Nueva Zelanda pretende cobrar impuesto a productores por emisiones de GEI

El gobierno de Nueva Zelanda pretende gravar a los productores rurales por las emisiones de gases de efecto invernadero de los rebaños, una propuesta controvertida debido a que allí hay más animales que personas.

Según una nota de nationalgeographic.es, Nueva Zelanda tiene siete veces más habitantes en cuatro patas que en dos (5 millones de personas para 26 millones de ovejas y 10 millones de vacas) y los productos lácteos, la carne y la lana representan más de la mitad de los ingresos de exportación del país. 

Sin embargo, la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país proceden de la actividad agropecuaria, sobre todo en forma de metano biológico y óxido nitroso procedente de los eructos del ganado, la orina y el estiércol. 

Por eso, la Primera Ministra Jacinda Ardern, presentó un plan para que los ganaderos neozelandeses paguen nuevos impuestos basados en el cálculo de las emisiones de sus rebaños. El dinero recaudado por el impuesto se devolvería a la industria agrícola para la investigación, la tecnología y el pago de incentivos a los agricultores por sus esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, plantando árboles en sus tierras, por ejemplo.

La semana siguiente a la publicación del plan, un grupo de defensa llamado Groundswell NZ organizó protestas en más de 50 ciudades y pueblos de todo el país. Los agricultores condujeron sus tractores lentamente por las concurridas autopistas y calles de las ciudades, obstaculizando el tráfico. (Lea: Ganaderos en Nueva Zelanda protestan contra un impuesto que los perjudicaría)

En el centro de Auckland, un tractor llevaba un cartel con el mensaje “No muerdas la mano que te da de comer”. Otras pancartas decían “Ya es suficiente” e “Impuesto agrícola = Muerte a la NZ rural”.

Mientras muchos países persiguen sus compromisos climáticos centrándose en el dióxido de carbono y en la limpieza de sus industrias y redes eléctricas, el perfil de Nueva Zelanda es diferente. Sólo aporta alrededor del 0,17 % de las emisiones mundiales. Y ya obtiene el 82 % de su electricidad de fuentes renovables.

En un intento de reducir aún más las emisiones, el Gobierno neozelandés buscó donde más abundan: en las granjas.

Ardern anunció el plan fiscal (el primero de este tipo y que lleva casi tres años de elaboración) en una granja lechera de la Isla Norte del país. “Aquí tenemos una propuesta para que nuestros agricultores sean no sólo los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo”.

Sostuvo que los agricultores kiwis encontrarían una ventaja competitiva con los clientes de todo el mundo, que están dispuestos a pagar una prima por alimentos de origen responsable.

Ardern proyectó que el nuevo sistema permitiría al país cumplir su objetivo de emitir un 10 % menos de metano para 2030, y avanzar hacia una reducción de al menos el 24 % para 2050. También para mediados de siglo, Nueva Zelanda pretende llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de larga duración, como el dióxido de carbono y el óxido nitroso. (Lea: Nueva Zelanda y su producción de carne bovina)

James Shaw, ministro neozelandés de Cambio Climático, acompañó a Ardern en el anuncio y manifestó a National Geographic, que “por lo que sabemos, ningún otro país está estudiando un sistema de precios de las emisiones” para las emisiones agrícolas. “Hay planes en todo el mundo que son sistemas de incentivos, de modo que los Gobiernos pagan a los agricultores para que reduzcan las emisiones de alguna manera. Este sistema tiene un componente de ese tipo, pero es una zanahoria y un palo, no sólo una zanahoria”.

El presidente nacional de los Agricultores Federados, Andrew Hoggard, indicó que le preocupan menos los productores de leche que los de carne de vacuno y de oveja, a los que, según los modelos del Gobierno, afectaría de forma desproporcionada el nuevo sistema fiscal.

Se calcula que una cuarta parte de las explotaciones de vacuno y ovino de Nueva Zelanda son propiedad de maoríes. Como herencia de la colonización británica en Nueva Zelanda, los maoríes se quedaron con tierras que a menudo son marginales o de baja calidad. Su explotación puede ser difícil y los cambios de uso pueden resultar poco prácticos.

Shaw sugirió que algunas de estas tierras marginales podrían ser objeto de importantes inversiones para el secuestro de dióxido de carbono. Hoggard prevé otro resultado: que las tierras se retiren de la agricultura, dejando a sus propietarios en busca de trabajo.

Según el calendario actual, si el Parlamento presenta y aprueba la legislación en 2023, el sistema fiscal debería entrar en vigor en 2025. Pero antes llega 2024, un año electoral en el que los neozelandeses, incluidos los 85 000 empleados de la agricultura, pueden hablar con sus votos.