Directora de la SAG dice que Gobierno está en deuda con el Cauca

En diálogo con CONtexto ganadero, Isabella Victoria Rojas, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, SAG, habló de la problemática que enfrenta desde hace años el sector agro con los grupos indígenas.   Rojas nos contó acerca de la necesidad que hay de modificar estructuralmente la Ley 160 de la Reforma Agraria y realizó una dura crítica a las comunidades y minorías que se toman las vías de hecho para reivindicar sus derechos.   CONtexto Ganadero (CG): ¿Cuáles son los derechos de los indígenas sobre las tierras en el Cauca?   Isabella Victoria Rojas (IVC): Aquí existen 2 derechos de la carta constitucional, uno el derecho a la propiedad privada que está consagrado, y el otro es el de las minorías étnicas plasmado en las constitución de entidades territoriales indígenas.   En ese sentido hay 2 principios, el primero es más filosófico y antropológico y habla sobre las tierras ancestrales de las comunidades indígenas que datan de muchos años antes de la conquista donde se supone estos grupos ocupaban el territorio nacional y el segundo es el de la propiedad privada. (Lea: Continúan presiones a ganaderos del Cauca para que vendan sus tierras)   De lo anterior surge la aspiración de estas comunidades de recuperar sus territorios ancestrales, lo cual trasgrede totalmente el derecho que tiene cualquier colombiano de gozar de la propiedad privada.   A partir de ello se viene el desarrollo de una cantidad de legislación, entre ellas la Ley 160 de la Reforma Agraria, en donde se hacen unos estudios socioeconómicos que no son más que unas etapas para poder hacer la adjudicación de tierras a estas comunidades indígenas y campesinas.   En ese orden de ideas, esos análisis se vuelven una ecuación absolutamente perversa porque la tierra no crece, en cambio la población sí, no solo la de los indígenas sino la de los campesinos, de los afros y de los criollos.   Esos estudios socioeconómicos amparados bajo la Ley 160, muestran que esa norma debe ser reformada para poder viabilizar la convivencia porque estamos viendo las consecuencias de su aplicabilidad en el Cauca, en donde ya hay una confrontación interétnica que nadie puede negar, en donde cada comunidad reclama sus derechos. (Lea: Indígenas del Cauca amenazan a ganaderos de la región)   CG: ¿Qué le ha prometido el Gobierno a los indígenas?   IVC: Hay una estrategia absolutamente exitosa que vienen profesando no solo las comunidades indígenas sino los demás movimientos sociales, que es salir a la vía panamericana para reclamar sus derechos mediante la perturbación del orden público.   Esta práctica se convierte en una situación coyuntural en la que se apacigua el orden público a través de actas, donde el Gobierno se compromete a entregarles las tierras que están pretendidas por las comunidades indígenas y recursos del presupuesto general de la nación para planes y proyectos.   Esto empezó desde 1985, año en el que se firmó el primer acuerdo, y de ahí en adelante se han suscrito más de 30 actas en las que es como si hicieran un ‘cheque en blanco exigible en ventanilla’ de la adquisición y adjudicación de un gran número de hectáreas.   Cada vez que las minorías hacen un cierre de las vías, ahí está el compromiso del Gobierno de turno para reivindicar esos derechos. Tendríamos que hacer un recuento de cada uno de esos acuerdos para poder conocer la cantidad total de hectáreas prometidas. (Lea: Ganaderos del Cauca, atemorizados por bloqueo indígena)   CG:  ¿Qué pasa con los propietarios legales de esa tierras, ganaderos y agricultores?   IVC: Cuando una persona que tiene un derecho adquirido sobre un predio, con reconocimiento de títulos de propiedad y en donde se demuestra que hay una tradición que viene mucho antes de la constitución de la República de Colombia, pero en donde también se dieron unos hechos que se derivan de unas acciones violentas, la situación se complica.   En los casos en los que una comunidad indígena ha pretendido un predio porque lo reclaman como un territorio ancestral, empieza una invasión sistemática y un ataque contra el negocio productivo, es decir, daños en las pasturas, utilización de herbicidas provocando la muerte de animales, entre otros.   En el norte del Cauca se ha podido registrar la quema y destrucción de más de 500 hectáreas de cultivo de caña. Este es un escenario que requiere con urgencia ejercicio de autoridad y el liderazgo del gobierno departamental para poder restablecer el orden público y lograr una fórmula de convivencia de todos los actores del sector agropecuario del departamento de lo contrario la zona se terminará convirtiendo en un gran resguardo.   Con esa serie de agresiones, y más cuando una persona deriva su sustento de una actividad productiva no le queda más sino claudicar porque no tiene viabilidad o no cuenta con el músculo financiero para afrontar la situación, por lo cual, en la mayoría de los casos los propietarios ‘ofertan voluntariamente’ el predio al Incoder. (Lea: Acusan a indígenas de destrozos en el Cauca)   CG:  ¿De qué manera las acciones de los grupos indígenas están afectando al sector agro del Cauca?   IVC: Cuando no se tienen las garantías en una inversión es muy complicado. Podemos hablar claramente del decrecimiento del sector agropecuario del Cauca. De las economías de escala solo queda el cultivo de la caña de azúcar en el norte del departamento.   Lo que sostiene y dinamiza la economía de la región es el café, renglón que sustenta a más de 95 mil familias. Los esfuerzos de este sector son importantes y valorables pero la mayoría de sus productores son propietarios de media hectárea, lo que nos indica que esta es una actividad de sustentación.   Hay también un gran trabajo en ganaderías especializadas de leche y cultivos de papa, que al final se ven amenazadas por la aspiración de supresión y expansión y por la inseguridad jurídica de la propiedad privada. (Lea: Amenazas de bloqueo y atentados a fincas generan zozobra en Cauca)   CG:  Con respecto a las amenazas de Indígenas del país con tomar vías de hecho el 30 de mayo… ¿Qué implicaciones traería esto para el sector?   IVC: Las implicaciones no solo son para el sector agropecuario. El hecho de que cada vez que se pretendan reivindicar unos derechos se tomen la vía panamericana, que es la única vía de comunicación con la que cuenta el departamento para tener conexión con el suroriente del país y al norte, con el Valle, es preocupante.   Por esa vía circulan animales en pie que van para sacrificio, productos como leche papa, tomate, y cebollas, que son perecederos y que necesitan ser entregados a otras regiones como por ejemplo el Valle.    Cuando bloquean esta importante carretera los animales sufren traumatismos, mueren o pierden peso, los productos se dañan, e incluso ha habido casos en los que los ganaderos han tenido que botar la leche, lo cual genera pérdidas económicas muy grandes.   Por otro lado, también se genera una crisis humanitaria, la región depende mucho del departamento del Cauca en cuanto a insumos y elementos tan básicos como el oxígeno para los hospitales o cuando es necesario trasladar a un enfermo o herido a Cali. (Lea: Indígenas del país amenazan con tomar vías de hecho el 30 de mayo)   Durante esos hechos se violan y se transgreden todos los derechos de las grandes mayorías por las aspiraciones de las minorías y eso es absolutamente cuestionable e irreparable por lo cual es necesario restablecer los principios de autoridad.   CG:  ¿Cuál es el llamado que le hace el sector agro al Gobierno para solucionar esta problemática?   IVC: El Gobierno Nacional viene realizando unas mesas de concertación, pero ‘desafortunadamente’ en ellas no están presentes los propietarios porque finalmente lo que se está negociando es la propiedad privada y esa tiene un dueño.   Ya es hora, el Gobierno está en mora de realizar una reforma estructural para darle una viabilidad de convivencia y de productividad al departamento.   Si no se llega a un gran acuerdo de armonía y un propósito de producción, el caos continuará y esto provocará un escenario no muy alentador ni esperanzador para el futuro del departamento. (Lea: Atentado en vía Panamericana oscurece panorama del sector)   La directora de la SAG manifestó que parte de la lucha gremial ha sido intentar y lograr la modificación estructural del código penal y de la Ley 160, pero que ‘desgraciadamente’ ese trabajo no ha tenido eco porque en este país hasta que no se toque fondo, no se consiguen cambios.