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Gremios piden archivar proyecto de ley de bienestar animal

Por - 01 de Marzo 2023

Por considerar que el proyecto de ley el cual se expide el código nacional de protección y bienestar animal es lesivo para la población colombiana por su inconveniencia política, jurídica y técnica, se pidió al Congreso que se archive.


Por considerar que el proyecto de ley el cual se expide el código nacional de protección y bienestar animal es lesivo para la población colombiana por su inconveniencia política, jurídica y técnica, se pidió al Congreso que se archive.

Según Fedegán. Porkcolombia, Fenavi y Fedeacua, no se necesita un proyecto de ley sobre bienestar animal para las especies productivas, porque ya hay suficiente regulación a nivel nacional basada en las normas internacionales que rigen la materia y en las realidades productivas y culturales de Colombia.

No se debe obligar a las personas a que por vía de ley tomen conductas que solamente reflejan la ideología de quien propone el proyecto (el representante Juan Carlos Losada Vargas), pues las normas deben ser objetivas y estar al servicio de la sociedad y no de una ideología particular”, señalan los gremios.

Así mismo, consideran que no se necesita generar tributos adicionales al sector pecuario y actividades económicas afines, ya que se amenaza su subsistencia y por ende la seguridad alimentaria del país. (Lea: Bienestar animal, no solo una cuestión de buen alojamiento y alimentación)

El proyecto, argumentan los gremios, tiene debilidades técnicas, y emite conceptos que carecen de fundamento científico, con una marcada tendencia hacia la ideología vegana, aplicando juicios de valor a las prácticas productivas de proteína animal.

Se evidencia desconocimiento de la realidad de las cadenas productivas pecuarias entendiendo que en las consultas públicas regionales quienes avalaron esta propuesta no fueron los gremios veterinarios ni productivos sino quienes comparten su misma ideología vegetariana/vegana.

Recuerdan los gremios que en Colombia la mayoría de la población consume alimentos de origen animal, base fundamental en la nutrición, especialmente para la primera infancia, mujeres en estado de gestación y personas de la tercera edad. Esto obedece a una elección libre que no debe ser restringida por el legislador, pues afecta el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política.

Además, el proyecto desconoce las condiciones socioeconómicas del país y las características de un sector de la población rural, donde el único medio para asegurar su nutrición y subsistencia es la cría de animales para autoconsumo.

Igualmente la iniciativa generará un impacto negativo sobre el nivel socio económico de la población, aumentando los niveles de desempleo y pobreza ya que desestimula el consumo de proteínas de origen animal y de alimentos que los contengan, al determinar una contribución parafiscal que tiene como uno de sus hechos generadores el 20 % sobre el precio de cualquier tipo de publicidad que promueva el consumo de animales.

En materia de competitividad tanto en el mercado interno como en el externo se generará un impacto negativo, pues este tipo de gravámenes constituye un factor anticompetitivo, al poner a competir nuestros productos con otros de mercados externos que no cuentan con dichos gravámenes y cuyos precios pueden llegar a ser inferiores a los producidos a nivel nacional. (Lea: Bienestar animal: una cuestión ética pero también económica)

Adicionalmente, el Proyecto de Ley limita la producción de alimentos de origen animal, asunto crítico en circunstancias normales y, aún más crítico ahora debido a la situación económica y social que atraviesa el país. El sector pecuario ha sido uno de los grandes afectados por los bloqueos de vías en el marco del paro nacional.

En el proyecto se asume equivocadamente, que las características de la producción pecuaria intensiva son similares a las condiciones en los demás animales domésticos, lo que se evidencia en algunos artículos que están en contraposición con las actividades pecuarias, zootécnicas y veterinarias, en función de la sostenibilidad y sustentabilidad de los sistemas productivos.

El proyecto pretende privilegiar el sistema de producción ecológica  en detrimento de la producción industrial, por inclinaciones ideológicas del proponente, sin tener en cuenta la amenaza para el desarrollo económico, técnico y sanitario del país; desconoce, además, que la cría ecológica implica cambios en los ámbitos de nutrición, manejo, planes sanitarios, en comparación a la cría intensiva, lo que  no es inclusivo con todos los sistemas de producción. Adicionalmente, no existe sustento científico que determine que la cría ecológica provee  mejores condiciones de bienestar con respecto a los demás sistemas de producción, al tener desventajas como por ejemplo, mayor estrés por predación y mayor afectación de salud al animal. De igual manera la cría ecológica determina un mayor uso del suelo con vocación pecuaria generando mayor impacto negativo a nivel ambiental y limitando la posibilidad de asegurar el abastecimiento y acceso de alimentos para la población.

Respecto al parágrafo del artículo 170, desde la perspectiva jurídica, no deberían generarse jerarquías entre las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, lo anterior, debido a que cada entidad tiene un ámbito de competencia distinto. En efecto, el Ministerio de Ambiente y las CAR tienen competencia sobre los animales silvestres, el Ministerio de Agricultura y el ICA sobre los domésticos de producción, las Alcaldías Municipales sobre los animales de compañía y, el Ministerio de Transporte, sobre el transporte de los animales.

A lo largo del proyecto, se utilizan conceptos técnicos que están impregnados de la ideología emocional del proponente, que pretende imponer por ley su tendencia filosófica, a costa de coartar la libertad de la población, generando situaciones excluyentes y estigmatizantes que amenazan seriamente aspectos de la vida rural como el empleo, la libertad económica, además de la seguridad alimentaria nacional, por lo que resulta a todas luces inconveniente.  

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