La presunción de buena fe es sustantiva en el mundo de los negocios y en el derecho contractual, principio que compartió públicamente el Consejo Gremial, no sobre un caso en particular, sino como fundamento de la seguridad jurídica.

Los escuderos de Santos, sin embargo, pretenden convertir en acto de dignidad presidencial su silencio frente a las investigaciones por el ingreso de dineros de Odebrecht y Cemex a su campaña reeleccionista, mientras él acumula honores y lanza consignas de moderación, extrañas frente a la intolerancia de su gobierno, que convirtió a medio país en “enemigo de la paz” y persiguió a sus opositores. ¡Sé por qué lo digo!

“…un personaje propio del renacimiento. Ecuménico en sus conocimientos y en sus propósitos, de mirada larga, de conocedor y hacedor de historia. Es por eso que sus conceptos y señalamientos siguen teniendo plena vigencia…”.

Curioso país este, en el que, cuando un funcionario cumple a cabalidad sus funciones y, al hacerlo, pisa callos en las madrigueras del narcotráfico, el bandidaje y la corrupción, los afectados se confabulan para tumbarlo y, sorprendentemente, logran apoyo en matoneadores mediáticos a la caza de cualquier nimiedad para hacer su tarea de desprestigio. El caso del ministro de Defensa es patético.

O mejor, un “burlesque”, ese estilo decimonónico, abundante en equívocos para burlarse de algo; como de los colombianos se han burlado Santos, las Cortes, la JEP, las Farc y la Farc, la izquierda y el centro con nostalgias de izquierda, y por supuesto, Santrich. Veamos los principales actos.

La OEA y la ONU deben volver por sus fueros de garante de los Derechos Humanos con independencia ideológica y política.

El presidente Duque anunció la reanudación de aspersión con glifosato y, sin demora, la presidente de la Corte Constitucional le “recordó” que las condiciones de 2017 continuaban vigentes; y ante el pedido de flexibilizarlas, respondió tajante que estaban escritas en la sentencia, como quien dice, que “lo escrito, escrito está”, para que el Gobierno no se haga ilusiones en la revisión de la sentencia de tutela que las impuso.

La señora Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin pasar por el país ni esperar las respuestas del Gobierno a su cuestionario; es decir, a control remoto, desde Suiza y, seguramente, por información de prensa o –me atrevo a suponer– por el lobby de la izquierda internacional o las denuncias de HRW del señor Vivanco, decidió hacer graves acusaciones al gobierno colombiano, que no dudo en calificar de ultraje injustificado a la dignidad nacional.

El objetivo de la izquierda internacional ha sido tomarse el poder para instaurar regímenes comunistas. A finales de los cincuenta, desde la Cuba castrista, la consigna era lograrlo por las armas en Latinoamérica. De allí nacieron, en los sesenta, las Farc y demás guerrillas que asolaron al continente bajo las consignas y estrategias del “foquismo”, personificado en el Che Guevara, dado de baja en los Andes bolivianos.

Si un gerente insta a sus vendedores a hacer “su mejor esfuerzo” para doblar las ventas, espera que visiten más clientes y revisen estrategias; no que ataquen competidores ni sobornen encargados de compras. Cuando le decimos a un hijo que haga lo necesario para salvar su año, esperamos que sacrifique diversiones y estudie; no que amenace al maestro o haga trampa en los exámenes.