Informe ONU: en 2026 Colombia tiene 185 municipios en riesgo y más de 8.400 desplazados

Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas advierte que, en plena transición electoral, aunque hay avances en tierras y participación política, la inseguridad en zonas rurales amenaza la producción agropecuaria y el futuro del desarrollo territorial. La organización insiste en la necesidad de profundizar la presencia del Estado en el campo y acelerar la ejecución de las políticas acordadas.

Un reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia concluyó que la paz avanza en lo institucional, pero no logra consolidarse en los territorios rurales donde se desarrolla la actividad productiva.

En 2026, el país muestra elecciones mayoritariamente pacíficas, avances en la reforma agraria y miles de excombatientes en proceso de reincorporación; sin embargo, en amplias zonas del campo persisten la violencia, el control de grupos armados y las economías ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

De acuerdo con la ONU, Colombia mejora en sus indicadores formales, pero en el territorio, especialmente el rural, la guerra no ha desaparecido.

Este contraste se evidencia en el proceso electoral. Aunque las elecciones legislativas transcurrieron sin mayores alteraciones y con participación superior al 50%, el mismo informe advirtió que 185 municipios enfrentaron riesgos de seguridad y posibles irregularidades, un incremento del 92% frente a 2022.

La mayoría de estos municipios coincide con zonas rurales donde la presencia del Estado sigue siendo limitada y donde la actividad agropecuaria enfrenta mayores restricciones.

La situación de seguridad refuerza esa brecha. En los primeros meses del año se registraron más de 8.400 personas desplazadas y miles confinadas en regiones estratégicas para la producción rural. A eso se suma que, según Indepaz, en lo corrido de 2026 ya se han registrado 37 masacres: 13 en enero, 9 en febrero, 13 en marzo y 2 en abril, además de 145 asesinatos en 17 departamentos y 35 municipios.

Suma también un indicador crítico señalado por la ONU: 491 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Muchos de ellos participaban en procesos productivos rurales, lo que evidencia que la violencia no solo persiste, sino que golpea directamente los esfuerzos por consolidar economías legales en el campo.

¿Se puede trabajar en la tierra?

El informe destacó avances importantes en la reforma rural, uno de los pilares del acuerdo. Más de 323.000 hectáreas han sido entregadas y cerca de 3,9 millones formalizadas, lo que representa un progreso significativo en el acceso a la tierra y una oportunidad para sectores como la ganadería.

Sin embargo, Naciones Unidas advirtió que estos avances no se traducen automáticamente en desarrollo productivo. La falta de seguridad, infraestructura y acompañamiento institucional limita el aprovechamiento de los predios. En algunos casos, beneficiarios han tenido que abandonar las tierras adjudicadas por amenazas o hechos de violencia, lo que pone en evidencia la fragilidad del proceso en el terreno.

Para el sector ganadero, el panorama descrito implica un entorno de alta incertidumbre. El informe señaló que las economías ilegales continúan siendo uno de los principales motores de la violencia en zonas rurales.

Regiones con vocación agropecuaria siguen siendo escenario de confrontaciones armadas, lo que impacta la inversión, la logística y la estabilidad de las cadenas productivas.

El mapa, incluido en la página 17 del informe, expone cómo muchas de las zonas priorizadas para la implementación del acuerdo coinciden con áreas de alta conflictividad, evidenciando que la paz aún no logra consolidarse donde más se necesita.

Además, más de 11.000 excombatientes participan actualmente en procesos de reincorporación, muchos de ellos vinculados a proyectos rurales que podrían integrarse a la economía agropecuaria.

No obstante, el informe subrayó que la sostenibilidad de estos proyectos enfrenta obstáculos como el acceso limitado a tierra en algunos casos, dificultades de financiación y, sobre todo, condiciones de seguridad adversas.

En sus conclusiones, Naciones Unidas señala que Colombia es hoy un país más pacífico que antes de la firma del acuerdo, pero advirtió un deterioro de la seguridad en varias regiones donde la implementación ha sido insuficiente.

La organización insiste en la necesidad de profundizar la presencia del Estado en los territorios rurales y acelerar la ejecución de las políticas acordadas.

Además, en el contexto de las elecciones presidenciales, el informe hizo un llamado a garantizar la seguridad de candidatos, comunidades y actores políticos, subrayando que la violencia sigue siendo un riesgo para la democracia y el desarrollo.