La Policía, primera instancia para lograr desalojo de precios invadidos

“La ley colombiana desde hace décadas permite que el poseedor de una tierra que sea invadida puede directamente, sin intermediación de alcaldes o de gobernadores o del presidente, ordenarle a la Policía el desalojo”.

Con estas palabras el presidente Gustavo Petro explicó qué hacer en caso de una invasión de predios como tantos que se han dado desde el momento que se conoció su victoria como presidente en julio pasado.

Aclaró que para proceder se debe tener el título de la propiedad, aunque se han presentado casos donde los invasores también llegar con un documento que los acredita como propietarios y entonces la Policía no puede hacer nada hasta que se conozca quiénes son los legítimos dueños.

Estas declaraciones, sin embargo, son contradictorias con las de otros miembros del gobierno que vienen promoviendo el diálogo sin dejar que la fuerza pública ejecute su labor y esperando que el problema se resuelva de esta manera.

La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación por la falta de acción que los funcionarios de la entidad estaban percibiendo de parte de la Fuerza Pública. “Estamos observando que se están quedando quietos. No sabemos las razones. Necesitamos más rapidez y más eficiencia”, manifestó a Blu Radio. (Lea: Frente a la invasión de tierras…, solidaridad)

Añadió que se abrieron investigaciones a funcionario en diferentes puntos del país que estarían ayudando a la invasiones de predios por parte de estructuras delincuenciales que estarían buscando vender diferentes zonas o tierras.

Según una nota de la revista Semana, desde que se conoció las victoria de Petro, en el Cauca centenares de indígenas desplegaron toda una estrategia para hacerse con predios de tierra plana en los municipios de Corinto, Caloto, Guachené y Miranda. A ello hay que sumarle que el presidente nombró como director de la Unidad de Restitución de Tierras a un promotor de las invasiones como es el indígena del Cauca Giovani Yule.

Aunque esto ha pasado en el Cauca no se puede olvidar que el problema abarca diferentes departamentos del país donde se espera una solución a esta problemática.

Por su parte, en una nota de Vanguardia Liberal, se indica que de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en lo que va corrido del año se han recibido 659 denuncias en total, de las cuales 124 corresponden al delito de usurpación de tierras.

Así mismo, desde enero pasado se ha reportado la captura de 159 personas por el delito de usurpación de tierras y de 109 por invasión ilegal de tierras.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, tiene cifras diferentes sobre el fenómeno. La entidad ha identificado 108 casos de invasión de tierras, registradas en Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, pero señala que alrededor de 6.000 familias estarían ejerciendo la ocupación de predios rurales en distintos puntos del territorio nacional. (Lea: Fiscalía designa grupo especial itinerante para investigar invasiones de tierras)

Aunque en un principio los ministros de Agricultura, Cecilia López, y Defensa, Iván Velásquez, dieron un plazo perentorio de 48 horas para poner fin a las ocupaciones, Velásquez le restó luego fuerza al ultimátum al manifestar que después de las 48 horas era necesario contar con orden judicial para hacer el desalojo.

Esto ha provocado que en muchas de las invasiones se superen las 48 horas y se mantengan los ocupantes ilegales allí hasta que se dé la orden, mientras tanto el propietario va perdiendo ingresos al no poder producir no seguir con sus actividades normales.

De acuerdo con lo señalado por Semana las denuncias por hechos de invasión de tierras en diferentes departamentos del país ya fueron recibidas por la Fiscalía que abrió una investigación para determinar la responsabilidad de personas y la posible comisión de actos delictivos en las invasiones.

El propio fiscal Francisco Barbosa advirtió que un equipo de investigadores estará atento a revisar la situación y tomar las determinaciones del caso.

Barbosa aseguró que sumaron una serie de denuncias radicadas en el ente acusador y los fiscales itinerantes estarán en los territorios para recaudar el material probatorio necesario en los procesos de judicialización que, por consiguiente, podrían incluir la captura de personas que promovieron esa invasión de tierras. (Lea: Contraofensiva ante la invasión de tierras articulan Policía Nacional y ganaderos)

Diferentes entidades también se sumaron a las investigaciones y los reclamos a las autoridades departamentales para poner en acción medidas tendientes a evitar la invasión de tierras por cuenta de personas que aseguran actuar en nombre del Gobierno nacional. Los procesos incluyen verificaciones en terreno de lo que puede estar ocurriendo y la forma en que deben actuar las autoridades para frenar esta invasión.