Ley de sometimiento, beneficios para grupos criminales en Colombia advierten analistas

Un nuevo proyecto de ley del gobierno de Gustavo Petro genera polémica en el país y en esta ocasión se trata del sometimiento a la justicia de grupos criminales.

La iniciativa plantea una serie de beneficios para las bandas que se acojan a la justicia, entreguen los bienes y se comprometan a dejar atrás las acciones delincuenciales.

Entre los aspectos controversiales está el de las sanciones que recibirían los integrantes de esas organizaciones. Según el borrador del proyecto,los altos mandos de las estructuras criminales recibirían beneficios de rebaja de pena de hasta el 60 %, que tendrían que pagar en un centro carcelario en la etapa inicial.

Según La W Radio los altos jefes recibirán beneficios pero deben cumplir por lo menos la cuarta parte del tiempo de su condena privados de la libertad en centros de reclusión. Después podrán tener progresivamente permisos de salida de 72 horas. Luego cuando cumplan dos quintas partes de la condena podrán pedir salidas de 15 días cada 2 meses y cuando hayan cumplido la mitad de la condena podrán ser trasladados a prisiones comunitarias que son centros de reclusión más leves en seguridad y disciplina y estarán ubicados en sus sitios de arraigo, es decir los lugares donde han vivido.

El tratamiento para la tropa es mucho más benigno. Dice el proyecto que quienes hayan incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir, utilización de uniformes, uso ilícito de equipos de comunicación y porte ilegal de armas, pasaran entre 4 y 5 años en programas especiales de reinserción. (Lea: 10 delitos de los que son víctimas los ganaderos del país)

Dice el proyecto también que se reformará el código penitenciario para buscar la descongestión de las cárceles y la humanización de la pena.

Además, otro de los aspectos más controversiales del proyecto es un beneficio llamado “Entrega anticipada de bienes”. Señala que en cualquier etapa del proceso antes de la condena, el procesado hará un listado de los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación con las actividades ilícitas y que por eso podrá “conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración”.

Según la emisora esto va a causar controversia porque puede prestarse a que los procesados afirmen que una parte de sus bienes no son producto de actividad ilícita, terminen lavados y se queden con ellos; y, por otro lado, por la conservación de un porcentaje de los bienes ya aceptados como ilícitos.

Esto se da precisamente en momentos en que el país vive un proceso de invasión de tierras para quienes estando dentro de la legalidad los han adquirido, mientras que los delincuentes van a poder quedarse con parte de los mismos, por someterse a la justicia.

Para el abogado penalista, Jaime Granados, “el tema está es en los detalles y que no se preste para ocular bienes, hasta ahora el Estado no ha mostrado capacidad para encontrar esos bienes”. (Lea: Esta es la herramienta para denunciar hechos de inseguridad ganadera)

El abogado Iván Cancino también se pronunció sobre este punto. “La mayoría de las personas que son sometidas a extinción de dominio están peleando por su inocencia dentro de un proceso penal que son los delitos que derivarían después. Si se plantea bien, va a funcionar porque la persona va a reconocer los delitos y le queda mejor entregar la lista de lo que adquirió y quedarse con un porcentaje que hoy la ley lo permite”

En la misma emisora el abogado penalista Miguel Ángel del Río, le preocupa “las ambiciones oscuras” de los grupos armados. “No creo en este tipo de acuerdos porque lo que hacen las organizaciones criminales es rearmarse y reincidir, es muy complejo que las organizaciones pongan un listado de bienes, lo que les interesa es legalizar los bienes adquiridos y que sean otros actores de disidencias los que continúen con el negocio criminal”, dijo.

Añadió que “la paz total no puede ser el ejercicio de la impunidad”.

A su vez, el exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Oswaldo De la Espriella, indicó que “una lucha estatal contra el crimen necesitaba ser negociada, pero me parece que extender ese tipo de gabelas, es sacrificar la legitimidad estatal por un propósito que, desde mi punto de vista, no está muy claro”.

Así mismo y en otra clara muestra de ceder a las pretensiones de dichos grupos delincuenciales el presidente Petro anunció que en los próximos días se hará un cese al fuego multilateral, es decir, con todas las organizaciones criminales que así lo quieran.

En diálogo con La FM, el exministro de defensa y excomisionado de paz, Rodrigo Rivera, manifestó que "poner todos los huevos en una misma canasta en la credibilidad y de las buenas intenciones es por lo menos ingenuo,el gobiernodebe tener instrumentos duros para lograr que esas intenciones que se traduzcan en hechos concretos que introduzcan el cese al fuego y la paz a las comunidades". (Lea: Fedegán y Carabineros ponen en marcha plataforma tecnológica contra el abigeato)

Con respecto a los miembros de los grupos armados con los que se ha adelantado conversaciones, el exministro indicó que "hay que recordar queno estamos tratando con angelitos, sino con miembro de organizaciones criminales".