Pese a objeciones, Acuerdo de Escazú se sigue abriendo paso en el Congreso

Este jueves se cumplió una audiencia pública sobre el Acuerdo de Escazú, donde se oyeron voces a favor y en contra pero donde una de las ponentes del proyecto, la representante Carolina Giraldo, del Partido Alianza Verde, anunció que presentó ponencia positiva para seguir con el debate.

Cabe recordar que la ratificación o no del Acuerdo está en manos del Congreso que ya lo aprobó tanto en comisión como en plenaria del Senado y ahora solo falta el trámite en la Cámara de Representantes.

El Acuerdo tiene 4 pilares básicos: Acceso a la información, a la participación pública, a la justicia en asuntos ambientales, y la protección a defensores de derechos humanos en temas ambientales. Aunque todos están de acuerdo en estos temas, el problema está en la pérdida de soberanía que ello representa.

De acuerdo con lo expuesto por el representante Luis Miguel López Aristizábal, del Partido Conservador Colombiano aún persisten inquietudes y en especial de los gremios. “Como gobierno y como congresistas estamos llamados a brindar tranquilidad y no incertidumbre y por eso es necesaria una acción. En la comisión segunda se debe dar el debate de manera sensata”, señaló.

El país ha dado fuertes luchas en materia de soberanía, por ejemplo en la parte alimentaria o en la comercial entonces por qué no pensar en esta oportunidad también en la ambiental porque hay incertidumbre en el sentido que se están cediendo competencias soberanas del país, manifestó el congresista. (Lea: ¿Sabe usted qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afectará a la ganadería?)

Sostuvo que hay que fortalecer la actuación que debe tener el gobierno en materia ambiental, la herramienta está en el gobierno y no tanto en el Acuerdo de Escazú.

“Colombia es un gran aportante al mundo entero de oxígeno en materia ambiental por toda la biodiversidad que tenemos y quisiera hacer un llamado al gobierno porque he escuchado que nosotros como país deberíamos cobrar por el medio ambiente, por lo que aportamos en oxígeno al mundo entero y que la comunidad internacional reconozca eso y nos apoye”, indicó.

Señaló que el Acuerdo de Escazú no le da recursos al país, “entonces cómo vamos a fortalecer la lucha ambiental, más bien se debe consolidar toda la información ambiental y se buscaran los mecanismos para que más bien se reciban recursos internacionales para proteger verdaderamente el medio ambiente”, planteó.

Por su parte, Roberto Bruce, vicepresidente de Fedegán y a nombre del Consejo Gremial, manifestó que Colombia dentro de su normatividad actual ya cuenta con suficientes mecanismos que garantizan la participación ciudadana y el desarrollo de proyectos que cumplen con las más estrictas medidas ambientales.

Es por ello que con la ratificación del Acuerdo de Escazú podrían incluirse nuevos instrumentos de diálogo, incompatibles con los existentes o tan exigentes que resultan incumplibles. (Lea: Vuelve a debate el Acuerdo de Escazú en el Congreso)

Incluso pueden llevar a situaciones insolubles respecto del adelantamiento de proyectos de interés nacional, desincentivar la inversión que tanto necesita el país y frenar la moderada senda de crecimiento y recuperación en la que nos encontramos.

Bajo el marco jurídico vigente la garantía de la protección al medio ambiente está ampliamente definida mediante licencias, permisos ambientales, planes de manejo ambiental, guías ambientales, etc.

De igual forma el relacionamiento público-privado se hace a través de veedurías ciudadanas y consultas previas, entre muchos otros mecanismos.

El acceso a la información pública se encuentra garantizado mediante el derecho de petición y sistemas de información disponibles en las entidades públicas recientemente reforzados con la ley de la transparencia de la información.

En esta medida sería conveniente que el Congreso analizara la suficiencia de la normatividad actual y con base en ella dirigiera sus esfuerzos en afinar los mecanismos de protección de derechos existentes en procura de lograr un justo equilibrio entre la participación de la comunidad, la protección del ambiente y el ejercicio de la actividad económica. (Lea: Otra vez Escazú)

Si bien el Acuerdo tiene un loable objetivo, genera inquietudes en cuanto al alcance de su redacción en relación con su incompatibilidad y/o redundancia con el ordenamiento jurídico vigente y en punto a su utilidad de cara al desarrollo de proyectos de todo tipo que resultan necesarios en el marco de una situación económica crítica como la que vivimos en la actualidad.

Entre tanto, la vicepresidenta de la SAC, Paola Tamayo, llamó la atención en el efecto que esto tendría en la producción alimentaria. La autoridad ambiental en el país se ha vuelto una barrera a la producción, no genera una iniciativa y un puente para que los productores puedan cambiar sus buenas prácticas y acoger una producción más sostenible.

Se le da mucha importancia al Acuerdo de Escazú pero desde la SAC lo que se quiere es que se revise la aplicación de la ley ambiental en Colombia, se le debe garantizar a los agricultores un entorno para la producción rentable y sostenible, que las leyes ambientales sean claras. 

A su vez, el viceministro de ambiente, Francisco Javier Canal, aseguró que es evidente la ratificación del Acuerdo en pro de gestionar la sostenibilidad ambiental, social y económica de los territorios. Es la mejor oportunidad para garantizar la consolidación de los derechos de acceso a la gestión ambiental.