Gobierno desconoce los terrenos baldíos existentes y que podría entregar en la reforma agraria

En momentos en que el tema de tierras está en en el centro de la discusión por lo que será la política de reforma agraria que piensa implementar el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, un trabajo de la Universidad Nacional señala que la falta de control de terrenos baldíos generaría más cultivos ilícitos.

Sin embargo, lo que ha dicho el próximo mandatario es que la tierra que piensan intervenir o expropiar vía impuestos es la productiva y no los baldíos que considera tierra improductiva, a pesar de haber allí cultivos de uso ilícito.

Según dicho trabajo, la identificación de los baldíos dentro del territorio es indispensable para plantear de mejor manera la implementación integral de la reforma agraria, distribuyendo los terrenos baldíos equitativamente, dándoselos a campesinos pobres para que puedan hacerlos productivos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), no tener datos claros de los propietarios de las tierras baldías puede llevar a que haya más cultivos de droga, ya que no hay ningún tipo de control ni conocimiento real de esta problemática. (Lea: Baldíos, un enredo de marca mayor)

Los terrenos baldíos en el país representan 48 millones de hectáreas, es decir el 20 % de los 114 millones de hectáreas del territorio de Colombia. Por otro lado, la producción de cocaína se ha incrementado en los últimos años, a pesar de la reducción de áreas sembradas. En 2020 esa cifra alcanzó las 1.228 toneladas, frente al estimado de 2019, que habría sido de 1.137 toneladas.

Las estadísticas pueden ir en aumento en lugares cuyo título de propiedad u origen se desconoce, que es en la mayoría de los casos, y no se tienen como un terreno productivo ni representativo en la implementación de la reforma agraria. Según la Ley 160 de 1994, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”, los baldíos son el principal insumo de dicha política.

La profesora Diana Isabel Güiza Gómez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, afirma que “Colombia no siguió con la idea de hacer una reforma redistributiva, en donde se tomarán las tierras que no se están utilizando para entregárselas a campesinos que las necesitan, dada su condición de pobreza”.

Añade que, “en cambio, decidió destinar las llamadas tierras públicas, las cuales no tienen un dueño particular, y en donde no se tiene certeza si hay personas aprovechándolas, e incluso viviendo en ellas; nunca se entregaron por parte del Estado a alguien en específico”.

En la actualidad, esto ha provocado que los predios estén bajo la custodia de personas que no los necesitan, situación que va en contravía con el papel central de las medidas que buscan generar mayor equidad e igualdad en la distribución de estos terrenos. (Lea: Productores con tierras improductivas a pagar más impuestos)

Además, explica que el concepto de expropiación es importante, ya que por ley la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puede adjudicar la propiedad de terrenos baldíos a personas de escasos recursos y sin tierra.

Esta medida se puede dar cuando la autoridad agraria evidencia que un particular accedió a tierras baldías de manera irregular, y no cumplía con los requerimientos de la ley, sino que, por el contrario, tiene ventajas económicas y de propiedad frente a quien debería recibirlas.

La experta señala que “uno de los mayores problemas es la falta de títulos claros de propiedad sobre esos terrenos, porque de ahí depende el acceso a infraestructura, a créditos, y a toda la oferta estatal, que permite que los predios sean productivos”.

En su opinión, los principales retos que afronta el Estado para superar la problemática de los baldíos son cuatro: la falta de inventario, no se tiene certeza del lugar ni la extensión de estos terrenos; la acumulación de tierras en los años 70 y 80 que no ha sido resuelta y que obstaculiza la adjudicación; las dificultades burocráticas para dar las tierras; y la entrega de estas a personas que no las necesitan.

Añade que el Catastro Multipropósito, sistema del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que brinda información de la tierra en Colombia –predios formales e informales– es una herramienta fundamental para ayudar en estos procesos, por lo que su accionar será determinante a la hora de establecer datos y aprovechar estos terrenos. (Lea: Ley Zidres no da claridad sobre baldíos y desprotege a campesinos)

Entre tanto, RCN informó que la Corte Constitucional alista una decisión que podría fijar las líneas estructurales para resolver la entrega de tierras baldías a los campesinos víctimas del conflicto armado.

El alto tribunal estudia 13 tutelas acumuladas que plantean tumbar decisiones de jueces que han entregado esas tierras a particulares a través de procesos de permanencia, es decir, a quien demuestre que ha trabajado la tierra y por tiempo de posesión de más de cinco años.

Al parecer esa figura no es permitida para esas tierras, porque según investigaciones de la organización Dejusticia, se podrían “adquirir tierras no aptas ecológicamente para la actividad agropecuaria y también se podría adquirir muchísimo terreno”.