Porte de armas para uso disuasivo y de defensa, ¿cuál es el fundamento de esta iniciativa?

El Índice Global de Paz muestra cuáles son los países más seguros del mundo y en todos ellos hay flexibilidad de porte de armas, aseguró la senadora María Fernanda Cabal al defender el proyecto de ley presentado al Congreso de la República.

De acuerdo con la senadora, la legítima defensa es un derecho constitucional como es la defensa de la vida y en Colombia siempre existió un decreto que hizo el porte flexible y fácil.

Sin embargo, dijo, eso no significa que cualquiera pueda portar un arma. En Colombia cerca de medio millón de personas tenían un permiso, en un universo de cerca de 50 millones de habitantes que tiene el país. (Lea: Conozca el proyecto de ley sobre uso y porte de armas)

Para lograr ese permiso se debían cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, no tener antecedentes penales, aprobar una prueba psicotécnica rigurosa, demostrar que estaba siendo objeto de amenazas o que su vida o la de su familia estaba en riesgo.

A ello se suma el costo del arma porque cualquier revólver o pistola cuesta como mínimo $5 millones y es un dinero que no todos lo tienen para comprarla.

Esto funcionó bien desde 1993 hasta 2015, cuando el gobierno de ese entonces lo convirtió en un porte especial, que no es otra cosa que una prohibición, explica la Senadora.

Con la propuesta de proyecto de ley no se pretende armar a toda la población porque se requiere como mínimo esos $5 millones, más el cumplimiento de los requisitos y es importante tener en cuenta que el monopolio de las armas lo va a tener el Estado porque va a tener la información de quién es el dueño de cada arma autorizada.

Lo que suceda con cada arma es responsabilidad de la persona dueña de la misma porque para ello se tendrá una trazabilidad, a diferencia de las 3 millones de armas ilegales que nadie controla, afirmó Cabal. (Lea: Desarmar la gente la convierte en blanco más fácil para delincuentes)

El arma debe ser más para un uso disuasivo y una defensa sin que se convierta en una posibilidad de dispararle a cualquier persona. “Siempre que la delincuencia sabe que existe la posibilidad de una persona armada, inmediatamente baja el índice de criminalidad”, señaló la congresista.

Indicó que en los países de mayor criminalidad es donde el porte es prohibido, como es el caso de Venezuela. “Todos los países socialistas desarman la ciudadanía y arman unos colectivos para disfrazarlos de sociedad civil”.

El proyecto fue presentado por Cabal junto al representante a la Cámara Christian Garcés, con el apoyo de varios miembros de la Bancada del Centro Democrático y otros partidos, a petición de la ciudadanía.

La idea es que en adelante el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte legal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual.