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Por CONtexto ganadero - 26 de Mayo 2023
Sacrificaba a gran escala y en precarias condiciones de salubridad, ganado vacuno y porcino, causando adicionalmente un grave impacto ambiental.
Un equipo especializado, conformado por peritos y unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, llegó al lugar y comprobó que efectivamente se estaba sacrificando a gran escala y en precarias condiciones de salubridad, ganado vacuno y porcino sin los permisos de ley.
En las verificaciones fueron encontrados: 44 cerdos, 24 vacas y un búfalo; y se incautaron cerca de tres toneladas de carne.
Se evidenció que estos mataderos ilegales no solo estaban operando en una Zona de Reserva Campesina, donde está prohibido el desarrollo de labores industriales, sino que también estaban causando un grave impacto en el medio ambiente y la biodiversidad de la zona. Uno de los efectos más perjudiciales de estas actividades ilegales fue el deterioro del suelo, que se vio afectado por el abandono indiscriminado de pieles, cascos y otras partes de los animales sacrificados. Este mal manejo de los desechos provocó una aceleración en el proceso de pérdida de vegetación y erosión en la zona, generando un daño irreversible al ecosistema local.
Además, se descubrió que los mataderos no contaban con un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado. Como resultado, los desechos líquidos de la actividad terminaban en las quebradas y ríos cercanos, contaminando el agua y poniendo en riesgo la salud de la fauna y las comunidades locales que dependen de estos recursos hídricos.
La presencia de aves de carroña, insectos y los malos olores generados por la descomposición de los restos animales también constituían un problema adicional para el entorno y las personas que habitaban en las cercanías de los mataderos ilegales. Estas condiciones insalubres afectaban la calidad de vida de la población local y representaban un riesgo para la salud pública.
El impacto negativo de estos mataderos ilegales iba más allá de los aspectos ambientales y de salud. Estos operaban en un corredor ecológico utilizado por especies silvestres, como el manatí, que se encuentran en peligro de extinción. La presencia de estas instalaciones en una zona destinada a la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible representaba una grave amenaza para la supervivencia de estas especies y su hábitat natural.
Como resultado de este importante operativo, nueve personas fueron capturadas en flagrancia, incluyendo a los propietarios de los mataderos, Juan Carlos León Cuellar y Luis Alfredo Melgarejo Blanco, así como a Lino José Hernández Páez, uno de los administradores. Estos individuos fueron presentados ante un juez de control de garantías por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
La fiscalía imputó a los detenidos los delitos de contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Estas imputaciones reflejan la gravedad de los actos cometidos y la importancia de proteger los recursos naturales y el medio ambiente de la región. La contaminación ambiental causada por los mataderos ilegales y la corrupción en la cadena de suministro de alimentos representan una violación de los derechos humanos y un ataque directo a la salud pública y la sostenibilidad del ecosistema.
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