todo el proceso de implementación para lo cual la misma ley le da seis meses al gobierno.

El ministro de justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, en un podcast de la entidad, señaló que se avanza en esa reglamentación para que cuente con asignación presupuestal, nombramiento de jueces, adecuación y designación de las sedes, en un trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura.

Lo más difícil era reformar la Constitución para crear la jurisdicción agraria y rural, pero de ahí a la inauguración del primer despacho judicial en un territorio lejano a Bogotá con equipos multidisciplinarios, suficiente dotación e infraestructura y buena capacidad de obrar hay una distancia, señaló el funcionario.

El propio acto legislativo ordena que, en los seis meses siguientes, el Consejo de la Judicatura, junto con el Ministerio de Justicia y el de Agricultura deben hacer todo lo posible para crear el mayor número de jueces en los territorios y simultáneamente se debe ir tramitando la ley que cree procedimientos ágiles y gratuitos que permitan la cercanía de esta jurisdicción con la población.

Con el Ministerio de Agricultura se tiene un mapa de necesidades de justicia agraria que coincide con buena parte de los territorios PDET que es donde hay víctimas del conflicto armado y que están en proceso de recuperación y todos bastante remotos de la capital de la república. (Lea: Jurisdicción agraria lista para sanción presidencial)

Jueces competentes

Los jueces tendrán competencia para resolver en su integridad los conflictos que surgen del tema rural, tanto los que se presentan entre particulares como en los pleitos que está involucrado el Estado.

Si se tiene en cuenta que hoy en día un pleito por cuestiones agrarias puede tardar años y que la Agencia de Restitución de Tierras tiene una gran congestión y pensando que en el futuro estos pleitos se puedan resolver en primera instancia en tres o cuatro meses, el cambio va a ser muy visible, sostuvo el ministro.

Añadió que “ojalá lográramos este año tener un primer fallo, sino se logra este año por todo lo que falta, el año entrante tenemos que comenzar a tener los primeros fallos de la jurisdicción agraria”.

El órgano de cierre, la alta Corte que funcionará aquí serán las mismas que hoy existen, es decir, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para lo que tenga que ver con pleitos entre particulares, y el Consejo de Estado para aquellos que sean propios del litigio en contra del Estado

Decisión histórica

Para el ministro, la decisión de crear la jurisdicción agraria y rural es histórica porque uno de los problemas más graves que no se ha resuelto es el de la propiedad, la tenencia y la explotación de la tierra y la prosperidad y tranquilidad de los campesinos. (Lea: La jurisdicción agraria, a un debate de convertirse en ley de la República)

Era una deuda de más de dos siglos y detrás de la cual hay ríos de sangre, de dolor, de desplazamiento y de despojo, así que por primera vez se logró que el Estado colombiano disponga de la existencia de jueces en los territorios rurales para que allí de un modo rápido, gratuito y sin grandes formalidades se puedan resolver de modo civilizado, con justicia y garantías para todos, esos problemas que se dan en la vida rural, afirmó el funcionario.

Agregó que, si esto se une a la otra reforma constitucional en la que se otorga a los campesinos el estatus de sujetos colectivos de derechos y especial protección, se observa un giro importante de la Constitución hacia las bases de Colombia.