Alcaldías en Cundinamarca celebran ayuda de Gobernación para plantas

Las administraciones municipales están a la expectativa tras el anuncio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural departamental de destinar $1.500 millones a 17 frigoríficos municipales para efectuar adecuaciones de acuerdo a la normatividad vigente.   De acuerdo con Érika Sabogal Castro, titular de la cartera agropecuaria de Cundinamarca, estos recursos servirán para dotar con herramientas y equipos de primera calidad a 17 plantas de beneficio animal municipales.   “Pensando siempre en el bienestar de nuestras comunidades y en su desarrollo productivo y económico hemos gestionado esos recursos, siendo uno de los departamentos pioneros que avanzan en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Invima, para la operación de estos establecimientos con todas las garantías de sanidad y salubridad para la población”, señaló.   Se trata de establecimientos ubicados en San Francisco, Supatá, Útica, La Calera, Choachí, Fómeque, Fosca, La Palma, Pacho, Fusagasugá, Granada, San Bernardo, Anolaima, El Colegio, La Mesa y Girardot. (Lea: Cundinamarca destinó $1.500 millones para 17 plantas de beneficio)   Este apoyo ha sido bien recibido por las administraciones locales, que llevan más del 50% del Plan Gradual de Cumplimiento para implementar el Decreto 1500 de 2007, pero han tenido dificultad para llevar a cabo todas las adecuaciones que exige la norma.   Por ejemplo, en La Calera, se propuso la adquisición de un predio para construir un nuevo frigorífico, aunque este proyecto no prosperó y la Alcaldía decidió modificar el actual, como contó Manuel Alejandro Sánchez, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.   “Una vez se estableció el Plan de Racionalización de la Gobernación, la planta de La Calera quedó elegida como una de las futuras plantas regionales. Se empezó a trabajar en la obtención de un predio donde se haría la construcción de la nueva planta, desafortunadamente la consecución no se logró y esto nos complicó porque no cumplimos el Plan Gradual del Invima”, precisó.   El funcionario contó que el año pasado se invirtieron más de $100 millones en una planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, para el matadero, cuyos residuos desembocan en la PTAR del municipio para evitar afectaciones en el río Teusacá.   Añadió que hacen falta inversiones en infraestructura y equipos, que son los que la Gobernación otorgará en la ayuda anunciada en días pasados, aunque todavía no tienen claro en qué consisten. (Informe: Estatus de las plantas en el primer año de vigencia del Decreto 1500)   Un caso especial es la planta de La Mesa, que entró al Plan de Racionalización pero que está cerrada desde septiembre del año pasado por cuenta de una decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.   La alcaldesa del municipio, Mercedes Rodríguez González, sostuvo que si bien han cumplido con todas las exigencias del Invima y el decreto 1500, la CAR cerró la planta tras un proceso por el que comenzó con una denuncia hace más de 20 años.   “Nuestro tema es circunstancial porque la CAR no ha dado el permiso de vertimiento. Mientras que no lo tenga, el Invima no va a permitir que entremos en el Plan de Racionalización. (…) El cierre fue por un expediente que habían abierto a raíz de una queja anónima del año 1999”, dijo.   Ante esta situación, los productores han tenido dificultades para seguir adelante con su negocio, como lo contó la alcaldesa, quien explicó que muchos han tenido que enviar sus reses a Bogotá o al municipio de Mesitas del Colegio para su beneficio.   “El cierre ha sido desastroso porque el sacrificio se está haciendo en otros municipios y eso genera sobrecostos, y obviamente desgaste operativo para los ganaderos y un desbalance económico para su negocio. Lo otro es que nos vuelve vulnerables al sacrificio clandestino”, comentó.   La mandataria expresó su agradecimiento hacia la administración departamental porque les ha brindado atención y apoyo para realizar las adecuaciones a los frigoríficos. (Lea: Planta de La Mesa sería cerrada si no se toman medidas urgentes: Asomegan)   “Hemos sentido que la Secretaría de Agricultura y el gobernador han querido poner una manito de ayuda a este tema, aunque no es definitivo, es una ayuda fundamental para empezar a normalizar las plantas”, concluyó.   De las 17 plantas, 13 cuentan con autorización sanitaria provisional según el listado publicado por el Invima hasta 31 de diciembre del 2017, la mayoría con plazos que van hasta junio o julio de este año. Solamente La Mesa, San Bernardo, Fosca y Granada no aparecen en el registro.   Aun cuando algunas ya tienen el plazo vencido, como La Calera, todavía están funcionando porque hasta el momento no se ha reunido la comisión intersectorial, compuesta por 5 ministerios, que debe evaluar cómo se otorgarán las nuevas prórrogas.