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Alerta por proyectos de ley que atentan contra la ganadería

Por - 12 de Mayo 2021

Tres proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República afectan al sector ganadero y por eso se deben tomar medidas para evitarlo.


Tres proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República afectan al sector ganadero y por eso se deben tomar medidas para evitarlo.

En un conversatorio que contó con la participación de más de 400 productores y asociaciones ganaderas del país se alertó sobre dichas iniciativas y la necesidad de tomar medidas en forma coordinada.

Se trata del Proyecto de Ley Estatutaria No. 132/20 “Por la cual se crea una especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”, que ya hizo trámite en la Cámara de Representantes y ahora comienza su discusión en el Senado.

El segundo es el Proyecto de Ley No. 283/19 Cámara “Por medio del cual se sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones”.

El tercero es el Proyecto de Ley No. 011/20 Cámara “Por la cual se expide el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal”. (Lea: “Solicitamos no aprobar proyecto de ley sobre protección animal, es populista e irreal”: Lafaurie Rivera)

En cuanto al primero, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, indicó que es un proyecto que tiene su origen en el Acuerdo Final con las Farc y específicamente en la Reforma Rural Integral convirtiéndose en “otro ataque a la propiedad privada de la tierra”.

Además se busca aumentar la burocracia cuyo costo es superior a la JEP sin sentido en las actuales dificultades fiscales. Es así como propone crear en la jurisdicción ordinaria la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia; las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial; los juzgados agrarios y rurales del Circuito. Y en la jurisdicción contencioso administrativa la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos, los Juzgados agrarios y rurales administrativos.

De acuerdo con lo expuesto por el dirigente, “desde el enunciado mismo del objetivo de la Ley, se presenta la distorsión de limitar la especialidad judicial agraria y rural, al marco procesal que rige la resolución de los litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural…, es decir, exclusivamente al tema de la tierra, desconociendo una visión integral u holística de lo rural”.

En otro de los apartes del proyecto de ley se habla de la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra y se refiere al “uso lícito y adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial”, lo cual en concepto de Lafaurie abre la puerta a una expropiación de la propiedad.

A ello se suma que consagra la “Función Ecológica de la Propiedad”, como la limitación a la que se encuentra sujeto el derecho a la propiedad, ligado con el concepto de desarrollo sostenible y se convierte en una amenaza al sector agropecuario y minero porque habría severos problemas para realizar cualquier tipo de actividad. (Lea: El proyecto de ley de protección animal, un verdadero despropósito)

Además, el Gobierno Nacional deberá presentar un proyecto de ley de reforma de la ley estatutaria de la administración de justicia que se ocupe de la solución de las controversias ambientales que se presentan en el territorio nacional, a través de la creación de una especialidad agraria y ambiental en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Igualmente considera Lafaurie que el proyecto tiene un sesgo “del comunitarismo” entendido como la participación excesiva, directa e indebida de las organizaciones sociales en las decisiones de formulación y ejecución de políticas públicas, “una característica relevante del Acuerdo Final, en razón de la influencia de las Farc sobre estas organizaciones”.

Otro aspecto que preocupa del proyecto es que los jueces agrarios van a poder tomar partido a favor del que se considera más vulnerable con lo cual se pierde todo sentido de imparcialidad e incluso puede decidir por fuera y más allá de lo demandado por la parte más vulnerable.

“Se puede concluir, que la concepción del proyecto de ley como un producto resultante del Acuerdo Final con las Farc y sujeto a los lineamientos de esa negociación, se convierte en la reedición de la amenaza, recurrente en la historia del país, al derecho a la propiedad legítima de la tierra, a partir de los sesgos que permean todo el articulado”, señaló el directivo.

En cuanto al segundo proyecto de ley, el de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, señaló que este enfoque trasciende el ámbito de las sanciones de índole administrativa, para convertirlas en conductas sancionables por el derecho penal, es decir, convirtiéndolas en delito. (Lea: Gremios ganaderos rechazan proyecto de ley de protección animal)

Manifestó que a la ganadería se le acusa de ser uno de los principales factores de deforestación, desconociendo la deforestación creciente derivada del narcotráfico, y la “de siempre” por cuenta de una industria maderera en su mayoría informal, conectada con grupos al margen de la ley en las zonas de extracción ilegal, y sin mayores controles a lo largo de su cadena productiva.

También se le acusa de ser uno de los grandes emisores de Gases de Efecto Invernadero y de la presunta utilización ineficiente de los suelos “desconociendo los esfuerzos de modernización ganadera que Fedegán ha emprendido en las dos últimas décadas, con énfasis en la Gestión del Conocimiento y, más recientemente, con un liderazgo claro, a nivel mundial inclusive, en sistemas sostenibles de producción, principalmente a partir de Sistemas Silvopastoriles”.

Respecto al tercer proyecto del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, señaló que crea una nueva parafiscalidad y una burocracia que no se necesitan, al tiempo que cuestiona las actuales prácticas ganaderas.  

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