Mitos en torno al medio rural colombiano

El TLC significará la ruina o éxito de la economía rural colombiana

La integración de mercados implica en esencia un cambio en las reglas de juego del escenario de mercado, tanto interno, como externo. Es un ajuste 

que implica oportunidades y riesgos. Es la historia misma de la economía capitalista mundial, desde la lucha entre librecambistas y proteccionistas, siglos atrás.

El sector rural colombiano tiene una historia y condiciones económicas que permiten esbozar varias hipótesis: i. la producción campesina se basa en no transables, ii. los transables más importantes de economía campesina (tipo café) están integrados desde hace mucho tiempo, iii. las mayores amenazas se presentan para sectores de gran producción comercial de bajo impacto en las economías campesinas, iv. los grandes productores tienen más para ganar que para perder, en los mercados internacionales, si se aplican a procesos de reconversión, v. los mercados para las economías campesinas más importantes (de lejos) son los mercados locales y regionales con protecciones naturales frente a la competencia externa, vi. los cambios en los mercados abren difíciles pero reales posibilidades en producción diferenciada.

Conclusión, no hay forma de sustentar el irremediable desastre o la alabada panacea.

Pero de cualquier forma, cualquiera de las alternativas, estará determinada por procesos de negociación y balance interno, entre los diferentes intereses nacionales, entre lo urbano y lo rural, entre lo industrial y lo agrícola, entre la economía real y el sector financiero, en fin, una negociación 

interna que se refleja finalmente en la negociación externa. Esa es de la que se habla poco. Pero, más allá, lo importante es que cualquiera sea la negociación, al país le corresponde formular y negociar, internamente, una agenda interna, concebir una transición y ponerla en marcha. Allí es 

donde hemos fracasado varios países de América Latina. Allí es donde han logrado éxito algunos países de América Latina. 

El Ministerio de Agricultura lidera el desarrollo rural

Hace ya mucho tiempo que los ministerios de agricultura han reconocido su precariedad, su incapacidad, su frustración, cuando han tratado de responder a la responsabilidad del desarrollo rural. Las estrategias se desarrollo rural, como cualquier otra de tipo territorial, son por naturaleza multisectorial, es decir transversal. Por esta razón el desarrollo rural se convirtió en sinónimo de agricultura de pobres, con pobres soluciones, pobre inversión, pobres instituciones que no ha logrado superar la condición estructural de la pobreza rural.

En muchos países, como en Colombia, la responsabilidad real, es decir el recurso público se ha localizado en una para institucionalidad, localizada generalmente, en la Presidencia de la República. El desafío de la concurrencia intersectorial se ha probado sin éxito desde el Ministerio de Agricultura, en esfuerzos que no pasan de la retórica, como nuestro mal logrado Contrato Social Rural. Ejemplo de esto es el PNR, la Red de Solidaridad, el Plante, el Plan Colombia. 

El desplazamiento de la población rural es un problema de origen militar

Se habla en Colombia de que más del 30% de la población rural ha sido expulsada del campo en los últimos 15 años como producto de la violencia y la guerra. Esto habla del más grande movimiento de refugiados que se haya presentado en América en los últimos cincuenta años. Sin embargo, más allá de la precariedad de las cifras, hay aspectos que son pasados por altos, por una inexplicable y generalizada aceptación de las cifras. Uno de los puntos nunca tocados es el hecho de que en el campo colombiano se produjo una reestructuración que tuvo como fundamento la pérdida de cerca de 800 mil hectáreas de cultivos transitorios entre el 90 y 97 (ver Balcazar, 1998) gran parte de ellos de economía campesina.

Esta pérdida se ha dado por un modelo económico que no permitió la esperada reconversión sino que se tradujo en desplazamiento económico. Adicionalmente a esto, no ha ocurrido nada que haga pensar que los flujos migratorios rural-urbano de Colombia hayan tenido que cambiar después de principio de los años ochenta. En síntesis, nadie cuestiona un modelo de economía rural expulsador, nadie hace nada por revertir este modelo, es más se profundiza (ejemplo palma). En cambio todos le echamos la culpa a la guerra, buscamos soluciones de guerra, y al tiempo se profundiza el mismo modelo expulsor de población. Es cierto que hay desplazamiento por la violencia, pero, al tiempo, hay una enorme confusión de cifras, de causas y de soluciones.

Cada puesto de trabajo que se pierde en el campo es un combatiente que gana la guerra

Hay un enorme problema de cifras en esto de la competencia entre ser trabajador rural en economías legales o en la guerra. En el campo colombiano viven cerca de 11 millones de personas, cerca de 5 millones de ellos trabajan. Se estima que en armas hay cerca de 30 mil combatientes. 

¿Qué significa este contraste de cifras? Sería más fácil afirmar que cada empleo que se pierde en el campo es un desplazado, no de la violencia de balas, sino de una violencia económica. No caben los damnificados de un pobre desempeño de la economía en las huestes de la guerrilla y el 

paramilitarismo sumados. Menos aún en las filas de las mafias. Así que aquí estamos al frente de una confusión más, donde la aritmética no va de la mano de los discursos.

Los campesinos, en particular los jóvenes, viven el dilema de la pobreza o la guerra

Las cifras que se manejan sobre la guerra no coinciden con las frases que se logran construir sobre ella. Uno de los más dramáticos ejemplos es el que dice que la guerra se alimenta de jóvenes desempleados, desesperanzados y olvidados por el Estado. En el caso de Cundinamarca un estudio 

arrojó la dramática cifra de 120 mil jóvenes que no tenías estudio ni trabajo. Sin embargo no hay más de 3.000 combatientes en este territorio. La guerra no es una opción para los jóvenes, más que para una pequeña porción de ellos, a pesar de que se conocen los atractivos incentivos que los 

aparatos militares les ofrecen.

Los cultivos ilícitos son la base del problema rural colombiano

No hay proporcionalidad entre la importancia que se le asigna al problema de los cultivos ilícitos y su peso en las estrategias de desarrollo rural y en la aplicación de recursos. En Colombia hay cerca de 4 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y cerca de 24 millones en ganadería. Frente a 

esto tenemos alrededor de 100 mil hectáreas en cultivos ilícitos, es decir el 0,36% del área explotada.

No hay mucha diferencia en términos del total de la mano de obra dedicada a este negocio. Es innegable el tremendo impacto que esto tiene en los territorios donde se produce y en la economía nacional, pero de allí, a que sea considerada la primera prioridad del desarrollo rural de Colombia, solo se explica por el énfasis militar que el campo tiene en las políticas gubernamentales, además de que esta es una prioridad para Estados Unidos, más que para Colombia.

Varios mitos acompañan esta contraevidente postura. Uno es que los campesinos que se quiebran se dedican a sembrar coca y amapola, las cifras lo niegan contundentemente. Otro es que la ausencia del Estado y la pobreza hace que pobres colonos y campesinos no tengan otra alternativa que sembrar cultivos de uso ilícito, lo cual se estrella con las evidencias de que en las zonas de conflictos ilícitos hay muchos campesinos "flotantes" migrantes de otras zonas rurales o, inclusive, urbanas, que buscan una aventura temporal de acumulación rápida en las actividades asociadas al cultivo de ilícitos. Los campesinos colombianos no son cultivadores de ilícitos, ni lo serán. 

Los productos de alta rentabilidad son la solución al problema rural

La tradición de una política pública para el campo de carácter rentístico, lejos de aminorarse ante las evidencias de su ineficacia, se ha visto reforzada con el argumento de que es necesario generar crecimiento e inversión en el campo, especialmente en el sector agrícola. Para ello ha hecho carrera 

la idea de que es necesario identificar aquellos sectores de mayor potencial competitivo y de más alta rentabilidad. Ejemplo clásico, la palma africana.

Se ha comprado la idea de que es necesario apoyar, proteger y subvencionar aquellos sectores en los cuales los empresarios puedan demostrar 

que son rentables, eficientes y competitivos. Una contradicción si se piensa que son estos productos precisamente los que no necesitan ayudas del Estado, pero lo importante de esto es que no se habla de las retribuciones que estos sectores tienen sobre el logro de metas de bienestar, convivencia, 

sostenibilidad, es decir sobre el desarrollo.

Contrario a la conclusión que el neoliberalismo radical sacó de años de experimento, según la cual el crecimiento es necesario, pero no suficiente, en Colombia seguimos insistiendo en que la sóla rentabilidad privada puede ser una fórmula para sacar adelante el campo. Sin considerar los beneficios indirectos de la actividad económica es un mito que sectores competitivos y rentables sean la única condición para sustentar una estrategia de desarrollo adecuada para la realidad del campo colombiano. 

Colombia es un país urbano

La población rural en Colombia se estima alrededor del 26% del total. Esta cifra expresa una de las más precarias definiciones de ruralidad del continente. Oficialmente se ha establecido que la población urbana es aquella que resida donde el alcalde tenga su despacho y el resto, son resto, es 

decir son rurales. De los 1050 municipios de Colombia, cerca de 950 tienen poblaciones "urbanas" menores de 5.000 habitantes, esto es 

menos que un barrio de Bogotá.

Solo 85 ciudades superan los 100 mil habitantes. Pero más allá de las cifras demográficas, la base económica de todos esos centros "urbanos" son estrechamente dependientes de actividades primarias de tipo rural. En los análisis realizados por al Misión Rural se estimó que el 52% de la 

población colombiana residía en territorios dependientes de actividades primarias. Pero esto es sólo el principio, porque si se introducen 

consideraciones de tipo cultural, político e institucional, es fácil ver la precariedad de esta definición urbano rural. Más allá, está la definición de 

demográfica que caracteriza la distribución espacial de la población, la dicotomía rural urbana, mal definida y mal calculada, ha resultado inútil, cuando menos, al momento de definir políticas coherentes y eficaces. 

La sociedad colombiana es una sociedad violenta

Cuanto énfasis hemos puesto en la necesidad de empujar la convivencia, la reconciliación, la pacificación de una sociedad llamada a la confrontación y a la incapacidad de encontrar soluciones civilizadas y pacíficas a sus conflictos. Sin embargo hay contraevidencias en nuestra vida y nuestra historia. Pocas sociedades en los últimos tiempos han estado sometidas a tal presión, o instigación, hacia un conflicto violento, hacia una guerra civil.

El permanente hostigamiento de comunidades rurales, la arrogante actitud del poder de la fuerza, la violencia económica, la precariedad en el respeto a los derechos humanos, la pobreza, la falta de presencia legítima del Estado y la inconcebible impunidad, no han sido suficientes para que la chispa de la guerra civil, para que la anarquía violenta, para que el saqueo y el desborde de cualquier orden se haya apoderado de nuestra sociedad rural. Por el contrario, en un marco de desprotección, que parece desamparo, nuestras comunidades rurales, mayoritariamente, han encontrado costosísimas formas de convivir con la locura de las mafias de la muerte. Han encontrado formas de solidaridad, han construido tejidos sociales de protección, han optado por una resistencia pacífica, han optado por una fe sin soporte en una institucionalidad que no llega, han optado por sistemas de autorregulación, ante la ausencia de estructuras legítimas de seguridad y justicia.

Las cifras son contundentes, sólo una de ellas, deja sin sustento la idea de que los colombianos tenemos el mal congénito de la violencia, se trata de las cifras de la denominada "violencia civil" que no se aleja en forma importante del resto de América Latina, a pesar de que nuestros niveles de impunidad son mucho más altos que los de ellos.

Exportar o morir

El plan de desarrollo del anterior gobierno, se fundamentó en la idea de que el despegue de la economía colombiana estaba en los mercados externos. Al leerlo era evidente que el centro de atención del desarrollo económico estaba en las exportaciones y se proponían metas heroicas para 

duplicar las exportaciones de Colombia.

El discurso muchas veces se parece al de países como Costa Rica que su futuro está condicionado totalmente al mercado externo, en primer lugar, por el  tamaño de su mercado interno. Colombia es diferente. Tiene un amplio mercado interno, el cual es descuidado torpemente. Este punto es interesante porque se une al tema de la pobreza. Si una economía quiere crecer debe preocuparse por su demanda agregada, si hay mucha pobreza esta no 

será grande, por tanto cuando no podemos hacer con hacerla crecer, lo buscamos afuera.

Es innegable la importancia de los flujos externos, pero de allí a creer que son más importantes que los mercados internos hay un gran trecho que se contradice con los hechos y las cifras. Un ejemplo, la Miller inglesa no compró una fábrica de cerveza, compró el mercado colombiano de la cerveza, eso es lo que costó 8.000 millones de dólares. 

La reforma agraria es la solución a la pobreza rural

Uno de los más graves problemas del mundo rural colombiano es la estructura agraria, es la triste historia de una reforma nunca realizada. Hoy las 

cifras indican una contrarreforma, que suena a mal chiste, de una reforma nunca realizada. No podemos negar que la tierra como factor productivo es la base de una economía rural y agraria, pero la experiencia nacional e internacional, ha demostrado que no es la única.

El verdadero problema económico asociado a la reforma requerida es el del acceso activos productivos, sin los cuales la tierra no garantiza más que la profundización de condiciones de marginalidad y pobreza. La tierra tiene múltiples funciones en la consolidación de un desarrollo sostenible, es multipropósito, como dirían los entendidos. De la mano de la estructura de tierras están atados los intereses ambientales, políticos, culturales, la tradición, la identidad, la sociedad rural como un todo. México es un buen ejemplo de una reforma profunda que tiene hoy enormes réditos políticos y precarios logros económicos.

Sin el reparto de Cárdenas, México no hubiera logrado nunca consolidar una sociedad con una estructura política, precaria, pero estable. Perú es otro buen ejemplo de los pobres resultados económicos de una reforma agraria de amplio alcance. Pero no hay que ir lejos. En Colombia la evaluación 

realizada sobre las tierras de reforma agraria, la de verdad, no la de titulación de baldíos, que llegó al millón y medio de hectáreas, es patética. En su enorme mayoría no significó la redención de la población rural.

En síntesis, la reforma agraria es un tema que por sus alcances, su importancia, su impacto estructural sobre la sociedad, no puede verse como un tema económico, aún su propósito sea tan noble como solucionar el problema de ingreso de los pobres. 

El principal problema rural colombiano es la violencia

La incidencia de la violencia, la guerra, el terrorismo, la economía ilícita en el territorio colombiano ha sido motivo de no pocas exageraciones y de generalizaciones indebidas y poco sustentadas. Se asume que la gran mayoría de la población rural está sometida al fuego cruzado de los actores 

armados, a la intimidación, al chantaje, a la extorsión. Se asume, igualmente, que toda la población depende de los dictados y mandatos de ilegítimos comandantes cuya única razón es la fuerza más bruta de todas, la fuerza de oscuros intereses.

Este panorama está en la base de la creencia generalizada, mayoritaria, de la sociedad colombiana de que lo que se necesita es una guerra 

abierta en contra de todo este andamiaje del mal. Sin embargo, las cifras, cuidadosamente analizadas nos muestran un panorama bastante diferente. La guerra es localizada, especialmente en zonas de baja densidad poblacional, La capacidad de desestabilización de los actores en armas es 

muy alta, pero es muy limitada su capacidad para ejercer en forma permanente su presencia y atropellos en la mayor parte del territorio nacional. No hay ninguna posibilidad real de que la insurgencia, o su contra-cara, el paramilitarismo, puedan controlar efectivamente el territorio nacional, ni siquiera sus áreas estratégicas. El campo colombiano está claramente afectado por la guerra y la violencia ciega, pero este problema no es mayor que la falta de institucionalidad, que la falta de infraestructura, que la corrupción, que la falta de salud, de educación o de tierra.

Creer que solucionando el lío de los actores violentos se llegará al paraíso rural, es una ingenuidad que solo se sustenta en la misma fuente donde beben los que creen que en Colombia no hay causas objetivas de la guerra. 

Mayor concentración de la autoridad y el poder significan mayor gobernabilidad

De la mano con estas visiones, se ha impuesto en Colombia la idea de que lo único que faltaba era una mano dura que lograra recuperar la gobernabilidad en manos del Estado legítimo. Esta es una afirmación que ha estado en la base de todos los autoritarismos conocidos en la historia. En una proyección de largo plazo, esta idea incuba una de las más grandes crisis para la democracia colombiana. Nadie puede negar la crisis de la democracia, la precariedad de sus partidos, las dificultades de avanzar en la descentralización, pero tampoco se puede negar que ese camino se ha 

intentado recorrer y que Colombia ha sido vanguardia en la intención de construir un proceso de acuerdos, de contratos, para hacerlo. El proceso que desembocó en la Constitución del 91 son expresión de ello. Pero esta es una construcción lenta y difícil en la que no caben los atajos, como el 

que se quiere ahora imponer.

Las instituciones, pobres es verdad, que nos empeñamos en construir, fortaleciendo la civilidad, los poderes locales, la participación, las regiones, en fin, en el esfuerzo de hacer una sociedad más democrática, se sacrifican en aras de crear un poder que resulta ser peor que le enfermedad. Los, dudosos, triunfos de corto plazo, son demasiados costosos si con ello se sacrifica la institucionalidad de largo plazo. Simplemente no es sostenible. Las dictaduras de América Latina o las democracias "duras" como la del Perú de Fujimori, son palpables ejemplos de la absurda relación costo beneficio final.

Colombia se paramilitarizó

Uno de los problemas que tiene mayor capacidad de corroer las instituciones democráticas es el proceso paramilitar que ha vivido Colombia. Su presencia en sitios estratégicos y su capacidad de desestabilización que se remonta a los "pájaros" de los años cincuenta, sigue con las oscuras 

organizaciones que acabaron con la Unión Patriótica y terminan en verdaderos ejércitos de las AUC, son hoy una válida preocupación de toda la sociedad colombiana. Sin embargo, no es posible afirmar que Colombia haya sido paramilitar, ni antes ni ahora.

La idea de que el Estado colombiano haya sido tomado por las hordas paramilitares, que estas sean una extensión de las fuerzas armadas colombianas es una afirmación que no tiene sustento en las evidencias. Mucho nos separa del régimen guatemalteco de los ochenta o de la Bolivia de los setenta y ochenta. Los procesos de negociación con el paramilitarismo, su verdadera capacidad de influencia y que tan determinantes son en el futuro político de Colombia son parte de un preocupante privilegio del discurso sobre las cifras. 

No hemos tenido política rural de Estado en Colombia

El modelo de ocupación del territorio en Colombia en la segunda mitad del siglo XX respondió a múltiples factores, entre los que pesaron en forma 

contundente y efectiva, las estrategias definidas en una política compleja que incluyó el desarrollo de un sistema financiero que favoreció el flujo de excedentes rurales para el financiamiento del desarrollo urbano, la protección a la industria que cambió drásticamente los términos de intercambio 

entre agricultura e industria, favoreció la migración rural urbana y permitió diferentes esquemas de despojo, la puesta en práctica de un modelo de 

sustitución de importaciones que favoreció concientemente la industrialización y la agricultura comercial. 

En fin, un conjunto de estrategias que establecieron consistentemente un modelo de nación con un imaginario donde lo urbano se consideró moderno y lo rural premoderno. Todo esto es una estrategia de Estado, no el resultado espontáneo de las fuerzas económicas y sociales. 

El sector rural vive de la agricultura

Si se revisan las estrategias y políticas, los discursos y programas para el medio rural, es fácil advertir que están dominadas por una visión agrícola. Esto se contradice con el hecho que en el sector rural colombiano (según definición oficial) el 53% del ingreso de su población proviene de actividades no agrícolas, en su mayoría no ligadas a la denominada agricultura ampliada. Esto indica que si bien la agricultura sigue siendo sector estratégico de cualquier modelo de desarrollo rural, no considerar el resto, es un claro desatino. Pero más allá de esto, hay una mala contabilidad de la 

economía rural.

Un claro ejemplo es la ausencia de una verdadera valoración, e incorporación a las cuentas rurales, del patrimonio ambiental y de los servicios ambientales que de ellos se desprenden. El agua es un buen ejemplo de un componente sustancial de la economía rural que no aparece en 

los registros de las políticas rurales. 

La pobreza es un problema de ingresos bajos

Se ha impuesto una medición de la pobreza basada en el ingreso, la denominada línea de pobreza. Esto indica que a la medición subyace una definición de pobreza que establece que es pobre aquel que consume poco, en términos monetarios y en mercados reales. Un ejemplo es el caso de 

Panamá donde el 99% de los indígenas panameños es pobre, según las cifras oficiales que aplican esta metodología, ser indígena es ser pobre en Panamá. Sin embargo la pobreza es un tema más complejo que el ingreso de 2 dólares diarios.

La pobreza es un problema de bienestar, de derechos, de reconocimiento, de cultura, de poder político. En síntesis, la pobreza es un tema que sólo puede ser sometido a la simpleza de la definición de línea de pobreza, en aquellas sociedades donde su meta máxima es el consumo, cosa que no es evidente en nuestras sociedades rurales. Hay una economía del mercado y otra economía de la vida, es posible que allí se deba buscar una forma de 

replantear las metas del desarrollo y, por tanto, una redefinición de la pobreza y, en consecuencia, una nueva forma de ser interpretada y medida. 

Conservar y preservar el patrimonio ambiental o lograr desarrollo

El tema ambiental no se incorpora en forma clara al tema del desarrollo rural, a pesar de que las convenciones de biodiversidad, de cambio climático y de desertificación, emanadas de la cumbre de Río, han sido contundentes en identificar este nexo. La sostenibilidad y el desarrollo, como una 

dicotomía, ha dado paso a los discursos de desarrollo sostenible, donde el tema no es el de conservar o depredar, sino que se entiende el tema de la gestión, administración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Allí hay una fuente inexplorada de soluciones al desafío rural.

FUENTE: http://www.misionrural.net/publicaciones/articulos/MITOS_EN_TORNO_AL_MEDIO_RURAL_COLOMBIANO.pdf