Sea lo primero recordar a mis lectores que siempre apoyé la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, no solo por el sentido de justicia que incorpora el devolver lo despojado a su legítimo dueño, sino porque durante décadas de violencia en el campo, muchos de esos propietarios legítimos eran ganaderos sin distingo de tamaño o condición, lo cual me obliga más allá de lo personal, como quiera que el acompañamiento a las víctimas ganaderas es un compromiso de Fedegán y de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán.

A decir por las noticias de prensa, lo más importante de la participación de Colombia en el Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos, Suiza, fue que el ministro de Hacienda viajó en clase económica. 

Nunca hemos querido hablar con quienes declararon objetivo militar al gremio ganadero desde hace más de medio siglo, y con esa patente de corso han extorsionado, secuestrado y asesinado a miles de ganaderos en todo el país.

El Fondo Nacional del Ganado pasó a manos del Gobierno y de este, a manos de una entidad fiduciaria. Ambas muy respetables, pero nada de barro ni boñiga bajo sus pies -propio de los trabajan este sector-.

Cuando la ley no protege a todos por igual, incluidos los que expresan desacuerdos con el poder, sino que, por el contrario, se construye y manipula a la medida de las necesidades de retaliación del Gobierno, como le sucedió a FEDEGÁN con la expedición del Decreto 2537 de 2015, se configura una afrenta grave contra el Estado de Derecho.

La empresa Friogán es dueña de 5 frigoríficos con participación del Fondo Nacional del Ganado (FNG) administrado por FEDEGÁN hasta el 31 de diciembre de 2015, y también es parte de una política pública promovida por el Ministerio de Agricultura para modernizar el sacrificio, formalizar la cadena cárnica -un negocio de más de 14 billones- y cumplir con estándares internacionales derivados de los TLC, para lo cual el Gobierno expidió el Decreto 1500 de 2007, con plazos hasta 2010, que no resistieron la presión de la informalidad -74 %- y fueron prorrogados.

Es un mensaje construido con el deseo cada 365 días, pero las perspectivas para 2016, infortunadamente, no son optimistas, pues será un año de quiebre, que nos pasará cuenta de cobro por no haber aprovechado los buenos tiempos.

Soy de esos tiempos perdidos de la absoluta ingenuidad infantil, en los que se escribían cartas al Niño Dios o se le mandaban razones con la mamá para que, el 25 en la mañana, pudiéramos buscar bajo la cama la respuesta a nuestras peticiones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), publicaron recientemente “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2015-2016”[1], que resulta de gran interés por la formulación de tareas, o recomendaciones de política si se quiere modular el desarrollo de este este sector, pero fundamentalmente porque es un “al oído” al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctor Aurelio Iragorri Valencia.

A poco tiempo de llegar Juan Camilo Restrepo al Ministerio de Agricultura en 2010, y por razones injustificadas, inició una campaña de desprestigio contra FEDEGÁN, que no dudo en calificar de “rabiosa”, pues convirtió dos décadas de colaboración y resultados exitosos, en una relación de controversia permanente y mensajes equívocos, que logró, inclusive, deteriorar la relación con el Gobierno.